El siglo XX vivió la llegada de la tecnificación de la política como una crítica organicista a la democracia liberal, en donde la corporación se convierte en el órgano esencial de la vida pública, en sustitución del partido político como medio de representación, y en donde se asienta un nuevo régimen armónico, en donde la sociedad se guía de forma objetiva y positiva.

Se borran las distinciones entre decisión política y gestión económica, entre actores políticos y actores económicos, el poder privado se apodera de la esfera pública, se desvirtúa la acción soberana del legislativo y la política se neutraliza y desideologiza[1].

El fenómeno de desplazamiento del poder político por parte del poder económico fue alertado desde el siglo XVIII por Henri de Saint-Simon: en la política contemporánea, los juicios políticos serán sustituidos por juicios racionales, la producción de riqueza será más importante que la política, aquellos que posean los conocimientos técnicos ejercerán la autoridad de la sociedad, una sociedad industrial, en donde el conocimiento es objetivo y en donde en lugar de gobierno de los hombres, hay administración de las cosas.[2]

Karl Marx explicó la erradicación de los elementos directamente políticos de la vida civil y el paso a la noción moderna del Estado, en la que se distinguen las formas políticas y económicas y se disuelve la sociedad civil en individuos independientes; una despolitización de la sociedad civil, ocurrida desde la irrupción del capitalismo, tras el tránsito de la Edad Media al mundo moderno. Desde entonces, hemos brincado entre procesos de despolitización y repolitización, que Jacques Rancière arguye, se deben a la imposibilidad de eliminar en un contexto de despolitización el conflicto y la división social[3].

Despolitización


La despolitización es, por un lado, la estrategia de gobierno a través de la que los gerentes del Estado se deslindan de los aspectos controversiales de la política y, al mismo tiempo y paradójicamente, fortalecen su capacidad de control político. Por el otro lado, se trata de una estrategia que busca cambiar las expectativas del mercado con relación a la efectividad y credibilidad de la toma de decisiones, al tiempo que protege al gobierno de las consecuencias de las políticas impopulares[4].

Es decir, los gobernantes, aparentan haber transferido la responsabilidad de sus decisiones, pero sin perder el control político; toman decisiones impopulares, pero se justifican en que estaban maniatados por circunstancias externas, que no es lo mismo que la evasión de responsabilidades.

Los funcionarios delegan funciones en organizaciones extra gubernamentales y cuerpos semi independientes, se transfieren decisiones de la esfera pública a la privada y entonces su decisión resulta ser una elección de consumidor.

La despolitización privatiza lo que pertenecía a la esfera pública. Hay una despolitización que se alega inevitable, no negociable, justificándose en el apego a las reglas (especialmente económicas), a pesar de la conciencia explícita de que hay alternativas, y así se constriñe la discrecionalidad en la toma de decisiones políticas, acompañada de una asociación de lo político con lo corrupto, lo ineficiente y lo incompetente[5].

También podemos observar la despolitización como fenómeno social, en donde vemos la erosión de la deliberación de la ciudadanía en torno a los asuntos públicos, que deriva, por ejemplo, en que la decisión electoral se dirima en torno a quien será el gerente que gestione un proyecto preconcebido, cual opción de negocio, en lugar de en torno a alternativas políticas.

Extirpación del contenido ideológico


Como parte del fenómeno de la despolitización, se extirpa el contenido ideológico de los discursos políticos y se sustituye por una terminología de técnica y gestión que esconde y niega la subjetividad y lo controversial de las decisiones y el debate político.

El clásico ejemplo es el de la política fiscal, que se convierte en un tema científico, un mero ejercicio de complejo modelaje econométrico y no ya un asunto político[6].

A raíz del destape, la opinión pública mexicana se ha concentrado, por un lado, en la regresión que supone la forma de la designación, y por el otro lado, en la ovación al pulcro candidato y así se ha ensombrecido un tema crucial que, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver con lo expuesto en los párrafos anteriores y es el de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que avanza en el Congreso a pesar de los múltiples señalamientos de sus peligros[7].

Efectos perversos


De juntarse la aprobación de esta ley con el fenómeno de la despolitización y la regencia de la tecnocracia, estaríamos en peligro de caer, con efectos perversos multiplicados, en lo que ha ocurrido en Reino Unido desde la administración de Tony Blair, con relación a la constante remoción de lo político de la esfera pública, la privatización de las normas de la ciudadanía y la criminalización de la protesta y de la discrepancia.

Desde finales de los 90, en Inglaterra se han incorporado unas tres mil nuevas faltas en los códigos de sanción administrativa y penal, con un especial hincapié en los comportamientos antisociales.

La Terrorist Act del 2000 se empleó para sancionar las protestas en contra del G8 en 2005 en Edimburgo, al permitir a la policía detener y registrar a personas sospechosas de ser terroristas.

En 2006 se empleó unas treinta y seis mil veces para castigar protestas legítimas. La Serious Organised Crime and Police Act de 2005 prohíbe a manifestaciones no autorizadas acercarse a menos de un kilómetro del Parlamento inglés[8]. Este fenómeno fuerza a la sociedad a alinearse, a no atreverse a disentir y contribuye al desafecto por la política.

Sin minar aparentemente el desarrollo democrático, aleja la crítica política de la vida civil. Por si sola la gente se disciplina, sin necesidad del empleo de los modos tradicionales de represión.

Todo movimiento es potencialmente vigilado, examinado y sancionable. Se va interiorizando la forma correcta de protestar, se distancian las manifestaciones de los espacios simbólicos del poder y, las pocas que ocurren, son reprimidas y silenciadas.

Por si sola la Ley de Seguridad Interior es peligrosa. Por sí sola la despolitización y la continuación de la regla de la técnica económica para gobernar es arriesgada. Si las juntamos ¿en que podría devenir la vida pública de México? ¡Cuidado!


@enbourges | @OpinionLSR | @lasillarota


[1] Sergio Fernández Riquelme, "Aproximación histórica al uso de los expedientes técnicos de naturaleza corporativa en la definición jurídica de la Política Social", en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Universidad de Valencia, no. 18, 2009, pp. 26-27

[2] Omar Guerrero, Tecnocracia o el fin de la política, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006, pp. 1-10

[3] Jacques Rancière, On the Shores of Politics, apud. Matthew Flinders, "Depoliticisation", en Delegated Governance and the British State: walking without order, Oxford, 2008, p. 240

[4] Peter Burnham, "New Labour and the politics of depoliticisation", en British Journal of Politics and International Relations, vol. 3, 2001, pp. 128-129

[5] Matthew Flinders, "Depoliticisation", en Delegated Governance and the British State: walking without order, Oxford, 2008, pp. 252-257

[6] Matt Wood y Metthew Flinders, "Rethinking depoliticisation: beyond the governmental", en Policy and Politics, vol. 42, 2014, pp. 158-165

[7] Véase "Crece el riesgo de una dictadura militar en México" de Manuel Hernández Borbolla en The Huffington Post y "Los golpistas" de Denisse Dresser esta semana en el Reforma.

[8] Stephan Skrimshire, "De-mobilising Britian: 10 years of depoliticisation", en Scott, Graham and Baker (eds.), Remoralising Britain? Social, Ethical and Technological Perspectives on New Labour, Londres: Continum, 2009.



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