“Hay un abismo entre tratar a la gente por igual e intentar hacerles iguales”. -Friedrich Hayek. 1945.
Barcelona, España. El cambio propuesto en esta mal llamada cuarta transformación empieza a hacer sus estragos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el Estado del bienestar que él se planteó, ha resultado guajiro y desalentador, y muy lejos de las expectativas que durante décadas también alimentaron los gobiernos anteriores, es decir, la dependencia prolongada de una gran masa de ciudadanos respecto al gobierno de suministrarle bienes y servicios. Sin embargo, si el país no produce, no habrá dinero que alcance para resolver las necesidades de la población y en eso subyace la insostenibilidad del Estado del bienestar. A la actual administración se le olvida que el Estado del bienestar debe ser evaluado en función de la eficiencia con la que desempeña sus funciones y cumple con sus propósitos y esto incluye la diligencia y honestidad con la que se utilizan los recursos públicos. Los delegados estatales nombrados con bombo y platillo al inicio del sexenio y que se dicen “servidores de la nación”, nada saben de eficiencia, pero además no les importa, es más, se sospecha que empiezan a servirse a ellos mismos con la cuchara grande.
Hoy en día, prácticamente todo ciudadano se beneficia de algún programa público de carácter social, nacido de este sistema del bienestar, que consiste en garantizar a la población menos favorecida un conjunto de servicios sociales básicos, principalmente en materia sanitaria, educativa, de pensiones, de desempleo, de minusvalía o de acceso a la vivienda, para mejorar sus condiciones de vida y promover la igualdad de oportunidades de realización personal. Sin embargo, la disyuntiva para el gobierno de AMLO y su “cuarta transformación”, se presenta cuando el precio político de retirar estos programas se hace muy alto, ya que el agravante es que la sociedad los asume como básicos y obligatorios rápidamente al poco tiempo de que se implementan, tal es el caso, de los apoyos eliminados recientemente, so pretexto de la corrupción amalgamada en las oficinas públicas de los últimos sexenios, como lo fue el apoyo a guarderías, seguro popular, empleo temporal, vivienda, comedores comunitarios, soporte a ciencia y tecnología y hasta la eliminación de más de cien fideicomisos, entre otros, pero que realmente servían como sustento a la gente trabajadora, más allá del mal uso de que fueron objeto algunos de estos apoyos por funcionarios deshonestos que aun gozan de impunidad, exhibidos en las mañaneras, pero ninguno tras las rejas.
Lastimosamente, parece que lo anterior está dando paso de manera peligrosa a la apropiación y concentración del dinero público en manos del ejecutivo federal, para financiar su negocio esencial “primero los pobres”, que seguirán siendo rentables para sus propósitos electorales a costa de vaciar las arcas públicas. Así las cosas, la herencia que se vislumbra en el segundo tercio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acarreará una crisis de crecimiento por la falta de inversiones, crisis fiscal, incremento en el número de pobres y crisis de eficiencia: una tormenta perfecta en que el Estado del bienestar no puede sino naufragar en medio de la pandemia mundial provocada por el covid-19 y que ha acabado con la vida de más de 83 mil personas en México y más de 1 millón de personas en el mundo.
Por supuesto que no debemos dudar del Estado del bienestar, ya que si así fuera, estaríamos poniendo en tela de juicio el futuro de nuestra propia convivencia. Sin embargo, el actual gobierno debe comprender que el trabajo productivo es lo único que puede generar riqueza para cubrir las necesidades que el país requiere, para crecer y salir de la pobreza de una vez por todas. ¡Así veo México!