Opinión

1994: La historia presente

Aún seguimos sin explicaciones claras sobre denuncias de violaciones graves a derechos humanos de indígenas zapatistas.

  • 18/02/2016
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Hay muchas historias pendientes de contar en México, la de 1994 es una de ellas. Ese año marcó un parteaguas en la historia contemporánea del país. El primero de enero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el gobierno mexicano y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tres meses después, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el PRI, fue asesinado. También fueron ultimados el cardenal de la iglesia católica en México y obispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI.

 

En ese contexto de incertidumbre se realizaron elecciones federales de 1994, las primeras donde se permitió la presencia de observadores internacionales para prevenir posibles fraudes. Tras la muerte de Colosio, Ernesto Zedillo se convirtió en el candidato del PRI y ganó la elección a la Presidencia. Para terminar ese año, una severa crisis económica asoló al país en diciembre y se transmitió a los mercados internacionales en el conocido “efecto tequila”. Se considera la primera crisis financiera de la economía globalizada y condujo a México al mayor declive económico registrado desde la Gran Depresión, con una caída de 6.2% en el PIB

 

Estos hechos marcaron el rumbo político y económico del país: se tomaron medidas preventivas como la creación de mecanismos contra el fraude electoral y un fondo para proteger el ahorro bancario. Sin embargo, aún seguimos sin explicaciones claras sobre las denuncias de violaciones graves a derechos humanos de indígenas zapatistas y la autoría intelectual de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, el cardenal Posadas y José Francisco Ruiz Massieu. ¿Cuántos de nosotros seguimos preguntándonos qué pasó? ¿Cuántos nos quedamos sin palabras cuando nuestras y nuestros jóvenes, niñas, niños nos preguntan qué ocurrió?

 

Hace algunas décadas el filósofo francés Michel Foucault invirtió la célebre frase saber es poder para afirmar poder es saber. Me parece que hoy no es necesario optar por una u otra de esas afirmaciones porque ambas conviven en constante tensión. Me refiero a que, por un lado, saber a través de la información pública puede empoderar a la población. Pero, por otro lado, tampoco podemos negar que uno de los “privilegios” del poder ha sido la posibilidad de manipular la información para transmitir, por ejemplo, “verdades históricas”. La información es “pública” porque, verdad de Perogrullo, no es propiedad de nadie, nos pertenece a  todos. La importancia de la información pública es que permite igualar a servidores públicos y población y a ésta organizarse en torno a causas comunes. La información pública no es privilegio de nadie, es un derecho de todos.

 

Hoy es necesario garantizar el derecho de acceso a la información para seguir construyendo un archivo de la historia contemporánea de nuestro país y para que se escriban las diversas historias de 1994, esta vez en un contexto democrático al que se deben sumar más voces y no sólo las oficiales. El INAI debe hacer todo lo posible para garantizar este derecho y por eso propuse a mis colegas de Pleno instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a entregar versión pública del oficio PGR/460/94 de fecha 08 de octubre de 1994 que contiene la solicitud de extradición de Manuel Muñoz Rocha al gobierno de Estados Unidos.

 

Manuel Muñoz Rocha, diputado federal por el PRI entre 1991 y 1994, fue acusado de participar en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Fue expulsado del PRI y desaforado para responder a la orden de aprehensión que la PGR emitió en su contra el 8 de octubre de 1994, por homicidio calificado, asociación delictuosa y autoría intelectual de este asesinato. Sin embargo, estos delitos no pudieron ser comprobados e, incluso, hay indicios de que ya prescribió la acción penal en contra de esta persona porque se haya desaparecida desde entonces.

 

La SRE reservó el documento solicitado por un ciudadano por un periodo de 12 años porque, argumentó, el caso aún no está resuelto y se podría entorpecer el trabajo de las autoridades que investigan e imparten justicia. Éste se inconformó ante el INAI y comenzamos un proceso de análisis, en el cual también notificamos del caso a la PGR, en tanto responsable de desarrollar dicho proceso penal. Sin embargo, ni ésta ni la SRE se pronunciaron sobre el estado de la averiguación previa relacionada con Manuel Muñoz Rocha. Incluso ante los llamados del INAI para aportar más información, la PGR determinó no hacerlo. Así, la ponencia a mi cargo encontró que divulgar la información solicitada no entorpece la acción de estas autoridades e identificó indicios de que ya no existe un proceso penal en trámite; proyecto que no fue compartido por la mayoría de mis colegas del Pleno. Ahora el recurrente deberá recorrer un camino más largo, por vía del amparo.

 

En ocasiones la población debe andar largos caminos para obtener la información, para echar luz sobre la opacidad. No cabe duda que hechos como los de 1994 afectaron el devenir democrático del país y la vida de una o dos generaciones de mexicanos. Si, como ya he dicho, el sistema democrático mexicano se ha fortalecido electoralmente, también debe fortalecer la legitimidad del ejercicio de su autoridad garantizando el acceso a la información pública. Ésta nos permitirá construir un archivo y al acceder a él, la historia se hará presente.

 

Twitter: @joelsas

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