Opinión

2 años y Derechos Humanos

La anomalía de la militarización de la seguridad inició en 1996. | Edgar Cortez

  • 04/12/2020
  • Escuchar

Los Derechos Humanos (DH) son un asunto de poca relevancia para el gobierno del presidente López Obrador.

En el informe presentado al cumplirse dos años de gobierno, el termino DH se menciona en cuatro ocasiones (https://bit.ly/3qj4tz7). En dos se dice que no se violan derechos humanos, en una tercera se señala que en el combate a las organizaciones delictivas no se viola DH y en la cuarta que se ha permitido la entrada de organismos internacionales para vigilar su cumplimiento.

Respecto de las primeras dos menciones están los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de DH de la CNDH: se han presentado 237 quejas en contra de la SEDENA y 209 en contra de la Guardia Nacional (GN), sólo entre enero y septiembre de este año.

El presidente, a nivel personal, no tiene un talante represivo, pero no se puede decir lo mismo de las instituciones militares ahora convertidas en instituciones de seguridad.

Respecto de la tercera mención se tiene que decir que no violar los derechos humanos de personas acusadas es simplemente cumplir la ley; mientras que la cuarta referencia tiene que ver con una práctica que sucede desde el año dos mil.

Uno de los temas de preocupación de las organizaciones de DH ha sido la seguridad pues incide seriamente en los derechos de las personas. Al respecto el presidente presentó como resultados la creación de la GN, el gran apoyo que ha tenido de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y la disminución de algunos delitos.

Los primeros dos puntos tocan el problema de la militarización de la seguridad pública, que se manifiesta en la GN como una institución que, de principio a fin, está formada y controlada por el Ejército; pero el asunto se agrava, pues la medida que debe ser temporal y concluir en 2024, se puede eternizar porque el gobierno no adelanta nada respecto al desarrollo de policías civiles en todo el país.

La anomalía de la militarización de la seguridad inició en 1996, pero ahora se lleva a límites que no habíamos visto.

En lo que toca a la disminución de algunos delitos, no se cuenta con evidencia que sea resultado de la acción del gobierno y más bien puede ser consecuencia de las medidas derivadas de la pandemia. Mientras que homicidios, feminicidio y extorsión siguen sin control.

Preocupa que a la fecha no se conocen estrategias concretas y puntuales para detener estos delitos.

En el mensaje se insiste en que no hay impunidad para nadie, pero la impunidad en general sigue rondando el 98 por ciento. Tampoco se conocen medidas precisas para revertirla. Lo que se ha hecho hasta ahora es incrementar el número de delitos con prisión preventiva obligatoria, medida que sólo perpetuara la mediocridad de las fiscalías.

El otro punto reiterado es el combate a la impunidad, pero fuera de los asuntos mediáticos, como el caso de Lozoya o Zebadúa, tampoco existen procesos que demuestren la responsabilidad y aplique una sanción ejemplar.

No dudo de los deseos del presidente, pero para concretar las intenciones se requiere de instituciones capaces de lograr los objetivos. En la actualidad éstas no existen y tampoco el gobierno las está construyendo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.