El significado simbólico de los primeros 100 días se remonta a 1933 cuando Franklin D. Roosvelt asumió la presidencia de un Estados Unidos sumido en la Gran Depresión. Roosvelt se propuso que los estadounidenses volvieran a trabajar, proteger sus ahorros, crear prosperidad y levantar a la industria y la agricultura. El logro fue que las 13 principales leyes que contribuirían a estas metas se crearon en los primeros 100 días de su gobierno; desde entonces los primeros 100 días son simbólicos para medir el desempeño de un presidente.
En el caso de México, el presidente López Obrador fue electo en medio del hartazgo de la sociedad frente a la corrupción del sexenio anterior, ante escándalos como “La Casa Blanca”, “La Estafa Maestra” y gobernadores y políticos acusados de corrupción. A su vez, la inseguridad rompió records históricos en asesinatos y violencia y continuaron grandes rezagos en el combate a la pobreza. Todo ello llevó a que los mexicanos buscaran una alternativa diferente para lograr un cambio.
Al cumplir los primeros 100 días de gobierno el presidente goza de un amplio respaldo popular cercano al 80% en las principales encuestas de opinión; de importante poder político reflejado en la composición del Congreso con los miembros de su partido y de sus aliados; de incuestionable poder institucional; y del poder económico que se deriva del ejercicio presupuestal.
En el mensaje del presidente ante los primeros 100 días todo es optimismo y asegura haber conseguido ya 62 de sus 100 compromisos enumerados en el Zócalo. Pero ¿qué tan cierto es esto?
Punto por punto
En materia de seguridad, López Obrador aseguró que los delitos de homicidio bajaron de 91.3 en noviembre de 2018 a 88.2 en marzo. Pero marzo apenas comienza y de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de 2019 se convirtió en el mes más violento de que se tenga registro con un total de 2,452 asesinatos, 140 secuestros y 40 feminicidios, esta violencia supera a los sexenios anteriores.
El Congreso recientemente aprobó la creación de la Guardia Nacional, que es una de las medidas que podría ayudar a resolver este problema. Es importante reconocer que tras la cerrazón original en la Cámara Baja y del Ejecutivo, la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición logró que hubiera apertura al diálogo en el Senado para conseguir que ésta Guardia fuera de naturaleza civil y no militar.
El presidente aseguró en su informe que no habrá fracking, no obstante Pemex sigue teniendo una partida destinada a esta práctica. También aseguró que protege a la flora y la fauna, no obstante se planeó la construcción del Tren Maya sin estudios de impacto ambiental y ha habido tala ilegal de árboles para construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Respecto a su compromiso de no imponer gasolinazos el precio de las gasolinas se ha incrementado en estos 100 días por encima de la inflación. Y en materia de cultura, el presidente resaltó como logro el programa de rescate de patrimonio cultural y de la memoria histórica, pero omitió decir que suspenderá el programa de estímulos fiscales a empresarios y personas físicas que fomentan la cultura.
Aunque afirma en su informe que su gobierno respeta los derechos humanos y destaca como un logro la reforma al Art. 19 constitucional para aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En realidad esto ha sido criticado por los organismos de derechos humanos ya que atenta contra el principio de presunción de inocencia lo que implicará que más personas serán encarceladas sin juicio previo, violando con ello sus derechos humanos. Y no existe evidencia empírica que permita asegurar que esta medida disminuya la incidencia delictiva que se pretende.
Durante estos primeros 100 días ha habido una serie de decisiones polémicas que pueden tener fuertes consecuencias para el rumbo de país. De ahí que asegurar el uso adecuado del amplio poder que se le ha conferido al presidente resulta de la mayor trascendencia.
Una de ellas fue la cancelación del nuevo aeropuerto, con la que se envió a nivel internacional un mensaje de incertidumbre que en su momento causó la caída de la Bolsa, de las AFORES y la pérdida de valor del peso. A ello se sumó la propuesta de eliminar las Comisiones Bancarias y la falta de un plan adecuado en el ámbito energético, lo que llevó a que las calificadoras revisaran a la baja la deuda y las perspectivas económicas de Pemex, CFE e incluso de México.
Otra de las decisiones polémicas ha sido el quitar el subsidio a las estancias infantiles que cuidaban a los hijos de madres solteras trabajadoras o que estudian, lo que afectará a más de 300,000 niños y a sus madres. A lo que se suma el retiro de la ayuda a los refugios que protegían a mujeres maltratadas. Ambos programas contribuían a cerrar la brecha de desigualdad, a la protección de la integridad física de las mujeres y de los niños, así como de sus derechos fundamentales. Actitudes que preocupan
Pero más que las decisiones preocupan las actitudes, como la falta de respeto por las leyes y las instituciones. Ejemplo de ello son las consultas a modo realizadas para cancelar el nuevo aeropuerto y la termoeléctrica, las cuales fueron inconstitucionales y se efectuaron fuera de la Ley Federal de Consulta Popular; o el hacer leyes a la medida como la Ley Taibo.
Otra actitud que preocupa es el afán de concentrar el poder en el Ejecutivo y de eliminar los contrapesos. Un ejemplo es la mayoría mecánica en el Congreso la cual actúa de manera subordinada al presidente, en cerrazón al diálogo y sin respetar a las minorías; o la creación de los “super-delegados” atentando contra el federalismo; o la reforma a la Fiscalía General que no garantizó su autonomía respecto del Ejecutivo; o la confrontación con los organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía.
Otra actitud preocupante es la tendencia a atacar a quien piensa diferente. Como fue la amenaza de destitución de los ministros de la Suprema Corte tras haber suspendido la Ley de Remuneraciones 2019; o la amenaza contra los gobernadores de la desaparición de poderes cuando éstos pedían respeto del federalismo frente a los “superdelegados”; o la amenaza contra las calificadoras de revocarles la autorización de operar en México tras bajar las calificaciones del país, lo que llevó a una nueva caída del peso.
El politólogo italiano Mario Stoppino define los regímenes autoritarios como “aquellos que privilegian el aspecto del mando y menosprecian de un modo más o menos radical el del consenso, concentrando el poder político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las instituciones representativas: de ahí la reducción a la mínima expresión de la oposición y de la autonomía de los subsistemas políticos”.
Hoy México está en una disyuntiva entre el autoritarismo y la democracia; entre el respeto al federalismo o el centralismo; entre el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas o las leyes a modo y el ataque a las instituciones; entre la búsqueda de consensos o la imposición; entre el respeto al pluralismo o la eliminación de la oposición.
Ante los grandes cambios que se viven en el mundo y la llamada “Cuarta Transformación” que impulsa el gobierno, con los riesgos y preocupaciones que encierra, tres deben ser las prioridades más importantes para los demócratas en México:
En primer lugar, hacer todo lo posible por preservar principios y valores democráticos, como la división y equilibrio de poderes, el estado de derecho, el diálogo como instrumento para construir acuerdos y el fortalecimiento del federalismo. En segundo lugar, fortalecer las instituciones democráticas como lo son los órganos autónomos, el Congreso, los congresos locales y las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, cuidar la transparencia en el gasto público, la estabilidad económica y la distribución del ingreso, para fortalecer la economía de las familias. De esto dependerá el futuro y el bienestar de todos los mexicanos.