Opinión

16 años de impunidad en Pasta de Conchos

Las familias de los 63 mineros que todavía están atrapados en Pasta de Conchos esperan que finalmente el gobierno cumpla. | Manuel Fuentes

  • 18/02/2022
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Cada 19 de febrero, desde hace 16 años, es lo mismo, tristeza y rabia en las familias, en la región carbonífera y en un país que se duele por la impunidad en Pasta de Conchos. Una explosión retumbó apenas pasadas las dos de la mañana que se transformó en la muerte de 65 mineros, atrapados en la profundidad de ese yacimiento.

Por sus propios medios, sus compañeros trataron de rescatar a los mineros atrapados. A los tres días de la explosión paró, sin explicación, la simulada operación de rescate de la empresa. Esta tragedia puso en evidencia las inspecciones de ornato que también como ahora, fingen el cumplimiento de la normatividad

Días antes de la explosión en la mina, los representantes de la empresa Grupo México de Germán Larrea, del Sindicato e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, firmaban que la mina "cumplía" con los estándares de seguridad. Si la mina cumplía como afirmaban todos, no hubiera explotado. Así de simple.

Después de la explosión, todo siguió siendo simulación. Los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, con la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila de Zaragoza, abrían y cerraban las averiguaciones, porque un día tenían facultades y al día siguiente decían no tenerlas. Hoy, los expedientes penales siguen en los archivos empolvándose. 

La Secretaría de Economía irónicamente suspende la concesión y luego, permite que vuelvan a operar y que recupere "sus derechos" de explotación. También la Secretaría del Trabajo simulando, suspendió por un año a sus empleados de más bajo nivel, nunca a los de arriba quienes dieron las órdenes, asignaron presupuestos y pactaron con las empresas. 

Esa es la actuación desde el poder. Sin embargo, abajo, ajenas a los pactos y acuerdos entre los poderes empresariales y los distintos niveles de gobierno, las familias de los mineros han contado una historia de dignidad y coherencia que taladra la narrativa oficial de todos estos años. 

El 3 de marzo de 2006, a tan solo 14 días después de la explosión, y bajo la administración de Vicente Fox, quien nunca fue a la mina ni recibió a las familias, se presentó una Reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsada por familiares de los mineros, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

Mientras esta Reclamación seguía su curso, en la administración de Felipe Calderón y su violento Secretario del Trabajo Javier Lozano, con la complicidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cada vez que llegaba una comitiva de familiares de Coahuila a la Ciudad de México rechazaba toda presencia de los abogados y defensores que les acompañaban, y ante el país, el Estado engañaba con su "verdad histórica" donde manifestaba que era imposible hacer el rescate y por tanto, Grupo México se podía quedar con los restos de los mineros.

En 2009, la OIT hizo una Recomendación con diversas medidas entre las que, destacamos y celebramos en su momento que, a) fueran contratados 500 inspectores para incrementar la vigilancia federal en todo el país, b) se asignaron suficientes recursos para la inspección y, c) a partir del año 2013 se estableció un mecanismo de coadyuvancia en el que, exmineros, mineros, familiares y defensoras de derechos humanos trabajaron con la Secretaría del Trabajo para prevenir la muerte de más mineros. 

He de reconocer que, Rafael Avante Juárez, entonces Subsecretario del Trabajo y Previsión Social y Alejandro Alcántara, quien fungía como Director General de Inspección Federal posibilitaron ese mecanismo de coadyuvancia, logrando que las muertes en las minas, transportes y plantas de beneficio disminuyeran hasta en un 97 por ciento. 

Por primera vez, se tomaron Medidas de No Repetición como una política de Estado. Sin embargo, en esta nueva administración federal lo perdimos todo. Ya no están los 500 inspectores porque no fueron recontratados. Además, en nombre de la austeridad republicana, han asfixiado la inspección federal al no asignarle recursos suficientes. Por absurdo que parezca, se ha suspendido la coadyuvancia y, por ende, ahora estamos en los mismos o peores indicadores de antes.

¿Por qué retrocedimos? Porque otra vez no hay suficientes inspectores, otra vez las inspecciones son de ornato, otra vez no hay coadyuvancia, porque otra vez CFE compra carbón extraído de cuevas y pozos que no cumplen con las normas, y esta situación nos regresa al tiempo de Pasta de Conchos.

De nueva cuenta, la Organización Familia Pasta de Conchos ha hecho un nuevo Reclamo a la OIT para exigir justicia al gobierno de México para que tome medidas de No Repetición, que a la fecha han provocado más de 100 muertes de trabajadores mineros desde lo ocurrido en Pasta de Conchos, como son los casos de las minas de "Rancherías" y "Obayos".

Las familias de los 63 mineros que todavía están atrapados en Pasta de Conchos esperan que finalmente el gobierno cumpla en entregarles los cuerpos de sus familiares. 

16 años de impunidad en Pasta de Conchos duelen.

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