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2018: un camino empedrado de violencia

Sin seguridad ciudadana no hay proyecto de desarrollo económico y construcción social que sea viable.

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Escrito en OPINIÓN el

Rumbo al 2018 el panorama no es nada halagüeño. Sigue la violencia desatada en el país, el gobierno federal es acusado de practicar  un sistemático espionaje a sus críticos, la regresión política autoritaria está en marcha, alimentada por el cinismo oficial y el sometimiento de los órganos electorales al poder priísta. De los tiempos del IFE que inauguró la alternancia en nuestro país en el año 2000 no queda nada. El nuevo INE es el viejo aparato electoral (más oneroso y más pesado) que legitima los designios de Los Pinos.

Hoy más que nunca la manera como se arriba al poder es lo que define la futura actuación de los gobiernos. Gobierno que surge del fraude electoral y del apoyo mafioso de criminales se dedica a corresponder a los delincuentes o a sus patrocinadores. El clientelismo de hoy son las cadenas de mañana y la corrupción que se expande.

Quien paga por el voto, le cobra intereses leoninos al ciudadano con corrupción e inseguridad. Eso es lo que ha pasado y seguirá pasando, mientras la ciudadanía no despierte e impulse un cambio verdadero y vote con libertad, ajena a presiones o al dispendio.

Nuestro país vive una escalada de violencia a la que no podemos acostumbrarnos, a menos que queramos entregar nuestro futuro y ser esclavos de los criminales en nuestra propia casa. No sólo es el incremento de los homicidios dolosos, de las extorsiones, de los secuestros, de los robos y asaltos, de los desaparecidos, es la insultante incapacidad del gobierno federal y de muchos gobiernos locales (estatales y municipales) para imponer la ley y pacificar al país.

Después de haber sido pillado en actos de espionaje, el gobierno, en voz del Presidente Peña Nieto, trata infructuosamente de trivializar el tema, en tanto surge el reclamo de una investigación independiente que bien pudiera incluir la revisión internacional.

Nadie confía en que la PGR se investigará a sí misma, de manera imparcial. Será algo así como la investigación de la Casa Blanca presidencial que hizo la Secretaria de la Función Pública. Una investigación a modo y para salir al paso. Deben intervenir organismos internacionales para darle credibilidad a las pesquisas. México no es un lugar aislado del mundo, los excesos del aparato gubernamental no pueden cobijarse en la impunidad del sistema nacional.

La impunidad alimenta a la violencia criminal. La certeza de los delincuentes de que pueden matar, robar, extorsionar y secuestrar sin que se les afecte absolutamente en nada o se les castigue, es un estímulo perverso para seguir delinquiendo.

Mientras tanto, no se depuran las policías locales, la certificación está estancada y la profesionalización de las policías estatales y municipales, salvo casos excepcionales y notables, permanece sepultada, precisamente porque las mafias e intereses políticos bloquean estás acciones. Ni mando único, ni mando mixto, lo que prevalece es la infiltración criminal en los cuerpos policíacos, sin que hasta ahora el Sistema Nacional de Seguridad Pública haya podido imponer la ley que lo regula.

El estatus jurídico de la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública permanece indefinido, entre la preocupación de defensores de derechos humanos de que se le otorguen poderes excesivos y la falta de certeza legal a su actuación, lo que tampoco ayuda al Estado de Derecho y al reclamo ciudadano de protección.

Prevalece la falta de inteligencia para frenar la escalada criminal, y el aparato oficial que debiera servir para detener a delincuentes, se utiliza, como ya lo señalamos, para el espionaje. Falla la seguridad ciudadana y el Estado incumple su principal obligación que es la garantizar el cuidado de la población.

Salvo contadísimas excepciones no se advierte liderazgo en los gobiernos locales para agarrar el toro por los cuernos, depurar sus policías y colocar en el centro de la agenda pública el tema de la seguridad.

Sin seguridad ciudadana no hay proyecto de desarrollo económico y construcción social que sea viable, pero prefiere la mayoría de las autoridades locales eludir su responsabilidad, lavarse las manos, en parte por temor a enfrentar ese cáncer, pero también por complicidades con la delincuencia.

En ese contexto el camino hacia el 2018 luce agreste y empedrado, de muy difícil tránsito, la violencia de no reducirse sensiblemente impactará en el desarrollo del proceso electoral, los grupos delincuenciales buscarán incidir para mantener esta espiral de violencia con la que medran con el dolor ajeno. Qué gran nivel de irresponsabilidad de las últimas administraciones federales haber permitido que las cosas llegarán a esos extremos. Urge poner atención y emprender acciones concretas que paren esta barbarie, que tanto daño le ha ocasionado al país. @RicardoMeb