En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.
Si comparamos 2015 contra 2016, se puede identificar un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 6% en robo a negocio, 5% en secuestro, 4% en violaciones, 3% en robo con violencia, 1% en robo de vehículo y 1% en extorsión. En sentido opuesto se observa que sólo las tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio culposo, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 5, 7 y 6 por ciento, respectivamente.
Tomemos por ejemplo el último mes del año, diciembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de incidencia delictiva, aumentando 6 de los 10 delitos de alto impacto respecto al mes anterior, 5 de estos registran los mayores índices de todo 2015 y 2016; en una visión más amplia, se posiciona como el sexto mes con más homicidios dolosos y culposos, y como el primero en robo a negocio en la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012).
Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados oficialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre, en segundo agosto, en tercero julio, en el cuarto lugar encontramos octubre y en el quinto noviembre, todos estos de 2016.
Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.
Con los datos de diciembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de noviembre a diciembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.65% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no sólo permite poner en entredicho los discursos halagüeños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que ésta iniciase.
Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.
La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.
A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotráfico”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.
Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.