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Repúblicas defraudadas • Alberto Vergara

¿Puede América Latina escapar de su atasco?

Créditos: Adelantos Editoriales
Escrito en OPINIÓN el

América Latina está molesta. Lo recogen las encuestas, lo confirma la sucesión de «estallidos sociales» en diferentes países, lo ratifica una ciudadanía que vota sin ilusión.

En este libro —escrito con la urgencia del periodista y el juicio del académico— Alberto Vergara propone que este malestar se debe a que América Latina está estancada. O, mejor, presa de un estancamiento múltiple: político, económico, social. Como consecuencia, las ciudadanías influyen poco en la política de sus países y las personas cuentan con cuotas de libertad muy desiguales. Es decir, vivimos en repúblicas que no son dignas de ese nombre.

Este ensayo nos acerca a la defraudación de las expectativas republicanas y a lo que podría hacerse para remediarla.

Fragmento del libro de Alberto Vergara Repúblicas defraudadas”, Editado por Paidós, 2023. Cortesía de publicación otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Alberto Vergara | Politólogo de Perú. Profesor en la Universidad del Pacífico (Lima, Perú). Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal y fue investigador posdoctoral en la Universidad de Harvard. Ha impartido clases sobre política latinoamericana en la Universidad de Harvard y en Sciences Po, Francia.

Repúblicas defraudadas | Alberto Vergara

#AdelantosEditoriales

 

1. La trampa de las repúblicas a medias

Conviene, pues, fundar una república

donde exista o se haya instituido

una gran igualdad, y, en cambio,

establecer un principado

donde la desigualdad sea grande,

pues de otro modo se hará algo

desproporcionado y poco duradero.

Maquiavelo

Una misma dolencia ha atrofiado y envenenado a América Latina desde que sus países se independizaron hace dos siglos: la distancia que media entre la igualdad republicana que prometieron al nacer y una vida social, económica y política signada por las inequidades. Durante dos siglos hemos cantado a la igualdad en nuestros himnos, la hemos oído en discursos políticos, refrendado en constituciones, aprendido en las escuelas, venerado en los museos y hasta palpado con familiaridad al acudir a votar. Sin embargo, su ejercicio efectivo ha sido una y otra vez incompleto. O de plano defraudado.

Desde un punto de vista político, vastas porciones de la población fueron privadas de sus derechos más esenciales por razones de sexo y riqueza, de extranjería y analfabetismo, por la corrupción del clientelismo o por la pura arbitrariedad.

En términos sociales es probable que la situación haya sido peor. Si Tocqueville puso el acento en los hábitos de la igualdad que permitían la igualdad jurídica de los norteamericanos, los latinoamericanos perfeccionamos el arte de discriminar sin renegar de las normas que establecían la igualdad. Una mezcolanza de criterios económicos, raciales y simbólicos permitió que sobreviviera el espíritu de la casta sin su codificación. Por eso Carlos Monsiváis disparó que «lo más eficaz en América Latina es ser moderno y tradicional a la vez». En la esfera económica, el mercado ha sido un espacio donde las personas han intercambiado bienes desde condiciones muy dispares y no desde la libertad que presentan los manuales. Además, muchas de las naciones erigieron su enorme desigualdad económica después de las independencias, cuando las élites criollas expandieron sus tierras, expoliando a indígenas y campesinos. Como ha mostrado Brooke Larson para los países de los Andes centrales, las grandes concentraciones de tierra en manos de los hacendados criollos ocurrieron bien entrada la independencia. Y en México, en especial durante el porfiriato, los propietarios de tierras las expandieron sin reparar en los medios y con la complicidad del Estado. En síntesis, en estos dos siglos los latinoamericanos hemos reconocido y ejercido la segregación a pesar de haber sido adoctrinados en las promesas igualitarias. Promesas sobre el bidé, sentenció un prócer continental.

¡A las calles!

En los últimos años, América Latina ha dado signos de pasar por una crisis que reproduce esta vieja dolencia y que reactiva su rechazo. Un año antes de realizar el Mundial de fútbol del 2014, los brasileños se echaron a las calles como no se había visto desde las movilizaciones de inicios de los años ochenta que exigían diretas já (elecciones presidenciales directas ya). Por aquel entonces, fue un carnaval que reclamaba democracia y el regreso de los militares a los cuarteles. Desde Luiz Inácio Lula da Silva hasta José Sarney, pasando por Fernando Henrique Cardoso, el barbado Sócrates, Elis Regina y una multitud cantando «O bêbado e a equilibrista», había un pedido claro: elecciones y sepultar una dictadura de dos décadas. Tanto los líderes de aquellas movilizaciones como sus reclamos eran sencillos de distinguir.

Fue muy diferente en el año 2013. Decenas de miles inundaron las calles, pero nadie podría resumir en una línea lo que demandaban. Tampoco era simple designar a los líderes de semejantes movilizaciones; manifestaciones que parecían surgidas de un desagrado anónimo y extendido que, con ayuda de las redes sociales, encarnaba en inesperada acción colectiva. Eran los tiempos del milagro brasileño. The Economist lo había consagrado unos años antes con aquella portada en la que el Cristo de Corcovado despegaba hacia los cielos del desarrollo. Tal como las Olimpiadas de México de 1968 provocaron el cuestionamiento del milagro mexicano, la ciudadanía brasileña salió de pronto a reclamar contra el dispendio del dinero nacional en obras ineficaces, a pedir que se diera prioridad a los maltratados servicios públicos, a sindicar a los corruptos que se llevaban lo mejor del milagro, a exigir que el transporte público no fuera una desgracia. Sin líderes visibles ni una agenda nítida, la queja estaba urdida de cuestiones políticas, legales y sociales. Se llamaba la atención sobre un sistema que no favorecía el interés general, sino prosperidades y ganadores particulares.

#YoNoTengoPresidente y #RenunciaYa fueron los hashtags que convocaron a las movilizaciones más grandes de la historia guatemalteca. Era el año 2015. El presidente Otto Pérez Molina y altos funcionarios de su Gobierno encabezaban una red de corrupción que daría lugar al caso La Línea. Se cobraban sobornos en las aduanas para adulterar la información respecto de los bienes que ingresaban al país; pronto se supo que esta era solo una entre otras estrategias para delinquir. Gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por Naciones Unidas, bolsones honestos del Poder Judicial pudieron actuar contra los responsables. El apoyo masivo de la población permitió que Pérez Molina renunciara al cargo de presidente y purgara arresto domiciliario. Como en el resto de las manifestaciones importantes que han sacudido América Latina en la última década, la movilización carecía de liderazgos sobresalientes y ponía en escena una agenda difusa, centrada en criticar a élites políticas que satisfacían su primitiva codicia. En el caso guatemalteco, la demanda era más triste que en el resto de América Latina, pues la esperanza ciudadana en purgar su sistema político pasaba por una instancia internacional. Resultaba casi la confesión de una sociedad que padece un mal autoinmune. La soberanía nacional al servicio de la corrupción. Pronto, por desgracia, fue el sistema el que purgó a la CICIG, y los guatemaltecos regresaron a su condición de ciudadanos de segunda clase, mientras los patrones siguieron haciendo y deshaciendo a su antojo.

Los mexicanos también han dado muestras recurrentes de hartazgo frente a sus políticos e instituciones ineficaces. El poeta Javier Sicilia lideró una gran ola de protestas contra el Gobierno de Felipe Calderón en 2011 tras el asesinato de su hijo y seis personas a manos de una banda de narcotraficantes. Estas manifestaciones dieron lugar a unas respuestas expresas de un Poder Ejecutivo que se vio por primera vez cuestionado con seriedad por la manera en que llevaba a cabo una sangrienta guerra contra el narco. En 2013, vuelto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder de la mano del presidente Enrique Peña Nieto, cuajó el movimiento ciudadano #YoSoy132, que había nacido un año antes durante la campaña presidencial como protesta contra la opacidad de las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación. Al poco tiempo, el asesinato atroz de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, despertó un nuevo grito de indignación ante un Estado enlazado con la ilegalidad y en el que los ciudadanos corren igual peligro ante las fuerzas del orden que ante las criminales. El caso de los cuarenta y tres estudiantes, la mayoría de ellos hijos de campesinos que estudiaban para ser maestros de primaria, generó manifestaciones por doquier. Ninguna de estas movilizaciones tenía un liderazgo definido ni una agenda de consistente dirección programática. Eran, antes que nada, aullidos de rechazo a un orden de cosas inaceptable.

En octubre de 2019 saltaron los fusibles del corazón de la estabilidad latinoamericana. Ardió Chile. Cinco millones de personas se movilizaron durante un mes, ¡en un país de diecinueve millones! Un aumento de treinta pesos en el metro de Santiago generó que los escolares se rebelasen contra la medida y fueran seguidos por una multitud de compatriotas que pronto afirmarían que las manifestaciones no eran por los treinta pesos, sino por los treinta años. Treinta años de milagro chileno. Un milagro fundado mucho más en el objetivo de acabar con la pobreza que en el de contar con una sociedad de semejantes. El vandalismo de ciertos sectores, la brutalidad policial y la desconexión del presidente Sebastián Piñera asegurando que Chile estaba «en guerra» no eliminan lo fundamental. Una sociedad que encontraba el momento de vociferar su desagrado contra un entramado promiscuo de intereses políticos y empresariales que había cocinado a fuego lento el hartazgo ciudadano. Y, de otro lado, que con madurez —callejera primero y en una votación después— reclamó no querer seguir viviendo bajo un orden constitucional manufacturado en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.

Por distintas razones, los sociólogos y politólogos peruanos siempre recalcan lo difícil que es movilizar a la ciudadanía en ese país. Fue grande el asombro cuando una marea de gente se echó a las calles en la semana del 9 de noviembre de 2020 para sacar del Palacio de Gobierno a Manuel Merino, quien, siendo presidente del Congreso y vinculado con lo peor de la política peruana, había derrocado al jefe de Estado Martín Vizcarra. El primer día de protestas, mi amigo, el artista Gabriel Acevedo, me mandó un audio de WhatsApp desde un parque del mesocrático barrio de Miraflores: «Esto nunca lo hemos visto, son miles de chibolos [jóvenes], indignados, comunicados por TikTok». Lo que ocurrió en los siguientes días confirmó la intuición pionera de Gabriel. Según las encuestas, más de tres millones de personas participaron de alguna manera en aquellas jornadas. Jóvenes y mujeres fueron el contingente más nutrido de esta defensa de la democracia nacional. Y aunque el Gobierno reprimió con brutalidad, los manifestantes no retrocedieron. Dos jóvenes murieron a manos de la policía. Pero Merino y su combo solo retuvieron el poder por seis días. Triunfaron la ciudadanía y unos jóvenes bautizados como la generación del bicentenario (Perú cumplió doscientos años de independencia en 2021), que alzaron unas banderas difusas pero potentes en contra de la clase política, en favor de la democracia, en contra de la corrupción y demandando una mejor educación. A la postre, y como tantas otras veces, el movimiento ciudadano no germinó en nuevas instituciones o políticas. Rechazó, pero no consiguió construir nada alternativo.

En Colombia, el 2019 y el 2021 quedaron atados por las movilizaciones ciudadanas más importantes en décadas. Como en otros casos, incidentes o políticas puntuales tocaron un nervio ciudadano, y sin que nadie lo anticipase, ni liderara propiamente, ni lo elaborara en términos programáticos, las calles estaban inundadas de gente protestando. En 2019, un paro de las principales centrales sindicales mutó en una muchedumbre que denunciaba al gobierno de Iván Duque y, de manera más general, el estado de cosas en Colombia. En 2021, un intento de reforma tributaria regresiva volvió a desbordar las calles. Aunque la ciudadanía logró revertir la medida y la renuncia del ministro que la había impulsado, la violencia se expandió con la participación de diversos actores, en especial a partir de la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que produjo centenas de heridos y decenas de asesinados, entre ellos Dilan Cruz, quien devendría un símbolo de las marchas. Un año más tarde, en la noche de su triunfo presidencial, Gustavo Petro le cedería el micrófono a la madre de Dilan para un pronunciamiento conmovedor.

Y peor anduvieron las cosas para quienes debieron protestar en países sin regímenes democráticos, donde semejante desafío se convierte en brutal persecución. Venezuela, Cuba y Nicaragua han visto en los últimos años masivas y corajudas movilizaciones. Particularmente devastador fue el resultado de las protestas en Nicaragua el año 2018, iniciadas como respuesta a un intento de reforma de la seguridad social. La ciudadanía ya venía mellada por más de una década del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, e intentó sacudirse de estos antes de que se consolidara una dictadura irreversible. A la reforma ya mencionada se sumó la instalación de decenas de «árboles de la vida» en Managua; básicamente, unos cacharros místicos que la esotérica Murillo —quien afirma que uno de sus hijos es reencarnación de Rubén Darío y a quien sus piedras magnéticas aseguran línea directa con el más allá— decidió que todo el mundo debía tener uno cerca. Esa arbitrariedad personalista contra lo público —una más— derramó el vaso del hartazgo. Una acción llevó a otra y, de pronto, los estudiantes encabezaban las protestas más nutridas en décadas. Pero el coraje fue insuficiente. Más de trescientas personas fueron asesinadas por milicias paramilitares auspiciadas por el Gobierno. «Daniel y Somoza, la misma cosa», gritó la calle. Sergio Ramírez ha descrito la rudeza de esos días en Tongolele no sabía bailar, una novela estremecedora. Estremecedora porque hasta hace poco creíamos que en la región no recaeríamos en las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y, sin embargo, ahí estamos. Nicaragua es ya una dictadura sin atenuantes y la ciudadanía difícilmente podrá emprender pronto un nuevo intento de sublevación.

El hartazgo

Todas estas viñetas recientes no son hechos aislados. Son, más bien, la cara activa y movilizada de un hartazgo que ha permeado el continente desde hace mucho y que los sondeos capturan año tras año. En 2020, según la encuesta de Latinobarómetro aplicada en toda la región, casi el 80 % de los latinoamericanos piensa que sus países son gobernados por actores poderosos que buscan el beneficio propio y no el del pueblo. En algunos países, quienes están de acuerdo con esta afirmación llegan al 90 %. Este no es un sentimiento de izquierda o de derecha, no hay tantos socialistas ni conservadores en la región. Es un hartazgo de tintes republicanos (ver Gráfico 1). Algo semejante podemos decir sobre la evaluación que hacen los ciudadanos de sus políticos: 80 % considera que la mitad o más son corruptos. El anverso de semejante desagrado es la emergencia de una ciudadanía predispuesta a la reacción furiosa, en forma de estallidos, pero también por otras vías. El porcentaje de latinoamericanos que aceptaría un Ejecutivo que pasa por encima del Legislativo se ha duplicado en la última década. Y en las elecciones presidenciales, aunque a veces las gana la izquierda y otras la derecha, lo que ocurre invariablemente es que las pierde quien está en el poder: la intriga central de nuestras elecciones es quién le ganará al oficialismo. Evo Morales o Mauricio Macri, progresista o neoliberal; lo que triunfa es el rechazo a quien está en el poder.

En síntesis, las protestas que hemos visto a lo largo del continente en estos últimos años son episodios en los cuales hechos puntuales y coyunturales incendian una pradera abonada con el desagrado y el desánimo. El desagrado del desengaño.

¿Qué origina este desagrado extendido? Las explicaciones más recurrentes suelen señalar causas económicas. De un lado, se afirma que la región se desbocó con el fin del boom de las materias primas (2003-2014). Los Gobiernos se habían acostumbrado a gastar más allá de sus posibilidades, y cuando las economías de China y la India se desaceleraron, la insensatez fiscal avivó el descontento nacional. De otro lado, aparece la desigualdad formulada en el lenguaje de los economistas. Al ser la región más desigual del planeta (o la segunda, según cómo se agrupen los países), estaríamos ante un contexto propicio para reacciones como las vistas. Algo de cierto hay en estas explicaciones. En lo relativo a la primera, digamos que para cualquier Gobierno —de izquierda o de derecha, democrático o autoritario— siempre será más sencillo mantener el orden con arcas bien abastecidas que desde la escasez; en cuanto a la segunda, es innegable que la desigualdad abona el malestar de una región en la que se sabe que la regla de oro es que el dueño del oro pone las reglas. Siempre lo hemos sabido y, por tanto, la desigualdad pareciera más un contexto constante en América Latina que una causa para el malestar.

En este libro no busco explicar las movilizaciones per se, sino las condiciones que producen el extendido malestar. Y esto requiere abrir el lente analítico tanto en términos históricos como intelectuales; es decir, integrar intelectualmente diferentes áreas de estudio que suelen recaer en disciplinas universitarias distintas, para así acercarnos a comprender la complejidad de las demandas y hartazgos ciudadanos. Estos no se estructuran desde los linderos burocráticos de las disciplinas universitarias. Al ciudadano lo agobia un amasijo de falencias políticas, económicas, legales y sociales. Y el concepto de república puede ser útil para intentar la integración de esos ámbitos que los académicos tendemos a ver como propiedad privada de la economía o la ciencia política, la historia o la sociología. Así, más que los recientes cambios económicos, me intereso por la vieja frustración de nunca haber constituido repúblicas en el sentido que prometieron las independencias latinoamericanas hace doscientos años.

Brasileños y chilenos, colombianos y peruanos, guatemaltecos y mexicanos rechazan un orden de cosas en el cual —para decirlo con un vals peruano— los seres no son de igual valor. Nos avinagra menos que unos tengan mucho y otros poco, que un orden de cosas injusto que discrimina de diversas maneras, pero cuyas manifestaciones van mucho más allá de la repartición del producto bruto interno (PBI) y su vástago, el coeficiente de Gini. Más que la desigualdad económica, padecemos un orden social, político y económico inequitativo, en el cual ciudadanos y ciudadanas no conviven desde la horizontalidad que debe asegurar la ley de la república, ni en el que se disfruta de cuotas semejantes de libertad, sino desde la verticalidad que establecen distintas tradiciones y prácticas. Y, entonces, como resultado, mi profesionalismo vale menos que el de quienes tienen el carnet del partido, y mi voto es descartado por alguna maquinaria clientelar, y la escuela pública no va ayudarme a salir de la pobreza, y los médicos están aglomerados en clínicas que solo veo por televisión, y acudir a un tribunal es el anticipo de un naufragio, y el apellido que encabeza mi CV reduce las posibilidades de que me llamen para ese trabajo que necesito, y en mi barrio la policía está conchabada con el crimen, y el lobby de las farmacéuticas dificulta la expansión de medicamentos genéricos… Durante los últimos años, los economistas han tenido gran eco al señalar que los países latinoamericanos no consiguen salir de «la trampa del ingreso medio»; en este libro me interesa más la trampa que nos imponen nuestras repúblicas a medias. O sea, naciones con un orden de cosas compuesto, de un lado, por un disfrute de la libertad que es profundamente desigual, y, por otro, por la imposibilidad de revertirlo gracias a la acción de las instituciones públicas.

Esto implica regresar a la política. Instalarse en la política. ¿Pero cómo? El reflejo politológico es apuntar hacia el tema de la democracia. Como escribió alguna vez Gerardo Munck, en América Latina hablar de ciencia política y del estudio de la democracia ha sido casi lo mismo. Sin embargo, aunque la democracia y su mal funcionamiento son aspectos importantes del malestar latinoamericano contemporáneo, resulta evidente que este la desborda por los cuatro costados. Sobre todo, si entendemos por democracia lo que los politólogos solemos conceptualizar como tal: un sistema en el que se accede al poder a través de elecciones y en el que ciertas libertades mínimas son respetadas. Esa definición es útil para hacer investigaciones minuciosas sobre la democracia, pero es inútil para indagar sobre el hastío latinoamericano. Guillermo O’Donnell, el gran politólogo argentino y latinoamericano (no solo Diego Armando Maradona fue argentino y latinoamericano), trabajó durante un par de décadas sobre este dilema: la democracia de elecciones y libertades mínimas es fundamental y necesaria, y, sin embargo, no alcanza para construir la satisfacción ciudadana. Porque la democracia, repitió O’Donnell, requiere muchas esferas funcionales a su alrededor para arrojar resultados óptimos. Para ser de buena calidad, una democracia precisa de reglas que garanticen que el poder esté controlado por otras instituciones, de disposiciones que aseguren el rendimiento de cuentas ante el pueblo, de un Estado capaz, de ciudadanos cuyos derechos y deberes sean garantizados por tribunales que actúen desde el imperio de la ley, y de un mínimo de igualdad social y económica que permita la igualdad política de los ciudadanos. Vale decir, la democracia por sí misma no alcanza para entusiasmar a los ciudadanos. Su vida virtuosa descansa en organizaciones, reglas, creencias y prácticas que la rodean, y cometeríamos un grave error si al estudiar la democracia solo estudiásemos las reglas mínimas del régimen. En palabras de O’Donnell:

La democracia no es solo un régimen político (poliárquico), sino también un modo particular de relación entre el Estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos mismos, bajo una forma de imperio de la ley que, junto con la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red completa de contralores. […] Debemos pensar la democraticidad del Estado, en especial del Estado concebido en su dimensión legal.

Ahora bien, si una democracia funcional depende de tantas cosas fundamentales que la rodeen y la alimenten, ¿es esta el artefacto que debe movilizar nuestras esperanzas principales de progreso? ¿Cuál es la línea que divide aquello que hace posible la democracia y la democracia misma? O’Donnell sabía que tomaba una vía que «inaugura intrincados problemas conceptuales». Aun así, se mantuvo fiel a una conceptualización restringida de la democracia, al mismo tiempo que llamaba a estudiarla en relación con otros factores. Esa sería la tarea central de su estupendo y último libro. En él se abocó, en especial, a mostrar cómo el régimen democrático no puede existir sin algunas características estatales y sin cierta comprensión del ciudadano, en tanto agente en el centro del régimen político. La tensión innegable de la obra de O’Donnell radica en la defensa del concepto de democracia tomado como algo «independiente de las características del Estado y la sociedad», pero cuyo buen o mal funcionamiento depende de ese Estado y sociedad.

No podría estar más de acuerdo con O’Donnell. Sin embargo, ¿cómo conciliamos una definición acotada de la democracia con los diversos afluentes vitales que ella precisa para florecer? Este libro propone que el concepto de república puede ayudar a armonizar la relación entre la democracia y varias de esas dimensiones que deben nutrirla para que sea satisfactoria. Aquí no partiré de la democracia como punto arquimediano que sostiene todo un entramado de relaciones, sino que abordaré el fenómeno integrado del funcionamiento republicano: un orden de cosas que incluye a la democracia, pero que necesita de mucho más para generar la satisfacción de los ciudadanos. Después de todo, como afirma Maurizio Viroli, la democracia y el liberalismo son dos provincias del republicanismo.

 

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