La semana pasada eventos violentos marcaron la agenda de seguridad, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y -sobre todos ellos- Sinaloa, atrajeron la atención de la opinión pública.
El elemento común de estos casos fue la demostración que los delincuentes son más organizados, capaces y efectivos que la autoridad. En todos estos eventos se perdieron múltiples vidas y, en el caso de Sinaloa, se perdió el control de la capital.
Tal fue el impacto de estos eventos que las noticias de homicidios, secuestros, extorsiones y robos con lujo de violencia que sucedieron en la misma semana a lo largo del país, quedaron olvidadas.
En este escenario, parecería imposible no reconocer que estamos ante una crisis de gobernanza sin precedentes. Ante esta crisis sería esperado una profunda e independiente investigación para entender por qué el Estado perdió el control del territorio, por qué hubo la pérdida de vidas, la fuga de reos, quemas y robo de vehículos, entre los muchos otros delitos y violaciones a derechos que se suscitaron a lo largo de la semana.
La investigación debería llevar a deslindar responsabilidades, a explicar por qué no se aplicaron los adecuados protocolos de actuación y qué se debe evitar para que no vuelvan a ocurrir hechos de absoluto descontrol.
Dudo que cualquier investigación que se lleve a cabo cumpla con estos elementos, difícilmente una investigación mostrará la profundidad de los errores, sancionará a los responsables y verá por la reparación del daño de las víctimas.
En la espera que esta investigación ocurra y que de ocurrir llevará mucho tiempo para presentar resultados, el presidente debería mandar un mensaje de cero tolerancias a la impunidad. Si el Estado falló -como es más que evidente- fue por el desconocimiento o la mala aplicación de estrategias por parte de los mandos, antes de sancionar a una tropa mal capacitada, mal equipada y guiada, quienes deberían recibir como sanción la separación del cargo son los mandos, en particular el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Sin embargo, el presidente está tomando otras decisiones, primero respaldó a Durazo -quien, hasta la fecha, no sabemos si mintió en sus declaraciones de la semana pasada con respecto a los hechos de Culiacán o si de plano no tenía conocimiento de lo que su gente estaba haciendo y por ende, muestra que no tiene el control de su secretaria-; luego, en vez de reconocer la crisis que vive el país en materia de seguridad y justicia, insistió en que vamos bien; en vez de reconocer la urgencia de establecer una estrategia efectiva para reducir la ocurrencia de delitos, insiste que su estrategia permanecerá invariada y, en vez de reconocer que su gobierno puso en riesgo decenas miles de vidas por una mala actuación, se autoelogia y critica a sus adversarios políticos.
¿Vamos bien en seguridad, así como lo afirma el presidente López? Según lo que indican los datos oficiales de enero a septiembre de 2019, no. Si los comparamos con el mismo periodo de 2018, podemos observar como la casi totalidad de los delitos crece: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, robo con violencia, extorsión, robo de vehículo, robo a transeúnte, trata de personas y narcomenudeo crecen y mantienen un comportamiento al alza.
En contraste, sólo robo a casa habitación muestra un descenso marcado, mientras que robo a negocio y violaciones disminuyen en apenas un 2%. Por lo que refiere al secuestro, no hay un cambio significativo respecto a 2018.
Por otro lado, la incapacidad de armar un operativo para detener a un delincuente conforme a los protocolos que por años han funcionado, exhibe que vamos retrocediendo en vez que avanzando.
No importa cuánto desde el gobierno insistan en mandar un mensaje de buena actuación y estatura de estadista de nuestro mandatario, no importa cuánto insistan que el fallido operativo se resolvió bien porque se optó por proteger las vidas de muchos, la verdad objetiva es que el pasado jueves 17 en Culiacán no se salvaron vidas, sí se afectó el libre tránsito y la propiedad de muchas personas, se permitió la violación de la ley, y el Estado perdió por horas el control de una de las ciudades más importantes del país.
Lo sucedido en Culiacán -el cuarto evento de la semana que evidenció falta de estrategias, liderazgo y capacidades- fue un evento que puso en verdadero riesgo las vidas de los sinaloenses, que dificulta de hora en adelante la capacidad de gobernar de las autoridades del país y que sienta un terrible precedente en cómo quedan paradas las fuerzas federales y cómo los delincuentes.
Es inaceptable que el presidente y su gabinete hablen de cómo protegieron vidas cuando el Estado fue incapaz de recuperar el control la capital de una entidad. La autoridad no recuperó Culiacán, recordemos que una vez que dejaron impunemente libre a Ovidio Guzmán, el supuesto objetivo de este fallido operativo, los delincuentes decidieron replegarse.
No vamos bien en seguridad, aun cuando el presidente lo afirme una y otra vez, tenemos más delitos, más violencia y menos Estado en este 2019 si comparamos lo que teníamos en 2018, que en su momento fue el peor año en materia de violencia de la historia del país.
No vamos bien en seguridad porque no hay una autoridad gubernamental que rinda cuentas, tenga rumbo y porque tenemos un gobierno que promueve la impunidad.
No vamos bien en seguridad y probablemente en 2020 iremos aún peor.