En estos días en que en España se vive una restricción de movilidad entre Comunidades Autónomas a causa de la covid-19, ha despertado en mí, el gusto de caminar por los distintos barrios madrileños, que, aunque llevamos mucho tiempo visitándolos, nunca dejan de sorprendernos por su bella arquitectura que hace armonía con los sonidos de un sitio deseoso por recibir a los miles de turistas que año con año visitaban esta hermosa ciudad.
Con todo esto, aproveché para hacer una caminata por alguna de las calles para ver este paisaje tranquilo y sin bullicio que, al menos para mí, resultaba desconocido en los trece años que tengo viviendo en Madrid. Tomé el metro desde la zona en donde vivo y me dirigí hacia la estación de Banco de España, desde donde caminé por el Paseo del Prado hasta llegar a la calle de Carrera de San Jerónimo y pasar por uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, el Congreso de los Diputados. Es justo aquí donde hace 40 años, un 23 de febrero de 1981, la sociedad española vivió uno de los episodios más tensos que puso en riesgo la, en aquel entonces, naciente democracia, tras la muerte de Franco; pues, el pleno del Congreso que se encontraba durante la segunda votación de la investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo, fue irrumpido por 200 guardias civiles que acompañaban al teniente coronel Antonio Tejero, quien, con pistola en mano y desde la tribuna de este recinto, realizó un intento de golpe de Estado para poner fin a la monarquía parlamentaria y la transición democrática, como consecuencia del malestar que existía por parte de algunos mandos militares hacia algunas decisiones que se estaban tomando en el gobierno de aquellos años. Este acto, así como otros en distintas ciudades de España mantuvieron en vilo por varias horas el destino del país, muchos personajes de aquel momento jugaron un papel importante, como Adolfo Suarez, Manuel Gutiérrez Mellado y el entonces Rey Juan Carlos I, quien apareció en televisión sobre la madrugada del día 24 vistiendo el uniforme de Capitán General del Ejército dando un mensaje de tranquilidad y serenidad, y ordenando a las autoridades civiles y a la junta de jefes del Estado Mayor a tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente, hecho que, sin duda, marcó la vida reciente de España.
La anterior anécdota histórica que relato no es una coincidencia y la traigo a colación a esta columna a propósito del acontecer que se vive actualmente en México. Una de las cosas que veo con preocupación es el excesivo papel que se le está encargando a las fuerzas castrenses en actividades y funciones que normalmente estaban asignadas al orden civil. Es importante recalcar y hacer un matiz sobre el enorme papel que juega el Ejército Mexicano en la vida de nuestro país, siempre estando presente con su honor y gallardía en los desastres naturales, y de apoyo a una sociedad a la que siempre ha tendido la mano, asumiendo desde hace muchos años tareas de seguridad pública, en donde muchos de sus efectivos han perdido la vida realizando estas funciones.
Viene a mi mente el recuerdo de las elecciones del año 2000, en donde el Ejército Mexicano, en un acto de responsabilidad y lealtad a nuestro país, envió mensajes a la opinión pública de que esta Institución se sumaría al candidato que resultara vencedor de las elecciones presidenciales, y con ello disipó cualquier duda que hiciera sospechar de una rebeldía de la milicia hacia un Gobierno que no fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero vayamos por partes.
La actual Administración Federal ha tenido en el Ejército a su principal aliado para la realización de sus principales proyectos, ya que, están encargados de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y de las nuevas sucursales del Banco del Bienestar; asumiendo responsabilidades como operador del Tren Maya; la supervisión de las Administraciones Portuarias; entre otras. Todas ellas, enormes responsabilidades para las cuales nuestras Fuerzas Armadas están más que capacitadas, sin embargo, esto trae consigo deteriorar y exponer innecesariamente a una Institución tan respetada por el pueblo de México.
Como sabemos, contar con un vasto presupuesto económico acarrea problemas que siempre han sido ajenos o al menos no han visto la luz pública de una Institución como el Ejército, pero que, sin embargo, por lo mediático de los proyectos estarán bajo la lupa y escrutinio, tanto de la prensa como de los adversarios políticos de este Gobierno. Basta ver el presupuesto de egresos del 2021, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional no sufrió de los recortes que otras dependencias, e inclusive la que los Estados de la República tuvieron, sino por el contrario, tuvo una partida mayor de 16 % con respecto al 2020.
Además del riesgo que anteriormente comento, una preocupación mayor acecha mi mente y recae en los sucesivos gobiernos, cuando alguno de ellos se plantee retirar alguna de estas tareas dadas por el presidente López Obrador para que sean realizadas por civiles, ¿el Ejército aceptará este tipo de cambio sin ninguna objeción? O ¿nos estaremos enfrentando ante las condiciones necesarias para una rebelión de tipo militar como ocurrió en España hace 40 años? Las cosas siempre se tensan por donde menos pensamos, y retirarle al Ejército estas atribuciones concedidas por el actual Gobierno, por supuesto que puede propiciar una situación de esa índole. Ojalá que el escenario que plasmo en esta columna simplemente se quede en eso, en una simple especulación futurista y meramente exagerada, porque de no ser así, estaríamos adentrándonos en una nueva fase en la que el poder militar jugaría un papel más que protagónico en la vida futura de nuestro país.