En mala hora al gobierno peñista se le ocurrió introducir la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que tenía el propósito de proteger los aumentos a los salarios mínimos generales que se anclaban por estar ligados a la aplicación de sanciones y multas, pero la flecha se desvío y les pegó en la meritita frente a los pensionados y jubilados.
A partir del mes de julio de 2016 se empezó a aplicar la UMA como equivalente a los salarios mínimos; al principio no tuvo ninguna repercusión porque el salario mínimo general y la UMA tenían el mismo valor de $73.04 diarios, los pensionados y jubilados ni enterados estaban que la unidad medida estaba dirigida contra ellos.
En enero de 2017 al pago de las pensiones no se les aplicó el monto de $80.04 diarios sino el de $75.49 diarios; una diferencia de menos $4.55 diarios que muchos no se percataron hasta meses después. Era un 6% inferior a sus ingresos que se les aplicó como una puñalada por la espalda. Los afectados se dieron cuenta que no era un error la disminución del pago, sino una medida mal intencionada del gobierno para golpear a los más viejos.
En algunas oficinas gubernamentales les dijeron que no se preocuparan, que se les iba a devolver las diferencias. Pero el tiempo pasó y no se les devolvió nada. Muchos fueron corriendo a buscar abogados, pero los tiempos para presentar amparos ya habían transcurrido. Les informaron que tenían únicamente 15 días hábiles a partir del primer descuento para ampararse. Cuando se percataron de la anomalía ya habían transcurrido más de dos meses. El atraco se había consumado.
En 2018 la disminución fue en aumento ya que en lugar de pagarles $88.36 diarios se les aplicó esa palabra rara que le llaman UMA pagándoles sobre la base de $80.60 diarios. De un 6% que se les aplicó en 2017 pasó a un 9% en 2018.
En 2019, en ejercicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la diferencia se fue acrecentando ya que en lugar de tomar como referencia la cantidad de $102.68 diarios se les aplicó la fórmula venenosa de la UMA, pagándoles $84.49 diarios. El porcentaje de diferencia que en 2017 era del 6%, en 2018 del 9%, en 2019 se incrementó en un ¡21.5%!
Los pensionados y jubilados han hecho gestiones ante el gobierno de AMLO, ante legisladores de MORENA y funcionarios del nuevo gobierno en el IMSS y en el ISSSTE para que les cubran las pensiones tomando como referencia el salario mínimo general pero sólo han recibido largas como respuesta. Les dicen que están estudiando su caso, que vuelvan otro día y siguen sin recibir respuesta.
Les dicen que no es cosa de derechos únicamente sino de presupuesto y ahora anda muy escaso (para los más viejos también). El costo actual del pago a pensiones alcanza los 940 mil millones de pesos que representa el 17% del total del presupuesto de la Federación. Regresar a los pensionados, como es su derecho, el 21.5%, más el 9% y 6% de diferencia sería desestabilizar el presupuesto, según les dicen, el de ellos no importa.
Los mayores reclaman que no es un favor la devolución y normalización de sus pensiones sino un derecho. Andan con sus leyes en la mano y les restriegan a los funcionarios el artículo 172 de la Ley del Seguro Social de la ley anterior, aplicable para ellos:
“La cuantía de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán revisadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo aumento porcentual que corresponda al Salario Mínimo General del Distrito Federal.”
La ley del ISSSTE que en su artículo 8 anterior señalaba, como ahora lo indica el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio:
“La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año”
También la tesis I.6o.T.170 L (10a.) del 17 de mayo de 2019 que señala:
“…la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no implica que esta unidad de cuenta deba ser utilizada en materia de seguridad social y para el incremento de las pensiones otorgadas, en virtud de que el legislador distinguió que existen casos en los que debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de pensiones.
Los funcionarios que atienden a nuestros mayores, ni los ven ni los oyen, como en los tiempos de antaño, no muy lejanos, por cierto.
La molestia de hombres y mujeres que cotizaron por muchos años para tener derecho a una pensión es el trato que se les da. Como si fueran una papeleta de multa, como un formato de infracción, como si fueran simples objetos de castigo arrinconados en una bodega, sólo por ser de la tercera edad.
Aplicarles ese veneno que llaman UMA, es como decirles a nuestros mayores que se acostumbren a la miseria; que son como una basura para la sociedad.
No lo permitamos.