Hablar de 2014 es recorrer 12 meses en donde vivimos desde la discusión de las reformas energéticas secundarias, que posicionaron en el extranjero –pagos de por medio- a Enrique Peña Nieto como un supuesto presidente transformador y reformista; hasta hechos terribles y dolorosos que ubicaron en el mundo entero al presidente y al país entero como un paraíso para la corrupción y un lugar en donde violar derechos humanos no sólo no tiene consecuencias, sino que se protege a los gobernantes que así lo hacen.
Los hechos de 2014
Lo sucedido en Iguala y Cocula, respecto a la desaparición de ahora 42 estudiantes, y el asesinato de 7 personas, incluidos 4 estudiantes más, pone en evidencia la falta de capacidad del Estado, que por negligencia jamás ha querido asumir la responsabilidad de aceptar la competencia de Comités internacionales especializados en la materia, ni ha querido generar leyes eficientes al respecto.
En México no existen protocolos de búsqueda adecuados a estándares internacionales, ni existe el delito tipificado en la mayoría de las entidades de desaparición forzada. A nivel federal, la pena por homicidio o secuestro es mucho más alta que la que corresponde a una desaparición forzada y este es claramente uno de los pendientes legislativos que se deben abordar de manera inmediata si aspiramos a contribuir a una verdadera reparación para las víctimas y a garantizar el derecho a la verdad.
Las 14 medidas anunciadas por el Gobierno Federal para “evitar” que estos actos vuelvan a cometerse no son más que un engaño. Se anuncian como órdenes lo que son compromisos establecidos por leyes previamente aprobadas, y la generación de un número único de seguridad poco servirá para que la ciudadanía denuncie, cuando los encargados de la investigación a menudo participan en la comisión de los delitos. No, no todo es culpa de los municipios, no todas las policías municipales son corruptas, y crear 32 corporaciones estatales de mando único es responsabilizar a los municipios, a través de la centralización, de irresponsabilidades gubernamentales de los estados y del Ejecutivo.
Tlatlaya y Chalchihuapan
Estos dos graves hechos, en los que se ejecutaran de manera extrajudicial a 22 personas, y se terminara con la vida de un menor de edad, ponen en evidencia la impunidad que existe en los gobiernos respaldados por Peña Nieto, en los que los gobernadores pueden violar derechos humanos –incluido el derecho a la vida-, encubrir los hechos, dar versiones a modo, emplear a los medios para mentir, y no pasa absolutamente nada.
Ambos hechos también evidenciaron al anterior titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien en momentos iniciales respaldara las versiones oficiales, relegando su obligación de apoyar a las víctimas a un segundo plano.
En el caso de Tlatlaya, Eruviel Ávila felicitó en un primer momento al Ejército por su “heroica” actuación, al enfrentarse a un grupo de delincuentes, abatiéndolos. No fue sino hasta que la prensa extranjera publicara las declaraciones de una sobreviviente, que se confirmaron las sospechas iniciales: las 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, y no en un enfrentamiento.
Lo sucedido en Chalchihuapan evidencia que una ley (la Ley Bala) violatoria de derechos humanos y que fuera denunciada por organizaciones no gubernamentales (ONG) sí puede tener las consecuencias mortales que se afirman. La CNDH, después de la presión ejercida por estas mismas organizaciones y la sociedad civil, tuvo que admitir que a José Luis Tehuatlie Tamayo lo mató un proyectil policiaco, refutando así las versiones emitidas por el propio gobernador, Rafael Moreno Valle.
Hasta el día de hoy, ninguno de los gobernadores ha sido sometido a ningún tipo de proceso por falsedad de declaraciones. Tanto Eruviel Ávila como Moreno Valle gozan de impunidad y protección presidencial.
La “Casa Blanca”
Los reportajes sobre dos casas de la primera dama, Angélica Rivera, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que fueron vendidas por empresas de uno de los máximos contratistas del gobierno federal, Juan Armando Hinojosa, pusieron en evidencia los conflictos de interés y la corrupción imperante en el gobierno federal, en la misma casa del Presidente.
Aunque la familia presidencial ha insistido en que la transacción fue legal, y han confirmado que la empresa Televisa ha tenido parte en ello, hasta ahora no han existido evidencias claras que confirmen los hechos, ni se ha hecho pública la información que corrobore lo dicho por Angélica Rivera en el video en el que regañó a las mexicanas y mexicanos por cuestionarla.
Tan sólo un mes después, el 11 de diciembre, el diario The Wall Street Journal publicó que Luis Videgaray compró en octubre de 2012 una casa a otra empresa propiedad de Hinojosa. Este caso simplemente fue atendido con la negativa del secretario de haber incurrido en cualquier clase de faltas o delitos.
Detenciones arbitrarias
Los casos de la Casa Blanca, pero en particular, la desaparición de 43 estudiantes normalistas, desataron la realización de diversas marchas masivas en México y en otros. En la Ciudad de México, capital del país, estas manifestaciones conllevaron la detención arbitraria de múltiples personas, algunas habían participado en las movilizaciones y otras no, ninguna de ellas fue detenida en flagrancia y sí se pudo acreditar su inocencia, ante la falta de evidencias de los acusadores, en su mayoría policías que incluso contradecían sus propias declaraciones.
Fue también el año en el que para detener a una persona que participa en una marcha, se le imputaban cargos como asociación delictuosa, motín o incluso intento de homicidio.
Todas han sido detenciones arbitrarias.
Ante estos hechos, lejos han quedado los anuncios espectaculares del seudoreformista Peña Nieto que “salva a México”, así como los anuncios de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, y cuyo cártel sigue operando tan bien como siempre.
El año 2015 depara un destino incierto e inestable para el país. La crisis económica sigue siendo un tema de alerta entre los sectores especializados, que ante la falta de cumplimiento de las expectativas del 2014 temen lo peor para este año. Si a esto sumamos que el gobierno federal no ha podido resolver las crisis anteriormente mencionadas, y que incluso el anuncio que habían hecho de detener los gasolinazos en 2015 fue traicionado por ellos mismos, el panorama no es en lo absoluto alentador.
Es también un año electoral, el primero que enfrentará el recientemente creado Instituto Nacional Electoral, producto de la reforma político-electoral. Este organismo no solo tendrá que operar con nuevas reglas que probarán por primera vez, también deberán hacerlo en un país convulsionado y polarizado.
México sigue debiendo a los derechos humanos, a pesar de los hechos recientes el Estado Mexicano aún no ha aceptado la competencia del Comité Internacional de Desapariciones Forzadas, ni se ha emitido ninguna ley sobre desaparición forzada, en esta materia el Ejecutivo federal no tiene interés en enviar iniciativas de ley y anunciarlas con bombo y no se ha eliminado el arraigo, no se han aprobado las leyes reglamentarias que ordena la reforma constitucional de 2011 en materia de asilo y refugio; suspensión y restricción de derechos y garantías; expulsión de personas extranjeras; ni se ha logrado la eliminación de la tortura en los procesos de investigación de delitos.
2015, un año difícil que ya estamos enfrentando y la única lección, tal vez la más valiosa, es que la unidad social y la exhibición pública de las violaciones a derechos y la corrupción son la más poderosa arma con la que podemos contar, en un país en el que las instituciones aún no logran liberarse del poder opresor de quienes desde el gobierno federal hacen de nuestro país y nuestros recursos un cheque en blanco. Tenemos la convicción que en el 2015 empezará la transformación obligada de nuestra nación por la vía pacífica frente al fracaso del gobierno de Peña Nieto y sus cómplices.