Antes de iniciar mi columna conversaba con investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Me contaban la práctica de esa Institución de imponerles un cobro en efectivo como condición para trabajar a quienes deben renovar su contrato.
Se le llama “fianza”, me dicen, al pago que deben hacer para trabajar, como si fuera un “derecho de piso”, que cobran también las peores mafias del país. El trabajo concebido, de la manera más ruin, como mercancía y artículo de comercio por un gobierno que presume ser diferente a los anteriores.
Nos tratan como si fuéramos, cada trabajador, empresas independientes, para dejar de aplicarnos la Ley Federal del Trabajo, nuestras Condiciones Generales de Trabajo y, en su lugar, aplicarnos legislaciones mercantiles y de licitación gubernamental. Nos tratan como si fuéramos objetos de la peor categoría, me dicen.
En esa Institución, como en otras que administra este gobierno, las nuevas contrataciones de personal ya no las hace la coordinación de recursos humanos, sino la de recursos materiales y de servicios.
Los investigadores del INAH hacen su relato de prisa, molestos, inconformes, hasta incrédulos, por la simulación ordenada desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, que “etiqueta” el presupuesto del INAH para la compra de objetos, materiales y servicios, y que en realidad sirve para la renta de personas. Sí, así como está escrito, como si fueran sillas, escritorios o un montón de varillas.
¿De qué se trata, señor gobierno, que nos esconde como trabajadores para que aparentemos ser objetos? Los que deben renovar contratos, algunos hasta con 20 años de antigüedad, tienen que firmar papeles para simular una licitación entre personas. Es la condición para mantener el empleo.
Les dicen: “cuidado con decir esto a los del sindicato porque te quedas sin contrato”; “busca a dos personas que te presten su RFC y aquí hacemos todo el papeleo”; “tú serás la cotización más baja y así te adjudicamos”.
A los “adjudicados” no les pagan salario, sino retribución por servicios mercantiles. Les piden factura y no recibo de pago salarial. A pesar de tener jornadas de trabajo que exceden las jornadas máximas, no les cubren horas extras, tampoco aguinaldo, vacaciones, ni prima vacacional.
Por ser tratados como objetos carecen de seguridad social, tampoco gozan del pago de prestaciones de las Condiciones Generales de Trabajo. Si sufren un accidente de trabajo, si se enferman, si fallecen, los investigadores, los arqueólogos, los “adjudicados” que se encuentran en el campo, se la tienen que arreglar por su cuenta, porque los servicios hospitalarios, medicamentos o de rehabilitación los tienen prohibidos; finalmente son “cosas” para el gobierno.
A unas horas de que se cumplan 135 años de ese primero de mayo de 1886, en que más de 340 mil trabajadores salieron a las calles, paralizando más de 5 mil fábricas en los Estados Unidos de Norteamérica, no hay nada que celebrar.
Las cámaras legislativas acaban de aprobar reformas, después de una negociación con el sector patronal, que legitiman la subcontratación (el “outsourcing”, como dicen los expertos en la materia), y con ello se permitirá que los gobiernos de todo orden, federales y locales puedan eludir el pago de las prestaciones a los trabajadores que subcontratan.
El actual gobierno federal tiene un ejército de más de 700 mil trabajadores subcontratados, y con las nuevas reformas lo podrá seguir teniendo: sólo deberá pedir que presten servicios o que ejecuten obras “especializadas”.
Podrá seguir contratando a empresas privadas para que hagan actos de gobierno, y que estas hagan lo que quieran con sus trabajadores. Tratarlos como mercancía, si gustan, o darles contratos de honorarios, o pagarles el salario mínimo y las mínimas prestaciones de ley. Ese ya no será problema gubernamental. Actuarán los subcontratistas con el permiso de la ley y “del supremo”.
A este primero de mayo llegamos en la realidad con derechos laborales en el piso, (en el sótano, me corrigen) y con reformas laborales (relucientes sólo por fuera) para ser guardadas en el piso 122, en anaqueles que nadie abrirá.
Que para alcanzarlas se requerirá de escaleras (telescópicas) que no se podrán tener (porque pretextarán carecer de presupuesto) y que estarán, así lejos, como ejemplo de la mayor simulación.