Pareciera que existe una contradicción entre la pretensión de remover radicalmente trabas y candados a los procedimientos de consulta ciudadana y darles carácter vinculatorio para hacer valer la democracia participativa, si se desea preservar la certidumbre, representatividad y confiabilidad de los resultados de estos ejercicios. ¿Se pueden relajar las reglas establecidas para realizar consultas a la ciudadanía sin perder la representatividad, certidumbre y confiabilidad de sus resultados? Veamos opciones acordes con lo que se está discutiendo en el Legislativo federal.
Relajar las reglas
Una posible forma para facilitar consultas es disminuir los requisitos para su convocatoria. ¿Qué tal si reducimos la proporción de electores requeridos como demandantes de una consulta para darle cause, del dos por ciento hoy demandado a un punto porcentual? Ello haría más sencilla una convocatoria que emergiera de la ciudadanía y no de los poderes constituidos, sin afectar la calidad de los procesos de consulta.
Podría revisarse, ampliarse y definirse con mayor precisión los aspectos que pudieran ser motivo de una popular, disminuyendo los condicionantes que hoy impiden validar una consulta, pero garantizando los derechos humanos, el orden constitucional y los derechos de las minorías. En particular, se podría analizar la pertinencia de consultar ciertos temas de índole electoral.
Fecha para consulta
Hasta ahora se tiene fijada como única fecha para consultas los días de elecciones federales y se establece un umbral de cuarenta por ciento de votantes para que el resultado adquiera carácter vinculatorio. Un aspecto va de la mano del otro: permitir consultas en una fecha distinta, así fueran anualizadas y previamente definidas, derivaría en bajos niveles de participación en las consultas, como demuestran las experiencias en otras naciones. Reducir el requisito de participación a poco más de la tercera parte del electorado no garantiza que se logre que estas consultas obtengan un resultado vinculante si se separan de las elecciones de representantes. La evidencia disponible muestra que sólo treinta por ciento de ciudadanos es proclive a concurrir a consultas aisladas.
No estaría de más pensar la posibilidad de realizar consultas a segmentos delimitados del electorado, que pueda ser el sujeto pertinente de una consulta en una materia definida en un momento dado y al que se pueda acceder por vía no de una votación en casillas, sino por vía electrónica o mediante algún procedimiento no necesariamente universal, pero sí representativo del colectivo relevante para el caso, aunque no tuvieran carácter vinculatorio. Desligar a las autoridades del compromiso de atenerse a sus resultados, aunque tengan verosimilitud y otorguen certidumbre sobre la opinión de los interesados, permitiría que las consultas aporten elementos para la toma de decisiones sin reemplazar la responsabilidad decisoria del gobernante, que para ello fue elegido.