Opinión

El nuevo aeropuerto: los agravios y los sesgos

La consulta no es jurídicamente vinculatoria, se trata más bien de un proceso de escenificación. | Emanuel Bourges Espinosa

  • 04/10/2018
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En los últimos meses, buena parte de la atención mediática en torno al gobierno que entrará en funciones el próximo diciembre se ha centrado en el debate en torno a la construcción del nuevo aeropuerto. El debate se enreda entre confusos planes del futuro gobierno para consultar a la ciudadanía a partir de un método cuestionable que no está contemplado en la legislación, estudios de empresas especializadas en torno a la idoneidad y viabilidad de las opciones que se contemplan y señalamientos respecto a la dotación de certidumbre a los contratos otorgados.

La mayor parte de los medios de comunicación y la opinión pública se han acercado al tema de la consulta como si se tratase de una deliberación en torno a cuestiones técnicas. Pareciera como si el futuro gobierno pretendiera consultarnos en torno a asuntos de ingeniería civil, aeronáutica, ecología e inversiones. Empero, pocos han visto la consulta como un ejercicio en el que lo que se pregunta no es tanto cuál opción es la ideal entre el proyecto de Texcoco y el de Santa Lucía, sino si se acepta o no la consolidación de un agravio a la nación.

Los agravios

Desde septiembre de 2014, cuando fue presentado el proyecto ganador para la construcción del nuevo aeropuerto, surgieron cuestionamientos en torno a irregularidades en el proceso. Aristegui Noticias denunció la falta de información en torno a la selección del proyecto de Norman Foster y Fernando Romero: se señalaba la falta de documentación al respecto en el sitio de internet facilitado por el gobierno de México para dar seguimiento al proceso y la escasa información emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno a la conformación y los criterios del comité de especialistas que seleccionaron dicho proyecto. Desde esa fecha han llovido los cuestionamientos al proyecto por el que optó el gobierno de México para la construcción del nuevo puerto aéreo de la capital del país: la falta de una correcta evaluación de los riesgos de inundación del oriente de la Ciudad de México, por la ubicación de la obra del nuevo aeropuerto; el daño al lago artificial de mayor importancia para la cuenca del Valle de México, el Nabor Carrillo; la afectación a las comunidades que habitan en Texcoco; sobrecostos por, al menos, 89% de la construcción de la barda perimetral; falta de transparencia; la propiedad de los terrenos colindantes al nuevo aeropuerto; el gasto faraónico que implica su construcción y mantenimiento, entre otros.

Los sesgos

Aquellos que se inclinan por la continuación de la obra en Texcoco se justifican en el estudio de MITRE, en el del Colegio de Ingenieros Civiles de México, entre otros, y en las consideraciones de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial. Se apela a la precisión e imparcialidad de los estudios, a su carácter científico y técnico, sin considerar los sesgos de las organizaciones que los hicieron o que los mandaron a realizar. Hay que partir del principio de parcialidad de las partes que dirimen una disputa de una gigantesca obra de infraestructura pública que implica negocios muy jugosos a largo plazo como lo es la construcción de un aeropuerto, en el que entran en conflicto poderosas entidades privadas, el gobierno en curso, detonador del proyecto, y un futuro gobierno que aduce un gasto ominoso y contratos amañados y propone una alternativa. Habría que hacerse preguntas como ¿Quién pagó el estudio que se solicitó a MITRE? ¿Qué intereses tiene el Colegio de Ingenieros Civiles de México o el Consejo Coordinador Empresarial en que se continúe el aeropuerto en Texcoco? ¿Qué otros poderosos intereses están detrás de uno y otro proyecto? Seguramente el ingeniero José María Riobó también tiene intereses en que se haga el proyecto de Santa Lucía. Nadie está libre de sesgos.

Pensemos en la consulta como un acto político. Veamos el involucramiento de la ciudadanía en el tema del aeropuerto no como un desatinado acto que pide la opinión sobre un asunto especializado a quienes desconocen del ámbito, sino como un esfuerzo por revertir el proceso de despolitización que hace parecer que toda decisión que se toma desde el poder público es un asunto técnico y que debe permanecer fuera de la deliberación política, con lo cual los gobiernos se lavan las manos para implementar estrategias cuestionables y colocar a funcionarios en puestos clave del gobierno, especialmente en carteras de obras públicas y economía, con la justificación del mérito técnico.

Cuando el país se debate entre seguir o no con un proyecto fraudulento, en el que deliberadamente se ha ocultado información y mentido y con el que se han amarrado las manos al nuevo gobierno, es atribución del nuevo mandatario hacer un alto, llevar el debate a la arena pública, ponerlo a consideración de la ciudadanía y hacer de un agravio a la nación, un escándalo público. La consulta no es jurídicamente vinculatoria, se trata más bien de un proceso de escenificación, de sacar a la luz pública un asunto que se ha tratado en lo privado, en secreto, y que nos agravia a todos.

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