Por las calles del Distrito Federal circulan patrullas de la policía preventiva, de tránsito, de la policía auxiliar, de la bancaria y de la policía judicial con la foto de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en los cristales de sus puertas.
En las redes sociales, en los noticiarios, en las páginas especializadas en temas policiacos abundan las notas y referencias al capo de Sinaloa.
Van desde las que insisten en reconstruir paso a paso la fuga del jefe del cartel sinaloense, hasta las que advierten sobre una especie de resurgimiento de dicha organización criminal a partir de una dinámica de reposicionamiento y venganzas por la traición que lo tuvo en prisión menos de un año y que habría permitido al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacerse de espacios durante la ausencia.
Pero más allá de la reconstrucción de una fuga, de la demanda de renuncias en un golpeado e ineficaz gabinete de seguridad y del impacto negativo que el escape ha tenido a nivel internacional, la pregunta fundamental es: ¿En dónde estamos parados en cuanto a inteligencia, instituciones, estrategia y objetivos tras la sacudida de una evasión que exhibió de manera amplia, total, apabullante, las fracturas de un sistema devastado ante todo por el fenómeno de una corrupción sin límites?
En las primeras horas de la fuga y tras la confirmación paulatina de lo que había sucedido y cómo había sucedido, la presión del gobierno norteamericano y de sus principales agencias de seguridad inmiscuidas en temas de crimen organizado narcotráfico y terrorismo hicieron su parte atacando, criticado y filtrando a la prensa local y ciertos medios mexicanos, datos e historias de éxito que durante meses, años, se atribuyeron la Marina, el Ejército y la Policía Federal.
Estas victorias contra el narco y sus figuras centrales fueron cantadas de todas las formas posibles y difundidas a propios y extraños como parte del sólido paso de la estrategia anticrimen del gobierno federal. La fuga de El Chapo le dio a la prensa norteamericana, a funcionarios radicales y a personajes como el empresario Donald Trump, el motivo ideal para lanzarle en la cara a los mexicanos con todas sus letras, el adjetivo de adjetivos: corruptos, mentirosos.
Las filtraciones, los señalamientos sobre la verdadera forma en que El Chapo fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, (por agentes de la DEA y el FBI y no por un grupo especial de la Marina), no merecieron aclaración o reclamo alguno por parte del alto mando naval, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y mucho menos por parte del gobierno mexicano.
El tema se fue arreglando en lo oscurito, a través de los desgastados canales diplomáticos. Hoy, la mitad de las 16 agencias de seguridad que ocupan desde agosto de 2010 el edificio de Reforma 265 (el denominado Centro de Fusión México), se mueven, presionan e imponen condiciones para operar, definir y llevar la batuta en las acciones para recapturar a Guzmán Loera.
Dos declaraciones y filtraciones surgidas en los Estados Unidos ubican a El Chapo de nuevo en Sinaloa, oculto en lo que se espera sea una complicada red encubrimiento, protección e información que sólo puede ser abatida mediante un amplio y delicado despliegue tecnológico que México no tiene. Lo más cercano y avanzado para operaciones de inteligencia en el terreno es el sistema PR-100, en el que la Armada de México gastó más de 500 millones de pesos.
El sistema está integrado por una red de aparatos portátiles que buscan, localizan, interceptan y decodifican señales de radiocomunicación de todo tipo, aunque hayan dejado de ser emitidas.
La torpeza y el desgaste del aparato de inteligencia mexicano en todos sus niveles y la miopía del Ejecutivo, dieron los argumentos necesarios a la Casa Blanca, al Pentágono, para forzar a Enrique Peña Nieto a aceptar que un bloque de búsqueda de corte internacional parecido al que se creó para capturar a Pablo Escobar en Colombia, opere en territorio mexicano en busca de El Chapo.
Especialistas de México, de Colombia, de Guatemala y de los Estados Unidos cazan, materialmente, al capo sinaloense en tierra, en las costas y desde el aire, con satélites y drones que revisan movimientos y presencias en la frontera sur y en zonas serranas de Sinaloa.
Mientras esto ocurre, Marina, Sedena y la Policía Federal intentan llevar adelante una purga en sus áreas sensibles mediante evaluaciones sorpresa, para detectar posibles irregularidades o fugas de información en el personal que desempeña tareas de inteligencia.
Mientras eso ocurre, Marina y Sedena urgen a la Federación a liberar recursos para la compra de equipo de inteligencia complementario y para concluir programas de rearme y seguridad atrasados en su aplicación.
Mientras esto ocurre, los altos mandos en Marina y Sedena pugnan por desplazar a civiles y mandos de la Policía Federal a quienes ubican como responsables o involucrados en las irregularidades que posibilitaron el escape de Joaquín Guzmán Loera.
Mientras esto ocurre, la refundación de la estructura de inteligencia civil y militar en México espera tiempos mejores, que no estén condicionados o definidos por eventos emergentes.
Mientras esto ocurre, los ojos y oídos de una parte de la inteligencia norteamericana se mueven en la zona serrana de Sinaloa, contando los días.