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El imaginario de lo público en la radio • Lenin Martell Gámez

La construcción del servicio público de radio en México comenzó desde las últimas décadas del siglo XX.

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Escrito en OPINIÓN el

El servicio público de radiodifusión es un deber del Estado en naciones democráticas desde el siglo XX. Sin embargo, hasta la primera década del siglo XXI, México no se había preocupado por desarrollar la radiodifusión como un servicio público y para el público. Había creado emisoras estatales y culturales, pero con la ausencia de una política de Estado hacia la radiodifusión. Específicamente en el marco neoliberal, el sistema político mexicano tuvo una relación autoritaria y vertical con la radiodifusión estatal y dictó lo que, a su parecer, tenía que entenderse como “interés público”. En este contexto, Lenin Martell Gámez examina algunas emisoras estatales y culturales que fueron desarrollando, por interés propio en sus actividades cotidianas, el concepto de lo que en realidad es la vocación de servicio público. Una de ellas fue Radio Educación, la cual fue construyendo, desde sus actividades de programación, lo que debería ser un medio público en México. El imaginario de lo público en la radio profundiza en el concepto y analiza el papel de la radio pública en el espacio público. Esta obra es, por sí misma, una propuesta novedosa para estudiar los medios públicos de México.

Fragmento del libro “El imaginario de lo público en la radio” de Lenin Martell Gámez, editado por la Editorial de la Universidad Veracruzana. Cortesía de publicación Editorial de la Universidad Veracruzana/ Dr. Lenin Martell Gámez.

Dr. Lenin Martell Gámez | Académico y coordinador del “Centro de escritura y cultura digital” en la FCPyS de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor en Ciencias políticas y sociales por la UNAM, maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston, licenciado en Periodismo y comunicación colectiva por la UNAM. Profesor en el programa de doctorado en Investigación de la Comunicación en la Universidad Anáhuac Norte. Su libro más reciente es “El imaginario público en la radio'', editado por la Universidad Veracruzana, 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Codirector del proyecto internacional de periodismo narrativo, “El corazón de México”. Colaborador en la revista Zócalo y noticiario Criterio. Comentarista en distintos medios de México y Estados Unidos. Defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Pertenece al Consejo Ciudadano de programación de UAM Radio y a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA). Ex integrante del Comité de la defensoría de las audiencias de Radio Educación y exvicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.

El imaginario de lo público en la radio | Lenin Martell Gámez

#AdelantosEditoriales

 

Introducción

La construcción del servicio público de radio en México comenzó desde las últimas décadas del siglo XX. Fue una larga batalla que inició en las cabinas de algunas emisoras estatales y culturales del país, pero esta lucha también se relacionó con transformaciones estructurales en México y en el mundo en el contexto del neoliberalismo.

Desde la década de los ochenta, las condiciones del mercado mundial provocaron cambios económicos, políticos, tecnológicos y culturales en distintas naciones. Tales transformaciones llevaron a los Estados-nación a replantear sus políticas financieras y jurídicas y a redefinir su relación con los distintos sectores de la sociedad, que en cada país se dio de manera diferente.

En la región latinoamericana, por ejemplo, estos cambios fueron producto de “la recesión internacional y la crisis de la deuda de la década de los ochenta, más las debilidades explicadas del proteccionismo y la dependencia del sector exportador” (Calvento, 2006: 52). Estas transfor-aciones económicas también impactaron en las políticas de los llamados gobiernos neoliberales, los cuales consideraban que invertir en instituciones culturales era más un gasto innecesario que una inversión para el bienestar social de los ciudadanos. Calvento atribuye este hecho a que:

Las políticas sociales envueltas en el concepto de desarrollo social (inversión) perecieron. En su lugar fue instaurado un nuevo tipo de política social donde predominaba el enfoque de verla como compensación social (gasto). Las políticas sociales eran consideradas de carácter asistencial, así como también temporarias (2006: 54).

Como consecuencia, las instituciones culturales –en particular las llamadas medios de radiodifusión pública– tuvieron que revisar sus funciones y su relación con el Estado, con el mercado y con los ciudadanos. Por otra parte, los grupos sociales se volvieron más complejos, y también sus necesidades informativas y sus procesos de participación en la vida pública. Esto sucedió sobre todo en países del centro y del norte de Europa, en Norteamérica y en Australia, donde los medios de radiodifusión pública tuvieron mayor arraigo como instituciones de la cultura en la sociedad desde la segunda mitad del siglo veinte.

Esto nos llevó a preguntarnos cómo experimentaban la transformación de la noción de servicio público los sistemas de radiodifusión pública en el mundo; en especial, cómo atendían a sectores sociales más plurales y diversos. Asimismo, cuestionamos su legitimidad en la sociedad al ser instituciones de servicio público en momentos de expansión del mercado audiovisual y de la alta tendencia a la concentración de medios en manos privadas.

Es un hecho que esta noción sufrió transformaciones desde el inicio del periodo neoliberal; ya no se entendía únicamente como un servicio ofrecido por el Estado, sino uno en cuya gestión participaban activamente diversos sectores de la sociedad. La mayoría de los gobiernos en el mundo recortaron, desde la década de los ochenta, los presupuestos de la radiodifusión pública, porque consideraban que esta no era rentable. Por el contrario, la radio comercial, como particular, podía invertir en tecnología, atraer a anunciantes y allegarse con mayor facilidad interlocutores sociales que buscaran visibilidad mediática.

Al respecto, John Keane (1997) explica que, como consecuencia de estas políticas, en Europa, con excepción de la BBC y de las cadenas alemanas ARD y ZDF, las radiodifusoras se rezagaron en la incorporación de nueva tecnología. Las corporaciones públicas se vieron obligadas a firmar convenios de coproducción, privatizar o a subcontratar algunos de sus equipos –servicios e instalaciones de producción– así como a participar en empresas de comercialización internacional.

Kane agrega que la tendencia a la autocomercialización “debilita la legitimidad del modelo de servicio público al desdibujar la singularidad de su programación y dar fuerza a los promotores de la desregularización en su cruzada para marginar a la radiodifusión pública” (Keane, 1997). Esto es, de hecho, lo que condujo a que las cadenas privadas proliferaran y se convirtieran en competencia para la radiodifusión pública, al constituir una mejor oferta de contenidos temáticos.

A medida que el neoliberalismo se consolidaba como una lógica política imperante en el marco del capitalismo, en diferentes regiones del mundo se dio la discusión sobre si era viable que los Estados-nación siguieran apoyando económicamente a la radiodifusión pública. Aunque el debate presentaba distintos enfoques en cada país, predominaban dos posturas: la primera sostenía que el Estado tenía que privatizar la radiodifusión pública al asumir que implicaba un gasto innecesario para los contribuyentes, pues, entre otras cosas, suponía que estos medios no ofrecían contenidos distintos a la radiodifusión privada. Asimismo, veían la participación económica del Estado en los medios públicos como una forma de control político, que ponía en riesgo la libertad de expresión y la pluralidad. Por el contrario, la segunda defendía a la radiodifusión de servicio público como un derecho de comunicación, el cual debía garantizar, entre otras cosas, la libertad de expresión, el desarrollo político y cultural y el derecho a la información.

Por otra parte, la radiodifusión comercial cumplía funciones sociales diferentes a los modelos de radiodifusión pública. Establecía vínculos más estrechos con el mercado a través de la venta de espacios publicitarios. En algunos países –como Italia– la relación con el Estado fue favorable, ya que se ofrecieron mejores condiciones económicas y políticas para la explotación del espacio radioeléctrico.

De acuerdo con Graciela Martínez, “las tres emisoras de la [radio pública italiana] (rai) compiten con 1 500 privadas” (2007: 173). Asimismo, en ese país se permitió la concentración monopólica a cambio de beneficiar a las elites políticas y empresariales –la ideología del statu quo–. Así, el principal objetivo era la rentabilidad económica y no el servicio público, aunque en teoría las radiodifusoras debían ofrecer este servicio.

En Italia, y en otras naciones latinoamericanas, como Venezuela, los gobiernos cometieron abusos al utilizar estos medios para trasmitir propaganda. Esto suscitó que algunos regímenes, como el mismo italiano y otros en América Latina, desde la década de los años ochenta, privatizaran y cerraran las operaciones de los sistemas de radiodifusión estatal. En otros, como en España, la radiodifusión pública se fue fortaleciendo desde principios de este siglo como parte de la consolidación democrática de las instituciones del Estado.

También en Italia se flexibilizaron las leyes para favorecer a la radiodifusión privada, lo que hizo que acaparara el mercado. En ocasiones, como ya adelantamos, estos medios fueron los canales de comunicación pública de los gobiernos por medio de los cuales los altos oficiales informaban a los ciudadanos sobre los grandes temas de la sociedad (el desempleo, las políticas económicas, etc.). Sus tratamientos eran críticos y profundos solo cuando convenía defender a sectores sociales y elites en el poder y de acuerdo con intereses económicos y políticos de los dueños de las emisoras.

Los intereses de los empresarios, las condiciones del mercado y la flexibilización de las leyes en Estados Unidos, Italia, Brasil y México (Bustamante, 1999: 87) provocaron que, desde la década de los ochenta del siglo pasado, la radiodifusión privada se concentrara en pocas manos e impusiera las condiciones para que operara la comunicación masiva. Esta situación contribuyó a que estos países apoyaran ampliamente a los medios comerciales, mientras que la radiodifusión de servicio público, en la mayoría de los casos, era relegada.

Especialistas y realizadores alrededor del mundo (Bustamante, 1999; F. Ortega, 2003; P. Ortega, 2006; Fernández, 2003, entre otros) han dado evidencias de cómo, en diferentes naciones, las radios comerciales operaron con base en el lucro y no en el interés público. Este hecho determinó la orientación de sus contenidos y los Estados-nación no les fincaron responsabilidad; tampoco elaboraron marcos jurídicos que las obligaran a tener un mayor compromiso con la sociedad.

El servicio público parecía haberse entendido desde esta perspectiva como servicio social a la comunidad. Autores como Félix Ortega han llamado a este fenómeno privatización del espacio público, porque “lo público por antonomasia ha pasado a tener su sede en los medios de comunicación. Con su auge y creciente protagonismo, no solo ha cambiado el concepto mismo de lo público, sino también el de la política” (2004: 7).

A pesar de ello, en modelos de radiodifusión pública en Europa, Norteamérica y Oceanía se hicieron grandes esfuerzos para producir contenidos que contribuyeran a enriquecer la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, sistemas como la Organización Holandesa para la Radiodifusión Pública (Dutch Public Broadcasting Organization (pbo) (Evers, 2009) y la Radio Pública Nacional (National Public Radio (npr) (Martell, 2010), en Estados Unidos, pusieron en marcha políticas para incluir más realizaciones sobre migrantes en su programación. Estas radios también se interesaron en reforzar su responsabilidad ética y social con la población, proveer contenidos de calidad y responder de manera óptima a las problemáticas de grupos más plurales y diversos.

Producir contenidos de utilidad social ha sido, hasta nuestros días, una manera de distinguirse de la oferta de la radiodifusión comercial. Asimismo, la radiodifusión de servicio público se ha tenido que interesar en ese tema para hacer frente a la competencia de la radiodifusión privada. Por esta razón, autores como Nicholas Garnham (cit. en Keane, 1997) consideran que la radiodifusión pública en los países socialdemócratas europeos es superior a la normada por el mercado, dado que ofrece a todos los ciudadanos información, educación y entretenimiento de alta calidad, sin el objetivo de obtener rentabilidad financiera.

En las llamadas sociedades democráticas, el Estado tiene la obligación de garantizar los mecanismos para llevar a cabo el debate social, porque es la entidad que organiza el espacio público a través de las instituciones (F. Ortega, 2004). Desde la posguerra, los sistemas de radiodifusión pública en países de Europa, en Norteamérica y en Australia han fungido como canales de comunicación que amplían y potencializan la discusión de los asuntos políticos y sociales en el espacio público, para coadyuvar al desarrollo democrático y cultural de la sociedad. En este siglo, estos sistemas han sido revalorados por algunos sectores de la población, que se han dado cuenta de que el sistema comercial no pone en práctica el servicio público y han entendido que es necesario que se fortalezcan, no como sistemas dependientes del gobierno, sino como entes autónomos en los cuales la sociedad tenga participación.

A principios de este siglo, los gobiernos de Australia, Canadá, Dinamarca y Finlandia generaron mecanismos políticos y económicos para enfrentar las condiciones del mercado. En esa línea, impusieron a la radio comercial directrices específicas en los contenidos –como el uso del idioma– que enaltecieran la identidad nacional.

A diferencia de estos países socialdemócratas, y en la mayoría de las naciones de América Latina, donde incluso fueron condescendientes con la función y la responsabilidad de los medios privados, México fue uno de los países en donde al Estado no le interesó desarrollar una radiodifusión de servicio público; tampoco establecer un marco jurídico que garantizara que este pudiera contribuir al desarrollo cultural del país y al fortalecimiento del derecho de los ciudadanos a la comunicación. Históricamente, el Estado mexicano apoyó la expansión de la radiodifusión privada, mantuvo una inadecuada ley de radiodifusión y, con frecuencia, se subordinó a las exigencias del mercado audiovisual. Por ello, dejó un campo fértil para el desarrollo exitoso de los monopolios y del modelo de radiodifusión comercial (Alva, 2000); sin embargo, tal modelo no respondió a la sociedad con contenidos de calidad, solo lo hizo al interés particular de los grupos de poder político y económico. Alva ha estudiado el desarrollo de los modelos de radiodifusión en México; al respecto, anota:

Desde los inicios de la radiodifusión mexicana, la participación de las emisoras llamadas “culturales” […] ha sido minoritaria frente a las estaciones comerciales, que saturan el medio con sus mensajes y captan el mayor número de radioescuchas […] El funcionamiento de la radio se ha apegado a un modelo en el que el manejo del medio se considera como campo natural del sector privado y en el cual el Estado ha participado de manera minoritaria […] El Estado mexicano se ha visto periódicamente obligado a legitimar su poder frente a los industriales de radio y televisión, quienes debido a su injerencia en el avance e incremento de los recursos tecnológicos propios de la información colectiva sostienen una posición hegemónica frente al Estado (1982: 42, 43 y 56).

Históricamente en México, la alta concentración y la hegemonía de la radiodifusión comercial, además de su complicidad con los gobiernos en turno y con la elite política y empresarial, se han reflejado en contenidos que buscan grandes audiencias y rentabilidad. Salvo ciertos contenidos, en el modelo comercial mexicano la producción y la difusión de la programación han estado sujetas a la rentabilidad, al rating y al éxito comercial a costa de la responsabilidad ética de las emisoras ante la sociedad. Tanto la radio como la televisión han abierto y cerrado la discusión sobre asuntos públicos a conveniencia de los grupos de poder a los que representan, y exaltan los valores y las aspiraciones de una sociedad vertida en el consumo. Por otra parte, ha habido apatía constante de gran parte de la población para señalar los abusos del mercado audiovisual.

Solo algunos sectores más activos de la sociedad manifestaron su descontento desde hace varias décadas. Esto dio lugar a un debate sobre la responsabilidad social de los medios electrónicos, el vacío jurídico que existía para regular a las grandes empresas de comunicación y la ausencia de definición jurídica para legislar los medios no comerciales. Inicialmente participó en la discusión un sector reducido de académicos y políticos.

Fátima Fernández considera que acontecimientos nacionales e internacionales motivaron esta discusión:

Uno fue la reforma política de 1977, cuya discusión sobre el derecho a la información se realizó entre febrero y agosto de 1980; el otro, la publicación del Informe MacBride […] presentado por la Comisión Internacional de Estudios sobre Problemas de la Comunicación y adoptado por la XXI Conferencia General de la unesco. El informe, que propuso el concepto de “nuevo orden mundial de la información y la comunicación”, fue aprobado por los 153 países asistentes a la citada conferencia, incluido México (2002: 120-121).

El debate se prolongó hasta la siguiente década y atrajo la atención de otros periodistas, académicos y especialistas en medios. Sin embargo, sus esfuerzos no lograron regular de manera equitativa las condiciones de los medios de comunicación, principalmente porque tropezaron con la falta de voluntad política de los gobiernos en turno y con el poder alcanzado por las empresas de radiodifusión comercial.

Al cambio de siglo, al enfrentar los excesos en la concentración y los contenidos de poca o nula utilidad social difundidos por las radiodifusoras comerciales, cada vez más ciudadanos vieron la necesidad de fortalecer el servicio público en la radiodifusión estatal y cultural; esto dio lugar a que la discusión se ampliara a más sectores de la sociedad: grupos de periodistas, especialistas en medios, académicos, realizadores, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales. Algunos políticos empezaron a introducir el tema en sus agendas, aunque no necesariamente como asunto preponderante; otros usuarios de las radios estatales, incluso estudiantes, se fueron acercando al tema con mayor seriedad. Sin embargo, en el debate, el Estado mexicano no fijó una postura en cuanto a la definición de este servicio.

En 2000, la alternancia de poderes en el gobierno federal, liderada por el Partido Acción Nacional (pan), generó ciertas expectativas de cambio entre algunos sectores sociales más escolarizados e informados respecto a la estructura de los medios de comunicación audiovisual. Pero, una vez al mando, el Ejecutivo, lejos de atender los reclamos de la sociedad y garantizar la transformación de la estructura de los medios, en especial la de la radiodifusión estatal, apoyó el mercado audiovisual, en particular a Televisa y a Televisión Azteca. Este respaldo dio pie a que estas empresas televisivas cometieran abusos en la operación de sus concesiones. Algunos ejemplos de estos privilegios fueron:

1.     El decreto presidencial de 10 de octubre de 2002. Los mexicanos amanecimos en medio de un albazo legislativo emitido por el Ejecutivo, en el cual se decretaba un acuerdo presidencial sobre el manejo de 12.5% de los tiempos de Estado y un nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Pero en realidad el gobierno federal ignoraba con dicho decreto el trabajo que se había venido realizando con la iniciativa de reforma integral de los medios electrónicos de 2001.

 

2.     La ley Televisa. El primero de diciembre de 2005 un nuevo anuncio legislativo sorprendió: 327 diputados votaron a favor, por unanimidad, una minuta –se dictaminó y aprobó en siete minutos– para reformar las leyes de Telecomunicaciones, Radio y Televisión.1 Durante cuatro meses hubo intensos debates al respecto en distintos ámbitos de la sociedad. Incluso medios gubernamentales como Radio Educación, el Imer y el Canal Once se opusieron públicamente a la minuta. En contraparte, la cirt, Televisa y otras instituciones beneficiadas por la ley (la cual comenzó a ser llamada ley Televisa) hicieron campaña a favor de esta en sus televisoras y radiodifusoras. El Ejecutivo expresó abiertamente que se mantendría al margen de la discusión.

Estas y otras circunstancias dieron lugar a que ciertos sectores de la sociedad organizada, algunos miembros de la clase política e incluso distintos medios estatales hicieran pública su posición y profundizaran la discusión sobre la situación jurídica y normativa de los medios estatales. El debate albergó diversos aspectos: la ley Televisa, la negligencia del gobierno panista para garantizar la pluralidad y la diversidad en los medios, los excesos de los dueños de los medios privados y las promesas de campaña que había hecho el presidente Vicente Fox sobre la transformación de los medios de gobierno en medios de Estado; hubo foros organizados por medios estatales y la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral del Marco Jurídico de los Medios Electrónicos, una iniciativa de la Secretaría de Gobernación, que se efectuó el 5 de marzo de 2001 (P. Ortega, 2005). Todo esto evidenció la necesidad de una presencia más fuerte de medios estatales con una vocación de servicio público en nuestro país.

En particular, estaciones estatales como Radio Educación y el Imer jugaron un papel más activo en el debate acerca de la necesidad de tener un servicio público de radio que contribuyera al bienestar social, al desarrollo cultural de los mexicanos y a lograr una estructura más equitativa de medios. El debate se centró sobre todo en el desarrollo del marco jurídico; asimismo, fue trascendental la discusión en torno al rol que jugaban las radios estatales que aspiraban a cumplir con el perfil de servicio público: cómo estas podían promover la participación social, tener una legislación que las incluyera y un modelo de financiamiento que permitiera su autonomía respecto al gobierno y a los grupos de poder económico, y de qué manera se insertarían a la transición digital, etcétera.

Todo lo anterior nos llevó a centrar este análisis en el primer sexenio presidencial del siglo XXI, momento histórico en la vida nacional. Hemos querido retratar la etapa previa a la emisión de una ley que fue aprobada en 2014 y que garantiza lo anterior. Era necesario decir, desde una mirada académica, cómo se había transitado hacia la promulgación de la ley. Esto nos permitiría organizar la discusión histórica sobre los medios estatales en México y entender una nueva etapa histórica para el desarrollo de estos y su relación con el Estado y la sociedad.

Durante el sexenio del presidente Fox (2001-2006), un sector de periodistas, académicos y especialistas de los medios inmersos en el debate centraron el eje de la discusión en demandar al Ejecutivo y al Legislativo que hubiera condiciones equitativas para desarrollar el servicio público en la radiodifusión estatal y un reconocimiento jurídico a otros medios distintos a los comerciales. El servicio público no gozaba de naturaleza jurídica en la Ley Federal de Radiodifusión. Pero, al mismo tiempo, el debate reflejaba que en el país había un entorno sociopolítico para desarrollar el servicio público de radiodifusión: 1) cambios institucionales hacia la transición democrática; 2) la existencia de una amplia estructura de medios del Estado; 3) algunas radiodifusoras estatales daban cabida a expresiones diversas de la cultura, a una agenda informativa que presentaba ángulos de análisis y temáticas distintas a la comercial, así como los criterios éticos y el manejo de valores sociales; también desarrollaron un estilo de producción radiofónico diferente a aquél de la radio comercial y consiguieron tener presencia entre sectores plurales de la sociedad, entre otras condiciones que se analizarán a lo largo de este libro.

En este debate se dejó de lado, en gran parte, la contribución que estos medios habían hecho en la construcción de un referente de programación con utilidad social que, en la práctica, cumplía con ciertos principios del servicio público, como se verá más adelante. Por tal motivo, era importante revalorar lo que estos medios habían sido para algunos grupos de la sociedad y la influencia que podían tener en caso de ser valorados por el Estado y la sociedad.2

Lo más importante es que desde principios de este siglo se intensificó el debate sobre el papel que debía y podía tener la radiodifusión pública en la construcción de nuestra democracia. En ese contexto, las radiodifusoras estatales fueron enfáticas en autodenominarse como radios con vocación de servicio público y fueron conscientes de la importancia que podían tener en la construcción e institucionalización de dicho servicio.

La radio estatal y cultural, entre estas Radio Educación, Radio unam, Radio Universidad de Guadalajara, y algunas emisoras del Imer como Horizonte, eran ejemplos de estaciones cuya propuesta de programación era diferente a la de la radio comercial a principios de este siglo y a pesar de que, en ocasiones, eran presas de los intereses políticos de quienes las dirigían o de los gobiernos en turno que, desde el siglo XX, habían construido una audiencia leal; se habían acercado a distintos grupos de la sociedad para discutir temas que no se tocaban en el cuadrante comercial o, si lo hacían, se llevaba a cabo de forma parcial y superficial.

Hasta aquí, hemos identificado algunos hechos que describían la situación de la radio estatal en México a principios del siglo XXI, los cuales podemos resumir en los siguientes puntos:

              1 Hubo una constante inconsecuencia del Estado                            mexicano en relación con las radiodifusoras estatales.                     Algunos gobernadores en turno creaban emisoras, luego las         dejaban en el olvido presupuestal o las usaban para sus                fines políticos y partidistas.

              2 No había voluntad política de los gobiernos para                          legislar el servicio público o para otorgar a las radios                        autonomía política y jurídica que les permitiera                                     independencia con el gobierno o buscar fuentes alternativas         de financiamiento al erario. La discusión sobre la reforma de            ley para medios públicos no había sido históricamente una             prioridad dentro de la agenda política de los gobiernos y las               legislaturas.

              3 A pesar de que había esfuerzos por parte de algunos                 grupos y organizaciones sociales, no hubo una respuesta             que involucrara a una gran franja de la sociedad; tampoco lo           hubo en la creación de leyes que respaldaran la difusión del         servicio público como garante del bienestar social.

              4 No obstante que hubo un desarrollo desigual de las                     estructuras de la radio comercial y estatal, en ese momento     se contaba con un amplio número de radios sin fines de                     lucro.

Dentro de la estructura de la radio estatal, Radio Educación había jugado un papel muy importante: había cumplido una función cultural y social que la convirtió en un referente de utilidad social para los escuchas; había sido una de las estaciones que se definía a sí misma como radio con vocación de servicio público. Desde principios de la década de los setenta, los realizadores de Radio Educación intentaron atender a públicos más diversos, transmitir una agenda noticiosa y cultural en la que se trataban contenidos distintos a aquellos escuchados en otras emisoras. Como se observará más adelante, a principios de este siglo sus contenidos se fueron fortaleciendo y sus realizadores fueron participando activamente en el debate sobre la necesidad de aumentar la presen­cia­ de la radiodifusión estatal en México. Estas acciones le fueron dando a la estación una legitimidad institucional frente a ciertos grupos de la sociedad.

En el debate nacional sobre servicio público algunos académicos y políticos percibían a Radio Educación como una emisora que se había esforzado por ser un ejemplo de radio estatal, con una programación de servicio público que intentaba asemejarse al ideal de radio pública. En esta se transmitían contenidos de utilidad social que promovía principios (como pluralidad cultural y política, y diversidad a lo largo de la barra programática) y era financiada con recursos públicos sin fines de lucro. La emisora contribuía de manera cotidiana a tener una audiencia crítica y una expresión cultural diversa a lo largo de los años, mantener cierta independencia política y editorial con el gobierno y lograr este servicio con principios y características en su programación.

El planteamiento de estas premisas apuntaba a reconocer que Radio Educación había ayudado a desarrollar dichos principios y valores en su quehacer diario. También, a que probablemente había dado las condiciones para la discusión en la vida pública. Algunos de sus realizadores y funcionarios se sumaron al debate participando en foros y eventos internacionales, demandando propuestas concretas sobre el papel de estos medios, mejores condiciones de trabajo y que se legislara el servicio público de radiodifusión.

Este trabajo no soslaya la importancia del debate en torno al sustento jurídico para la radiodifusión no comercial, que se agudizó durante el sexenio de Fox; pero pone mayor énfasis no solo en rescatar a qué se le nombraba radiodifusión con vocación pública sino también en el papel que cumplía en esos momentos: proponer un análisis para evaluar la función de las radios estatales. Asimismo, era interesante conocer el rol cultural y político de estas para algunos sectores de la sociedad, a pesar de algunas condiciones (hegemonía de la radio comercial: un estado que privilegiaba el uso comercial de los medios sobre el uso social y la indefinición jurídica).

A pesar de que Radio Educación no contaba con algunas condiciones, como un régimen jurídico que definiera este servicio y garantizara su autonomía, queremos evidenciar que sí desarrollaba algunos principios y funciones del servicio público, que se manifestaban desde la consolidación de su programación y que contribuían a su edificación. Estas características se habían conformado desde décadas atrás y se habían fortalecido en la primera década del siglo.

Para efectos de nuestro estudio de caso, Radio Educación será nuestro tema de investigación. Por consiguiente, aunque en este trabajo nos enfocaremos en la programación, esta se analizará de acuerdo con las características y condiciones del servicio público antes mencionadas (financiamiento, estructura, políticas institucionales, marco jurídico). Estos factores determinan, hasta cierto punto, en el modelo de servicio público, las estrategias de programación y la calidad de los contenidos. Al ser la programación nuestro eje de análisis nos conduce a situarnos en la descripción de los contenidos de la barra programática y en aquellos realizadores que producen los programas de radio.

De inicio, formulamos la pregunta de investigación e hipótesis que es el eje temático de este libro: ¿Cómo contribuye Radio Educación a la construcción de la noción del servicio público en México en la primera década del siglo veintiuno?

• Es el contenido de los programas radiofónicos la principal característica que define al servicio público de radio, porque a través de contenidos de utilidad social el medio puede ofrecer las herramientas necesarias para fortalecer la identidad de los ciudadanos, ejercer la libertad de expresión y tener acceso a la información pública.

• Se pueden encontrar características de la función de servicio público en la barra programática de Radio Educación, debido a la calidad de la información y a la función social que cumplen sus contenidos.

• La barra programática tiene ciertos rasgos de servicio público, porque en gran parte de los contenidos se orientan valores públicos (el diálogo y la discusión) y valores sociales (la justicia, la tolerancia y la democracia), los cuales contribuyen al bienestar social, cultural y educativo y al fortalecimiento de la identidad ciudadana de los escuchas; además, contribuyen a ampliar la discusión del espacio público.

• La barra programática cumple con determinadas características de la función del servicio público, porque en ella se promueve la diversidad y pluralidad cultural y política.

• A pesar de que no existía una legislación que respaldara el cumplimiento de la función del servicio público en México, el desarrollo de la programación y los esfuerzos en la producción contribuyeron a fortalecer las características de este en los contenidos programáticos de Radio Educación.

El planteamiento de la pregunta-hipótesis nos permitió delinear el objetivo general de la investigación: explicar cuál ha sido la contribución de Radio Educación en la construcción de principios y valores que constituyen la noción de servicio público de radio.

Lo anterior nos permitió delinear los objetivos específicos:

• Explicar la función del servicio público de radio en el neoliberalismo.

• Analizar la transformación de la participación del Estado en el espacio público en las condiciones del neoliberalismo.

• Describir experiencias internacionales sobre el debate académico del concepto del servicio público de radiodifusión.

• Identificar las características de la noción del servicio público en distintos contextos internacionales en el marco neoliberal.

• Definir el servicio público de radio a partir del debate académico sobre el concepto de lo público.

• Manifestar la función social de la programación de Radio Educación y el servicio público desde el imaginario social de los realizadores.

En un plano más amplio, pretendimos que los objetivos ofrecieran elementos para analizar, a través del estudio de la programación en Radio Educación y del trabajo de producción de los realizadores, cuál era la contribución de esta al desarrollo cultural de la zona metropolitana, además de la ampliación del debate del espacio público sobre la construcción del servicio público de radio.

A partir de la hipótesis y los objetivos establecimos la delimitación de nuestro objeto: el estudio de la construcción de la utilidad social de los contenidos y principios que constituyen la función del servicio público en Radio Educación en el siglo veintiuno.

Para llegar a ello se realizó un análisis de la barra programática transmitida del 17 al 23 de octubre de 2005. El trabajo se abordó desde una perspectiva teórico-conceptual del espacio y servicio públicos y desde un análisis metodológico descriptivo y cualitativo/interpretativo.3

A partir de esta delimitación se fue delineando el abordaje del objeto de estudio: el problema conceptual de la idea de servicio público.

1. Abordar el tema del problema conceptual, después de formular la pregunta de investigación y las hipótesis, se convirtió en una ardua tarea a lo largo de este estudio. En primer lugar, porque hablaríamos del servicio público, un concepto definido de distintas maneras y cuyo significado cambiaba de acuerdo con el contexto en el que se desarrollaba.

Esta situación nos llevó a más problemas conceptuales que tuvimos que resolver en cada etapa de la investigación. Por ejemplo, cómo referirnos a Radio Educación: “radio estatal”, “radio cultural”, “radio de servicio público” o “radio oficial”, etc. Las referencias hechas por periodistas, especialistas de los medios, políticos y trabajadores de Radio Educación eran tan diversas, como si el servicio público se tratara de un adjetivo de una radio oficial o gubernamental o como si hoy pudieran tener una función y mañana otra, de acuerdo con las condiciones determinadas por el gobierno en turno e incluso del mercado. Lo cierto es que Radio Educación se gestó en un principio como una radio educativa y cultural y fue considerada parte del sistema estatal de radios del país. Sin embargo, a través de los años, la estación ha mostrado un mayor compromiso con la sociedad y ha realizado funciones sociales que van más allá de apoyar la educación formal, como inicialmente fue concebida por el Estado en 1968.

Consideramos entonces que la manera apropiada de referirnos a ella sería como una radio estatal con vocación, aspiración, orientación o enfoque de servicio público. El término radio estatal define a Radio Educación como un sistema de radiodifusión sin lucro, propiedad del Estado, y que se diferencia de los intereses de la radio comercial; esto nos evitará confusiones. Para Radio Educación, en el periodo estudiado, su función social era informar, educar, entretener y difundir la cultura, y para ello pretendía trasmitir contenidos de utilidad que reflejaran principios como la pluralidad cultural y política y la diversidad. Si bien estos rasgos son propios del servicio público de radiodifusión, a lo largo de este estudio no podíamos adelantarnos a afirmar que Radio Educación era una estación de servicio público, porque hay otras características, aparte de los contenidos, que lo determinan.

2. El estado de la cuestión. En México y en otras naciones se han hecho trabajos importantes relacionados con el tema del servicio público de radiodifusión, los cuales han sido referencias esenciales para orientar el contenido de este libro. Alva y Rebeil (2000) sistematizan la información sobre el desarrollo de la radio no comercial en México, donde se discute la situación de la radio estatal. Asimismo, Romo (1990) describe el desarrollo de la radio estatal en el país. Winocur (2002; 2007) ha estudiado la contribución de la radio en la conformación ciudadana y en la ampliación del espacio público. En México, Patricia Ortega (2002 y 2007), ha identificado las características del servicio público y definido la noción de los medios públicos de radiodifusión como rasgo principal. Su trabajo lo ha concebido en la televisión, pero igualmente ha aportado elementos trascendentales que pueden ser aplicados a la llamada radio pública; en especial porque la relación de la tv pública con la sociedad y el Estado tiene características similares a las de aquella.

Otros trabajos que estudian el tema de Radio Educación son los de Pi Orozco (2001) y las memorias editadas por Radio Educación (2008). La investigación empírica de Navarro y Villanueva (2008) aporta también información invaluable sobre la normatividad de los llamados medios públicos en México.

Gran parte de las posturas sobre el debate, desde la perspectiva de distintos grupos sociales acerca de los medios públicos, han sido sistematizadas en publicaciones editadas por el Congreso de la Unión, instituciones académicas y fundaciones internacionales. De ahí se han editado trabajos que integran planteamientos de diversos especialistas nacionales e internacionales y experiencias de trabajadores de los medios públicos, así como propuestas de funcionarios públicos (Solís, 2000, 2002 y 2005). Algunas de estas deliberaciones incluyen discusiones puntuales acerca de Radio Educación.

Los trabajos de Esteinou (2001, 2005 y 2006a) ofrecen una visión crítica, que ha sido retomada para esta investigación, pues ha analizado la relación de los medios estatales con el Estado y la sociedad. Asimismo, ha rescatado el potencial sociopolítico de estos medios para el desarrollo democrático del país.

Cisneros (2007), Keane (1997), F. Ortega (2004), P. Ortega (2006) y Rabotnikof (1995) son autores que, desde la economía política crítica y la filosofía, han estudiado a fondo la transformación del espacio público en las sociedades contemporáneas y el papel de los medios de radiodifusión pública en el espacio público. Sus postulados fueron trascendentales para entender cómo el servicio público de radiodifusión sigue siendo un garante importante del Estado para ampliar la discusión en el espacio público.

Después de estudiar el papel del servicio público de radiodifusión en el plano ideal, algunos conceptos internacionales que discuten su transformación en distintas partes del mundo proveyeron insumos conceptuales necesarios para conocer cómo se constituía la noción del servicio público en el marco del neoliberalismo. Entre estos se encuentran los estudios de Bustamante (2001), Tremblay (1988), Fuenzalida (2000 y 2002), P. Ortega (2007) y Serrano (2006). No obstante que las naciones en las que se centra el debate tienen sistemas políticos diferentes al nuestro, discuten la manera en que el servicio público, promovido desde la radiodifusión pública, ha enfrentado problemáticas como la diversidad, la pluralidad política y cultural, la participación, la autonomía política y financiera, entre otras.

3. El abordaje metodológico. El desvanecimiento de fronteras entre las disciplinas de las ciencias sociales en las últimas décadas ha enriquecido el entendimiento de los fenómenos complejos. En particular, estudiosos de la comunicación se han acercado a sus objetos de estudio a través de metodologías, técnicas y perspectivas teóricas que pertenecen a la sicología, la sociología y la antropología, entre otras. Como resultado, muchos científicos sociales han utilizado un modelo interpretativo y de caso, y no uno únicamente teórico basado en elementos históricos. En tiempos recientes, la teoría ha optado por “referentes empíricos” por encima de lenguajes abstractos o, en otras palabras, se explica a partir de la interpretación de datos obtenidos de las experiencias individuales relatadas por los sujetos sociales que participan en un determinado estudio. En la investigación de las ciencias sociales, las vivencias de los sujetos deben ocupar un sitio central como reconocimiento de su papel dentro de prácticas sociales (Cornejo, 2007). Por ello, el trabajo de campo en esta investigación partió de un estudio que abarca la observación, las entrevistas semiestructuradas y la descripción estadística.

Hemos dicho que en este análisis nos interesa estudiar primordialmente cómo se reflejaban la función social y los principios del servicio público en los contenidos de Radio Educación, para conocer la manera en que el medio contribuía a la construcción de la noción del servicio público en México en la primera década del siglo XXI. Aquí privilegiaremos el debate desde la mirada de los realizadores de la emisora. No profundizaremos en las otras características (como el financiamiento) ni en las condiciones (estructura de la organización; políticas institucionales, marco jurídico) que determinan este servicio, solo analizaremos su impacto y su relación con la programación.

Este estudio está organizado en cuatro capítulos. En el primero, “La transformación del Espacio público en el neoliberalismo”, se ubica la parte teórico-conceptual. En este explicaremos los conceptos a utilizar en esta investigación; también, cómo el servicio público de radiodifusión contribuye a potencializar la discusión del espacio público, ya que es a través de este servicio que el Estado amplía la discusión de los asuntos públicos en la sociedad. Discutiremos, además, algunas características de los cambios del espacio público en el neoliberalismo que responden a transformaciones económicas y políticas de las sociedades contemporáneas.

Estudiar la evolución del concepto del espacio público en el neoliberalismo es esencial, ya que nuestro objeto de estudio se enmarca en este momento histórico. En el contexto neoliberal, el Estado (particularmente en México) ha reducido su participación en asuntos de la vida pública, los cuales son primordiales para garantizar el bienestar social. De aquí que instituciones culturales en varios países europeos y norteamericanos que han ofrecido el servicio público, han tenido que ajustar su papel en el espacio público para fortalecer su servicio y satisfacer las necesidades informativas y de entretenimiento de sociedades cada vez más complejas.

En el segundo capítulo, “La noción de servicio público de radio en el neoliberalismo: el debate internacional”, se define el concepto de servicio público en dos partes: la primera explica el debate sobre el concepto de lo público y se divide a principios del siglo XXI, además de hacer un recorrido sobre el debate en diferentes contextos sociopolíticos. Este ejercicio nos brindó elementos para conocer las características que lo conformaban en distintos contextos internacionales regidos por gobiernos neoliberales, y nos permitió saber cuáles eran algunos de los problemas a los que se enfrentaban para poder atender a minorías y mayorías sociales. En la segunda parte, proponemos una definición propia y jerarquizamos sus dimensiones, que más tarde nos permitirán evaluar el caso de Radio Educación.

En el tercer capítulo, “Políticas neoliberales y la radio estatal en México”, describimos la relación entre Estado, Radio Educación y sociedad, desde 1968, para entender cómo la emisora contribuía a la construcción del servicio público a comienzos del siglo XXI justo cuando en el país habían regido gobiernos neoliberales. Estudiar sobre algunos aspectos históricos de la emisora también nos sirvió para conocer por qué se tuvo la aspiración de ejercer dicha función y cómo se fueron cimentando algunas actividades del servicio público en su programación.

En el cuarto capítulo, “La barra programática en Radio Educación”, explicamos la manera en que se cumplían las funciones sociales y las características del servicio público en los contenidos de Radio Educación y la idea de servicio público que emanaba desde el imaginario social de los realizadores a través de sus actividades de producción. Aquí presentamos los resultados de nuestro trabajo. Nuestra pretensión es ofrecer evidencias para evaluar cuáles eran las condiciones de Radio Educación en el marco del neoliberalismo y de qué manera esta contribuía a ampliar la discusión del espacio público. Particularmente, se analiza la función social de los contenidos (informativa, difusión de la cultura, educativa). Luego, otras características de lo público como pluralidad, participación, autonomía editorial. Estas dimensiones fueron tomadas de la definición que propusimos sobre el servicio público en el capítulo II.

Realizamos este estudio de caso desde el punto de vista del programador del mensaje, es decir, desde la perspectiva de los realizadores de los programas y no de la audiencia. Por ello, en este análisis era necesario conocer de qué manera ellos contribuían a producir contenidos de utilidad social y cómo entendían las características de lo público, además de promover la participación en los contenidos. En la cotidianidad de las emisoras, los realizadores tienen una gran responsabilidad por aterrizar los principios del servicio público en la programación.

4. Alcances y limitaciones. Todo trabajo de investigación es inconcluso, pues solo se estudia una parte de una realidad, cambiante y compleja; la actividad de investigar es una tarea en constante construcción. Este no es la excepción a esta premisa. En la investigación dejamos de lado ciertos aspectos, quizá importantes, y no profundizamos en otros tanto como hubiéramos querido; sin embargo, esto no fue motivo para no poder dar una respuesta a nuestro objetivo general.

Esta obra tiene varias aportaciones, entre ellas la metodología utilizada para estudiar el servicio público. La investigación abre campo en el estudio de este en México desde esta perspectiva metodológica, ya que construye datos empíricos respecto de la situación de Radio Educación durante la administración del presidente Vicente Fox.

Por otra parte, hemos abordado un tema muy complejo. Salirse de rutinas de pensamiento de las ciencias sociales implica hacer amalgama con conceptos, técnicas y postulados de otras disciplinas; requiere de explicaciones en las que el investigador se encuentra con limitaciones al interpretar el objeto de estudio, y donde fácilmente se pueden cometer errores. Pero este también es el reto del campo de la comunicación. Porque al abordar los fenómenos de la cultura desde distintas perspectivas, se contribuye a fortalecer un campo que, como lo denominan varios autores, es altamente híbrido (Giménez, 2004; Cornejo, 2007):

1. Para Javier Esteinou, “dicha propuesta, no consideró ninguna de las más de 18 000 propuestas presentadas en los últimos 40 años por intelectuales, partidos políticos, académicos, sociedad civil, especialistas, sectores gubernamentales, en foros, consultas públicas, audiencias, congresos, para discutir la reforma del sistema de radio y televisión y construir otro modelo de comunicación en México. Tampoco incluyó ninguna de las conclusiones de los trabajos realizados durante más de tres años por la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral del Marco Jurídico de los Medios Electrónicos, organizada por la Secretaría de Gobernación y los avances logrados a lo largo de cuatro años de trabajo de la Conferencia Interparlamentaria y la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para el sector de las telecomunicaciones, con el fin de elaborar una relación más transparente, justa y equitativa entre el Estado, los concesionarios y la sociedad. Finalmente, tampoco contempló ninguno de los postulados estratégicos de la Iniciativa Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que ya tenía muy avanzado el Senado de la República. Por el contrario, cínica y prepotentemente solo se incluyeron la protección y la ampliación de los intereses de los grandes monopolios mediáticos, especialmente de Televisa y Televisión Azteca” (entrevista con Esteinou, 28 de abril de 2006).

2. El debate entre este sector se centró en discutir sobre la ausencia de una ley que definiera las funciones y responsabilidades del servicio público de radiodifusión en México y cómo había dejado a los medios, que pertenecían al Ejecutivo y al gobierno de los estados, la decisión de los intereses de los gobiernos en turno.

3. Aunque la investigación se centró en un espectro local, es posible que tanto el planteamiento como los hallazgos de esta investigación inviten al diálogo para entender al servicio público de radiodifusión en otras ciudades, como Guadalajara, donde existe mayor fortaleza de sus sistemas de radiodifusión no comercial.