A pesar de que la interlocución con el gobierno de Javier Corral parece haber pasado a manos de la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Alfonso Navarrete Prida, el caso se detonó a raíz de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: la retención al gobierno de Chihuahua de 780 millones de pesos, acordados como recursos adicionales del año fiscal 2017, como consecuencia del alcance que ha tomado la investigación que conduce la Fiscalía de Chihuahua sobre corrupción en la pasada administración local. Es decir, desde la secretaría encargada de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública[1], se ejerce control político sobre los gobernadores, trabajo del que antes de encargaba la Secretaría de Gobernación, acto, por cierto, particularmente escandaloso en una nación regida bajo un sistema federal.
La detención y procesamiento de Alejandro Gutiérrez, un personaje perteneciente a la elite del Partido Revolucionario Institucional y muy cercano al círculo más pequeño del Gobierno Federal, detonó la movilización de la administración central para conocer los alcances de la investigación por desvío de recursos para campañas electorales. Lo anterior muy probablemente para saber los nombres de los potencialmente implicados, en especial porque la investigación trasciende al estado de Chihuahua; se entrevé que César Duarte (con once órdenes de aprensión[2] y de quien el Gobierno de Chihuahua exige su extradición desde Estados Unidos) fue un operador financiero de una operación de defraudación para fines electorales a escala nacional.
Al inicio de la segunda semana del año, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer que la Secretaría de Hacienda le retenía 780 millones de pesos, que debían haber sido depositados el año previo, condicionando su entrega a la revelación de información sobre la investigación que su fiscalía encabeza sobre corrupción durante la administración de su antecesor, César Duarte. La SHCP dio varias razones para justificar la retención: que la investigación de la fiscalía del estado cuestionaba el mecanismo a través del cual Hacienda debía de entregar los recursos al gobierno de Chihuahua, que el gobierno de dicho estado había entregado mal los números de cuenta a los que se debía de realizar el deposito (¡insólita respuesta!) y que había insuficiencia presupuestaria[3]. Tres alegatos inconsistentes y falsos.
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El tipo de alegatos y que vengan de la Secretaría de Hacienda no es casual. Que se emplee a esa secretaría en lugar de a otra, como Gobernación, para ejercer control político, es síntoma de la despolitización que vive el mundo occidental, incluido México. En mi pasada entrega hablé del concepto de despolitización (depolicitization):
La despolitización es, por un lado, la estrategia de gobierno a través de la que los gerentes del Estado se deslindan de los aspectos controversiales de la política y, al mismo tiempo y paradójicamente, fortalecen su capacidad de control político
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Esa parte de la definición es fundamental en el tema que nos aboca en este texto. Se arguyen problemas técnicos, ya sea la insuficiencia presupuestaria, la errática secuencia de números de la cuenta bancaria, o el cuestionamiento a un mecanismo de transferencia de recursos, desde una entidad del gobierno encargada del ejercicio y control de los recursos públicos federales, para fines meramente políticos: proteger a altos funcionarios y personajes cercanos al Gobierno Federal de investigaciones y procesamientos judiciales por corrupción. Los planificadores (como Alan Riding describió a las elites políticas contemporáneas[4]) que gobiernan México recurren al departamento del gobierno central que más justifica sus decisiones en el raciocinio y los métodos científicos (léase econometría), la SHCP, para ejercer control político, para detener una investigación judicial –doble problema. Enfatizo: se deslindan de aspectos controversiales de la política –intervenir en una investigación judicial y retener la entrega de recursos a la que están obligados por un contrato, justificándose en problemas técnicos – y, al mismo tiempo y paradójicamente, fortalecen su capacidad de control político –efectivamente ejercen poder, obstaculizan la investigación y se reúsan a solicitar la extradición de César Duarte. ¿Por qué no desde Gobernación? Porque sería evidente que se trata de un asunto político. ¿Y cómo se despolitiza? Encargándole a la Secretaría de Hacienda frenar la entrega de recursos con argumentos que no parecieran tener tintes políticos.
La época en la que sin mayor resquemor desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección Federal de Seguridad, se ejercía control político en todos los rincones del país ha transitado a una en la que el gobierno central redirecciona sus mecanismos de control político hacia un departamento técnico matemático desde donde puede controlar el flujo de recursos y conocer cada movimiento en el sistema financiero. Con discrecionalidad, la Secretaría de Hacienda distribuye los recursos del erario, a pesar de que el Congreso, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, haya indicado otra distribución a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Así, esa entidad del Gobierno Federal castiga a quienes no cumplen con los caprichos y los pactos de impunidad, y premia a quien gira la mirada y nada dice de las trapacerías que se cometen en la administración pública federal y local.
En un sistema parlamentario con grupos parlamentarios prudentes y decididos, un escándalo de estas magnitudes sería suficiente para ejercer control político sobre un gobierno y destituir a alguno de sus funcionarios o a todo el gabinete. Bajo el sistema vigente en México no es posible, pero sí se puede llamar la atención sobre el caso. Empero, no parece haber mayor ruido en las cámaras al respecto. El escándalo se ha hecho público y se ha diversificado gracias a algunos medios de comunicación que atienden este tipo de casos desde una perspectiva integral, desinteresada y profesional.
Desde la Secretaria de Hacienda se puede ejercer mucho poder. Desde ahí puede hacerse un combate significativo en contra de los carteles del narcotráfico, de la defraudación y la evasión fiscal. De ahí que Denise Dresser[5] pregunte esta semana a los candidatos presidenciales a quién nombrarían al frente del SAT y en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Se trata de puestos clave en la Administración Pública Federal, desde donde se pueden combatir delitos lacerantes o, como hemos visto en fechas recientes, condicionar un comportamiento alienado a los intereses de la administración en turno a través del control de la cartera. Para la decisión de julio, habrá que considerar qué papel jugará esta dependencia del gobierno en la siguiente administración. No es poca cosa.
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[1] La SHCP tiene atribuciones para realizar o autorizar uso del crédito público, cobrar los impuestos, manejar la deuda pública de la Federación, proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal, planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario, proyectar y calcular los ingresos de la Federación, y el Gobierno del Distrito Federal, determinar los estímulos fiscales, organizar y dirigir los servicios aduaneros y de inspección.
[2] César Duarte cuenta con once órdenes de aprensión, una de ellas por peculado por más de mil millones de pesos, y de quien el Gobierno de Chihuahua exige su extradición desde Estados Unidos en donde se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
[3] Leer “Chihuahua, política, legalidad” de Raul Trejo Delarbre en La Cronica, 15 de enero de 2018 y “Las bombas de Chihuahua” de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, 9 de enero de 2018.
[4] Sergio Aguayo, “La derrota”, en Las tres y un cuarto, 29 de noviembre de 2017.
[5] Leer “Cuatro pruebas” de Denise Dresser en Reforma, 29 de enero de 2018