Opinión

El papel del Estado frente al conflicto y la disidencia

Frente a la irrupción de la CNTE como organización disidente, probablemente veamos al Estado continuar con la marginalización de ésta. | Emanuel Bourges Espinosa

  • 21/02/2019
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El conflicto que se dirime en Michoacán entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno del Estado de Michoacán, en la que se solicita la intervención del gobierno Federal, puede ser abordado desde un examen del rol de los gobiernos centrales para, por un lado, intervenir en conflictos internos, independientemente de su competencia formal, por sus dimensiones, capacidad y recursos y, por el otro, marginalizar a las disidencias a las que resulta imposible cooptar y subordinar.

Desde mediados de enero, miembros de la sección 18 de la CNTE en Michoacán iniciaron un bloqueo a vías férreas en Lázaro Cárdenas, que se extendió a Maravatío, Pátzcuaro, Caltzontzin, Nueva Italia, Yurécuaro y La Piedad como medida para presionar por el pago de salarios y prestaciones de las que acusan adeudos (primera quincena de enero de 2019; bonos; prima vacacional de 2018; así como la retribución del ISR de 2017 y 2018). La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) calcula que las pérdidas por los bloqueos alcanzan los mil millones de pesos al día.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contestó que la salvaguarda de las vías férreas es atribución del gobierno federal. Cuando se cuestiona al presidente de la República, éste aduce que el conflicto es de carácter laboral y corresponde atajarlo al gobierno del estado, para así evitar la remoción de las personas que bloquean las vías con el uso de la fuerza pública. Es decir, el presidente se escuda hábilmente en su renuencia a optar por el último recurso que deben emplear los estados para resolver un conflicto, el uso de la fuerza, para así forzar al gobernador a solucionar el pleito dejándolo circunscrito al ámbito laboral.

Vale la pena hacer un alto aquí para estudiar la idea del Estado y sus funciones. El Estado es una abstracción, un ente invisible, al que, por ende, no se le puede atribuir poder, sino solamente a quienes operan dentro de sus instituciones. Distingamos aquí, como propone John Holloway, al Estado como forma del Estado como aparato y concentrémonos en el segundo aspecto. Si bien el Estado está compuesto por un conjunto de instituciones y organizaciones a las que se les atribuye las funciones de delimitar y aplicar decisiones de obligación colectiva sobre los miembros de la sociedad en el nombre del interés común, es el gobierno central su entidad principal, el que habla en su nombre, lo provee de unidad y se espera que ejerza el poder estatal[1]. El gobierno central dirige a la Administración Pública Federal, al Ejército y a la Policía y retiene parte del poder de los gobiernos locales[2]. El gobierno central tiene una serie, no solo de atribuciones formales, delimitadas legalmente en la Constitución y en las leyes, sino de capacidades para intervenir en la solución de conflictos. Podemos pensar al Estado como un ente arbitral, un momento históricamente determinado, de carácter transitorio, regulador en los conflictos sociales y de producción, que opera sin neutralidad ni permanente sesgo para mantener la coexistencia de la comunidad en medio de inevitables constantes y cambiantes conflictos. Su objetivo no es evitar el conflicto, sino evitar el arribo de la violencia en cada uno de ellos. Se trata de mediar entre las partes, de poner alternativas sobre la mesa.

En ocasiones, los estados apuestan por mecanismos que aligeren el peso de los conflictos que se presentan día con día en una sociedad. En los procesos de producción, por ejemplo, puede forjarse una relación tridimensional en la que estén representados el Estado, como ente mediador, los productores, en la forma de cámaras de la industria y de comercio, y los trabajadores agrupados en sindicatos. Para que esto ocurra, los sindicatos deben de ceder en su función primordial: velar por los intereses de los trabajadores y presionar por mejores condiciones laborales, que por lo general giran en torno al aumento salarial y a la disminución de la jornada laboral. Los sindicatos tienden a volverse moderados, en ocasiones conservadores, para así alcanzar un estatus de reconocimiento oficial por parte de las otras dos entidades involucradas en las relaciones sociales de producción: el Estado y los empresarios. Los sindicatos que acceden a insertarse en esta relación son cooptados y subordinados a intereses ajenos a los que se deben. Por muy alentador que suene, no hay relaciones sociales de producción que no involucren conflicto. El conflicto las caracteriza y es la razón de ser del Estado.

Suele ocurrir que de los sindicatos se desprenden escisiones a manera de disidencias que reclaman al sindicato oficial el alejamiento de los intereses originales a los que debía abocarse. Este es el caso de la CNTE, fundada en 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como una coordinación emergente de maestros de base de estados del sur del país con el objetivo de democratizar al SNTE, el sindicado oficial. La falta de un liderazgo claro y único de algunas disidencias, dificulta su cooptación y subordinación al Estado. Esto ocurre con la CNTE, un movimiento descentralizado al que por cuarenta años no se le ha podido desarticular.

El conflicto de estas semanas en Michoacán pareciera haberse dirimido en una reunión tripartita, en la que estén representados la Federación, el gobierno de Michoacán y la CNTE, propuesta por parte del gobierno Federal. El gobierno federal, como encarnación del Estado, entra aquí como un ente arbitral que facilita la solución del conflicto entre el gobierno local y la CNTE. Ese es su papel fundamental. Frente a la permanente irrupción de la CNTE como organización disidente, probablemente veamos al Estado continuar con la marginalización de la CNTE a través del desprestigio, un arma fácil frente al decepcionante devenir de la Coordinadora, que engañosamente apela a una lucha genuina contra problemáticas de la educación pública nacional y de un sindicalismo putrefacto, copiando los mismos mecanismos clientelares y corporativos del sindicato oficial, recurriendo a movilizaciones cuestionables para defender privilegios disfrazados de derechos. Se la pusieron fácil al presidente.

[1] Bob Jessop (1990), State Theory: Putting the Capitalist state in its place, Cambridge: Polity Press, p. 342

[2] Ralph Miliband (1970), The state in capitalist society, Pontypool: Merlin, p. 36

Cosas que no esperábamos de Saint John, NB

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