La Ciudad de México enfrentó el 19 de septiembre un fenómeno natural que afectó la vida y la tranquilidad de miles de personas. Ante la tragedia, los funcionarios de alto nivel de la ciudad, incluyendo al Jefe de Gobierno, se atrincheraron alrededor de una mesa en el C4 a mirar en las pantallas cómo se desempeñaban las fuerzas de ayuda. Se limitaron a “girar instrucciones” sin hacer presencia física inmediata en los lugares afectados. Dicen que Mancera asignó a cada Secretario un sitio crítico, sin embargo nunca se hizo pública la lista de responsables de nada y, en muchas zonas impactadas, simplemente no se aparecieron las autoridades.
Al saberse huérfana, la sociedad capitalina sacó la casta. Los ciudadanos se auto organizaron para la distribución de voluntarios, alimentos, medicinas, picos y palas. Pero esa organización cívica tiene límites. Los gobiernos son responsables de atender los asuntos colectivos con presupuestos, políticas públicas y decisiones de emergencia. Lo mínimo que se requería del gobierno nunca apareció: transparencia en la información, la lista de Directores Responsables de Obra (DRO), la relación oportuna de desaparecidos y rescatados, indicaciones claras y una organización mínima para canalizar toda la voluntad y los apoyos. No hubo liderazgos visibles, ni invisibles. La clase política tan falta de credibilidad y legitimidad prefirió no arriesgarse. La figura terminó siendo una perrita heroica que vino a llenar el vacío de liderazgo.
Después de dos semanas en las que las autoridades capitalinas se limitaron a informar la numeralia de decesos, heridos, edificios dañados y derrumbados, el Jefe de Gobierno llegó a la conclusión de que lo que se requiere de manera urgente es: ¡una ley! El gobierno capitalino envió el 4 de octubre a la Asamblea Legislativa una iniciativa de “Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una ciudad cada vez más resiliente”. Es en serio. Ese es el título desmesurado de una propuesta hecha sobre las rodillas, que lo único que garantiza es asegurar a los desarrolladores inmobiliarios la prevalencia de un estado de excepción que les permitirá por tiempo indefinido obtener hasta un 35% adicional de potencial constructivo, incrementar la densidad urbana en las zonas de riesgo, reconocer como derechos adquiridos aquellos niveles edificados o número de viviendas superiores a los permitidos, obtener financiamiento público del gobierno de la ciudad y exentar todos los estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad. La aspiración de recuperar y transformar la ciudad y hacerla más resiliente, se les agotó en el título.
Lamentablemente la Ley de Reconstrucción no está pensada para los damnificados, pues olvida a todos aquellos que han sido afectados en sus empleos, en sus negocios, en sus casas, en sus colonias, en sus escuelas o en los pueblos alejados del centro urbano. Es una ley para los condóminos, vistos como clientes o como sujetos de crédito y está diseñada para otorgar a las constructoras todas las facilidades y desregular sus proyectos de vivienda vertical en aspectos muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Estas concesiones no son menores y pueden ocasionar una mayor especulación inmobiliaria a la ya derivada de la corrupción y la irresponsabilidad de las autoridades locales.
Después del sismo, el modelo de desarrollo urbano de la urbe quedó en entredicho, no solamente porque desnudó la corrupción de las autoridades que ofrecen avales y permisos de construcción sin ton ni son, sino también porque puso de manifiesto que información clave como el Atlas de Riesgo y los estudios de geofísica de la UNAM, no está siendo considerada en la planeación territorial de la ciudad.
La creación de una Comisión de Reconstrucción con los mismos apellidos desmesurados, pero integrada por personas sin experiencia en temas de desarrollo y sustentabilidad urbana, sin la voz de los damnificados y sin un objetivo y contenido claro, engrosa el aparato institucional sin ofrecerle una solución coherente a los habitantes que todavía no tienen ninguna certidumbre sobre qué sigue para la Ciudad de México.
Una propuesta seria de recuperación y transformación de la ciudad como consecuencia de los sismos, tendría que pasar por no garantizar la reconstrucción inmediata de edificaciones en los mismos predios afectados; aprovechar esta oportunidad para incrementar los escasos espacios públicos y áreas verdes que tanto necesitan las comunidades impactadas y que son indispensables para la resiliencia urbana; tendría que involucrar en la toma de decisiones a los pobladores afectados para determinar de qué manera recuperar sus bienes y su tranquilidad; por supuesto tendría que incluir la indagatoria hasta las últimas consecuencias de las responsabilidades en las que incurrieron aquellos que no cumplieron con sus deberes de manera honesta y eficiente contribuyendo a arriesgar a la población y hasta a la pérdida de vidas y bienes materiales. Viéndolo así, estos propósitos de mayor calado difícilmente podrían conseguirse a partir de la aprobación de una ley, por más largo que sea su nombre. Lo que necesita la ciudad no es una ley más y menos una hecha de espalda a los ciudadanos. El marco legal vigente es suficiente para enfrentar las necesidades inmediatas derivadas del sismo. La Asamblea Legislativa debería desechar la ley. Ojalá cada diputado no le añada un artículo y quede un galimatías como la Constitución de la Ciudad de México.
La ciudad necesita un Plan de Futuro. Necesitamos reconocer que el modelo de desarrollo urbano vigente no ha considerado factores indispensables como los riesgos sísmicos e hídricos, el equilibrio ecológico, la movilidad, la habitabilidad y el espacio público, en el otorgamiento de los usos del suelo y de permisos de construcción. El entramado institucional y legal no está respondiendo a la necesidad de construir una ciudad segura, incluyente, resiliente y sustentable. La ciudad necesita repensar con responsabilidad y visión su modelo y sus reglas, y para eso se requiere tiempo y autoridades comprometidas más allá del proceso electoral 2018. Es un buen momento para proyectar una nueva Ciudad de México desde la sociedad civil, ofreciendo los beneficios del potencial constructivo en favor de la seguridad y el bienestar colectivo.