El Código Penal Federal establece que comete el delito de robo aquel que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. No todo robo califica como un hecho violento, por ello el propio Código indica que para tipificar un robo con violencia debe existir fuerza material, la cual debe emplearse sobre la persona afectada, y hacer uso de esta fuerza aumentaría la pena hacia el infractor. En México en 21 de las 32 entidades se presentaron incrementos en este delito en el año 2017.

El robo con violencia tiene un alto impacto social debido a que se presentan los dos elementos señalados: sustraer o apoderarse de una cosa ajena y emplear fuerza física para obtenerlo y, como tal, puede presentarse en una gama de escenarios, esto son, robos a transeúntes, a casa habitación, negocio, vehículos, transporte de mercancías, por nombrar algunos; sin omitir el robo de celulares y el que sufren los pasajeros en transportes públicos.

Como se ha visto, en términos generales, el delito de robo con violencia creció en el 66 por ciento de los estados del país. La Ciudad de México no fue la excepción porque en 2016 tuvo un promedio diario de 59, mientras que en 2017 esta cifra aumentó a 74 robos con violencia: 15 robos diarios más que los cometidos en 2016.

El robo con violencia lastima la percepción de seguridad en una sociedad porque la vícitma sufre la pérdida de algún bien material y al mismo tiempo sufre por el acto de violencia con que se perpetra el robo. Las personas y familias que llegan a sufrir un robo en la vía pública son víctimas del delito, y enfrentan sentimientos de miedo, angustia, enojo e impotencia, además de algún daño físico que puede ser leve o grave.

El robo a transeúnte resulta lesivo porque fractura la cotidianidad de las personas; además de que la pérdida de un patrimonio también provoca temor sobre el propio espacio público, lo cual tiene consecuencias porque las personas en las ciudades deben transportarse de un punto a otro para desarrollar sus actividades. Las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, especialmente, se ven vulnerados de manera significativa porque quienes cometen estos delitos aprovechan su ventaja física para lastimar y quitar bienes.

En la capital del país se desarrollan acciones en seguridad pública para contrarrestar este delito y, en evidencia, la percepción de inseguridad que genera en la población. Por ejemplo, de enero a agosto de este año 2017 se detuvieron en flagrancia a 3 mil 331 personas, 828 fueron consignadas y vinculadas a proceso ante los jueces y el Poder Judicial emitió mil 421 sentencias condenatorias, con diversos procesos en marcha por este delito; también se desarrollan programas de prevención, han de mencionarse los operativos para detectar armas de fuego y armas blancas en eventos masivos, así como la puesta en práctica de programas de desarme voluntario. Una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México radica en proponer una reforma para considerar este delito, el de robo con violencia, como grave, al emplear armas de fuego.

El gobierno de la Ciudad de México propuso al seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y de la Conferencia Nacional de Procuradores que los delitos con el uso de armas de fuego estén dentro del catálogo de delitos graves. La razones para esta propuesta son diversas, en primer término porque el delito se incrementó de forma sostenida en dos tercios de las entidades del país; segundo porque la frecuencia del uso de armas de fuego es mayor y lo que en principio pudo ser un robo se convierte en determinadas circunstancias en homicidio; tercero porque el daño psicológico a las víctimas es mayor al utilizar las armas; cuarto, porque el menor costo penal del uso de las armas es un incentivo para portarlas en la comisión de este y de otros delitos; quinto porque quien porta un arma para robar, a la vez, pone en peligro inminente la vida de las víctimas; y sexto, porque para cualquier ciudadano constituye una expresión de impunidad ver salir en libertad a quien le quitó su patrimonio, le generó lesiones y puso en riesgo su vida.    

Así las cosas, mientras hay más acciones para combatir el robo, al mismo tiempo hay más robos con violencia con el uso de armas de fuego. Si bien la Ley Federal para el uso de Armas de Fuego y Explosivos prevé sanciones, estas no son graves, y con ello se facilita la compra y adquisición de armas que proliferan en nuestro país. De acuerdo con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cinco años se incrementó el número de armas de fuego adquiridas por los hogares mexicanos pasando de 145 mil 939 en 2011 a 232 mil 746 en 2016, lo mismo pasa en la capital del país.

Habría de regularse la compra y venta de armas, fortalecer los programas de despistolización, y endurecer las penas de robo con el uso de armas y la propia portación de armas, para confrontar la incidencia de este y otros delitos. El robo con violencia a transeúnte creció porque existen incentivos entre los grupos que se dedican a este delito, un incentivo es que difícilmente algún juez otorgará la prisión preventiva justificada, a que no pueden ser obligados a identificarse ante el Ministerio Público dificultándose la integración de antecedentes penales, a que se reservan su derecho a declarar, y a que utilizan las ventajas del sistema de justicia acusatorio para reconocer su delito, reparar el daño y salir libres, con una alta probabilidad de reincidencia.  

La cuestión lejos está y nadie ha dicho en la Ciudad de México que el sistema penal acusatorio deba ser sustituido por otro, al contrario, se trata de perfeccionarlo en función de la detección de ventanas de oportunidad para generar una mejor justicia para la ciudadanía, si un problema en la comisión de delitos es la centralidad que tienen las armas, entonces cualquier política  criminal habría de actuar para regular con mejores normas su posesión y su portación, y si sabemos que las armas están en el centro de la ventaja, lesiones, daños psicológicos y reincidencia criminal, es preciso tener una legislación más eficaz cuando se cometen robos con violencia, y más aún cuando una persona o varias personas son detenidas con un arsenal de armas. Las armas se hicieron para disuadir, controlar, amagar, defender, ofender y causar daño, pero siempre bajo la evidencia de que sirven para matar.

Dr. Jorge A. Lumbreras Castro | Académico de la FCPyS - UNAM

jorgelumbrerascastro@gmail.com



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