Opinión

2018… un año para reflexionar

Las personas con discapacidad históricamente han sido vistas como objetos de asistencia. | Lídice Rincón Gallardo

  • 17/12/2018
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Este año 2018 es, sin duda, un año para reflexionar; en primer lugar, este año cumplió su décimo aniversario luctuoso Gilberto Rincón Gallardo, pero también se cumplieron 15 años de la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y también éste es el año 12 desde la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; tres acontecimientos con gran trascendencia para la vida de México. En primer lugar incluyo la pérdida de un hombre como Gilberto Rincón Gallardo, porque su lucha, capacidad de negociación, congruencia política y ética se hacen hoy indispensables ante tanta violencia y desigualdad, pero también ante la falta de credibilidad en los políticos y servidores públicos, y por supuesto no digo que no los hay con tal perfil, pero son realmente pocos; los otros dos acontecimientos han sido fundamentales para nuestro país en el avance de la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos.

Cambio

Este año también tenemos la posibilidad de que se logre una transformación en nuestro México tan dolorido, violentado y tan lleno de sangre; Andrés Manuel López Obrador ha llegado a la Presidencia de la República con tal legitimidad que gran parte de la ciudadanía esperamos resultados que nos den esa luz al final del túnel; por lo menos visualizar el inicio de un rumbo distinto, donde comencemos a creer que un estado de cosas diferente es posible; se generaron muchas expectativas y hoy, queremos resultados.

La discriminación ejercida hacia los grupos y colectivos históricamente excluidos o hacia las personas consideradas por la clase privilegiada como ciudadanas y ciudadanos de segunda es grave y en ocasiones hasta múltiple; pero en este momento hay dos temas que particularmente me preocupan: la pobreza y las personas con discapacidad; porque me preocupa que se les mire sólo desde una perspectiva asistencial y no desde la perspectiva de los derechos humanos; es decir, la pobreza es a final de cuentas un asunto que sin duda tiene que ver con la violencia y la discriminación estructurales y las personas con discapacidad históricamente han sido vistas como objetos de asistencia; si juntamos esas dos condiciones se convierte en un binomio cuya discriminación es agravada por la mirada de quienes generan políticas públicas e incluso de la sociedad en general.

Tal como lo aprendí, mis luchas políticas siempre han sido las de los derechos humanos y la no discriminación; por ello, quiero recordar a manera de reflexión un poco de lo que nos mandata la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la cual México forma parte. En primer término, recordemos que en la reforma constitucional de 2011 se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte y ello significa un cambio profundo en el funcionamiento del Estado Mexicano; esto obliga, de hecho, a que todas las autoridades mexicanas respeten, promuevan, defiendan y garanticen los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así, el texto de la Ley establece que según la Constitución y los tratados internacionales se debe favorecer en todo momento la protección más amplia a las personas.

Ahora bien, si revisamos la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad nos daremos cuenta de que, no sólo se han violado los derechos fundamentales de ellas sino que además no se ha respetado y mucho menos aprehendido lo que nos mandata dicha Convención.

Derechos Humanos

Pero no entraré en detalles, sólo mencionaré como objeto de reflexión, los ocho principios que rigen a la propia Convención y sus artículos: la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad y por supuesto el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.

Si revisamos y leemos con detenimiento estos principios, daremos cuenta de que, sin duda hemos avanzado en materia legislativa, pero el camino hacia el diseño y creación de políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad que aún lacera a nuestra sociedad, es muy largo y complejo; largo porque es un tema que difícilmente se ha atendido y complejo porque tiene que ver, además, con un cambio en la cultura pública; para explicarme mejor les hablaré de un caso particular; uno sólo; pero significativo:

Doña Guille, persona adulta mayor y madre de un chico de 28 años con discapacidad; Chuchín como le dice su mamá; parálisis cerebral severa y ambos en situación de pobreza. Para doña Guille es imposible cargar a su hijo, cubrir sus gastos de medicinas, llevarlo a sus terapias, su alimentación es escasa, la condición de su vivienda es paupérrima; a pesar de la adversidad, ella no sólo ama y cuida a Chuchín con esmero y dedicación sino que además busca ayuda y saca fuerzas para resolver que su hijo no se dañe, no se escare, coma, viva con dignidad y despierte cada día para verlo sonreír; por supuesto una ayuda no le cae nada mal y se agradece; que el DIF le dé las terapias, que se le dé un apoyo económico, eso lo necesitan ambos sin duda; sin embargo, no es suficiente; el problema de fondo es que la discriminación histórica, la exclusión, la falta de condiciones para lograr autonomía e independencia son la causa de que hoy doña Guille y Chuchín vivan en condiciones verdaderamente complejas e insostenibles; la mirada asistencial no resuelve; ayuda sin duda alguna; pero no resuelve; casos como el de Chuchín y doña Guille merecen ser vistos desde la mirada de quien merece vivir con dignidad; tener sus derechos humanos garantizados para que sean personas felices; porque la discapacidad no se sufre ni se padece, es una condición con la que se vive y se debe vivir con plenitud y sin discriminación; es la falta de garantía de sus derechos la que causa que Chuchín y su mamá padezcan los rezagos sociales y educativos, sean presas de la mirada que invisibiliza y excluye; que no tengan las mínimas condiciones para una vida plena, en suma para tener una vida digna que, sin duda merecen, tanto como cualquiera.

Inclusión

Por ello, los objetivos de promoción de la inclusión social, el empoderamiento de las personas, la generación de una cultura pública de la valoración positiva de la diferencia y la diversidad, el respeto de la autonomía, el combate de la discriminación y el avance de un modelo de reforma del sistema son importantes, pero lo principal en todo momento debe ser el ejercicio de derechos, la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. En el largo plazo, precisamente, el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad es el ideal regulativo de cualquier medida que implique esta ruta de los derechos de las personas. Por eso es que tiene sentido emplear a la Convención de Naciones Unidas en la materia como el punto de articulación, porque asegurar que las personas con discapacidad sean de hecho reconocidas como personas con igual dignidad ante la ley se convierte en un incentivo para el logro del acceso pleno a derechos y oportunidades.

Por otro lado, a lo largo de la historia –no sólo reciente y no sólo en el caso de México– las personas con discapacidad han experimentado una negación del ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad, por medio de políticas de institucionalización, segregación, esterilización forzada y la interferencia negativa con su capacidad jurídica –de manera particular en el caso de las personas con discapacidad psicosocial. Desde una perspectiva clásica de la ciudadanía, el papel de las personas con discapacidad se vuelve problemático al cuestionar la noción de homogeneidad social con que frecuentemente se diseñan las políticas públicas. No solamente se requiere que el Estado realice una inversión superlativa para la modificación de la accesibilidad a los espacios literales y simbólicos que condicionan el ejercicio de sus derechos, sino que también nos confrontan con la fragilidad humana y con el significado de la igualdad, la productividad, la dependencia y la responsabilidad social que configuran la noción prevaleciente de éxito social.

Personas con discapacidad

Requerimos que ellos y ellas gocen de un nivel adecuado de bienestar material, de acceso a la educación y al empleo digno sin discriminación, del ejercicio de sus derechos políticos, económicos sociales y culturales, y por supuesto, del derecho humano a relacionarse afectivamente con quien ellos decidan de manera libre. La tarea, como se aprecia, es ardua.

Quiero invitarles a una reflexión; analicemos lo que no hemos hecho por falta de conocimiento y sensibilización; para que revisemos aquel capital político y social con que contamos para elevar la calidad de vida de las personas en condiciones de pobreza y discapacidad y el rendimiento de las instituciones gubernamentales que inciden sobre sus derechos; reflexionemos, también, lo que tenemos que hacer para dar realidad al modelo social de la discapacidad derivado de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sigue siendo nuestro más alto estándar normativo en la materia.

Visualicemos y trabajemos en tareas que a primera vista parecen desproporcionadas de cumplir y, también, en proyectos que el sentido común desaconseja realizar por su magnitud, pero que el sentido de indignación por la injusticia nos obliga a no dejar intocados. Miremos a las personas como hermanos y hermanas en existencia y no por su condición ni por sus características y trabajemos por construir un México más justo e igualitario, un México donde quepamos todas y todos; un México habitable. Hagamos un intento por educar nuestra mirada para que ante ella aparezcan las personas con discapacidad como seres valiosos, necesitados del absoluto goce de sus derechos y con quienes tenemos una deuda de justicia que no se puede seguir incrementando.

@Lidice_rg@OpinionLSR | @lasillarota