La verdad trágica que produce rabia e indignación sobre algunos servidores públicos, magistrados, senadores o diputados, encargados de construir un México mejor, denunciados por cometer delitos sexuales.
Violar desde el poder es una investigación que revela los abusos sexuales de políticos siniestros como Félix Salgado Macedonio, Benjamín Saúl Huerta, Juan Bustos, Manuel Horacio Cavazos, José Elías Medel Galindo, Juan Antonio Vera Carrizal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y más, encubiertos por otros funcionarios, cómplices que desde sus cargos públicos se burlan del dolor mortal de las víctimas.
Yohali Reséndiz entrevista a los múltiples afectados y revela las horrendas secuelas que estos actos de salvajismo y desvergüenza dejaron en mujeres, muchachos de 15 o 16 años y niñas violadas por sus propios familiares. La periodista remueve las aguas negras de la impunidad y da rostro a esos seres indefensos atacados con crueldad para sembrar en sus vidas traumas, dolor físico y emocional, impotencia y miedo.
En estas páginas sin precedentes, el lector encontrará motivos para reflexionar y denunciar estos delitos que cometen funcionarios del gobierno que prometen una vida mejor, pero que actúan como depredadores amparados en el poder político. El libro se completa con una guía para denunciar ante ministerios públicos delitos de violación y abuso sexual. Hoy más que nunca México debe expresar su rechazo a los feminicidios, a la violencia sexual y al abuso sexual infantil, este libro es una potente iniciativa para ello.
Fragmento del libro de Yoali Reséndiz “Violar desde el poder”. Editado por Aguilar/Ideas. Cortesía de publicación Penguin Random House.
Yohali Reséndiz | Desde 2006 es reportera de Especiales en Grupo Imagen. Es autora y responsable del blog Periodismo a toda prueba y presidenta de la Fundación Yohali Reséndiz. Ganó en 2013 el premio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México por trabajos periodísticos relacionados con personas de la tercera edad; en 2015 ganó el Premio México de Periodismo por dar con el paradero del feminicida de una joven universitaria y lograr su captura; en 2016 fue Premio Nacional de Locución y en 2017 obtuvo la Presea al Mérito Periodístico, en la categoría de Reportaje, por su denuncia de abuso sexual infantil en escuelas (Caso Matatena) otorgado por la Asamblea legislativa de la CDMX.
Violar desde el poder | Yohali Reséndiz
Juan Bustos: exdiputado del PRD, acusado de abuso sexual infantil
No, no es la primera vez que expongo a un diputado por abuso sexual en contra de un menor. En el 2011, el entonces diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bustos Pascual, enfrentó el escarnio público cuando en el espacio televisivo de Pedro Ferriz di a conocer una grabación donde el exasambleísta aceptaba que había abusado sexualmente de una menor de doce años.
María Guadalupe, madre de la menor, había sostenido una relación sentimental con Bustos Pascual. A finales del 2009, María Guadalupe recibió una invitación del legislador para “limar” asperezas y tener una posible reconciliación. Ella envió a su hija a la cita.
“¿Por qué fue tu hija si tú no irías, si la relación de pareja había concluido?”, le pregunté. Ella respondió:
Juan la trató siempre como un padre, uno no piensa que el hombre a quien amas te puede lastimar de esa manera. Mi hija creció con él, estuvimos juntos siete años. Al decirle que se me complicaba verlo, me pidió que dejara ir a mi hija. Era un viaje donde se la pasaría muy bien, pero después de saber lo que le hizo no pude pasarlo por alto. Además de lo que hizo, llamó a una sobrina para ofrecerle trabajo como su acompañante. Le dijo que le pagaría 400 pesos al día si aceptaba; la condición era que dijera que era mayor de edad. No, no estaba dispuesta a ignorarlo, lo tengo grabado, es su voz. No tiene disculpa. Él lo aceptó.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2010 el asambleísta viajó a Acapulco con la hija de María Guadalupe y abusó de ella en una habitación del Hotel Playa Suites, hecho registrado en una grabación que tuve en mi poder. La declaración de la menor detallaba:
La primera vez que me tocó [Bustos Pascual] fue en su carro. Iba acostada en el asiento de atrás mientras Juan estaba manejando, paraba y pasaba el brazo derecho hacia atrás y me tocaba la vagina por encima de la ropa como por veinte segundos. Y yo no me dejaba, le aventaba la mano y me quitaba. Eso fue como seis meses después de conocerlo. Después me tocaba más seguido, mínimo cada mes.
En el viaje a Acapulco dormí mucho. Le dije que me dolía mucho la garganta y le pedí que me comprara medicina. Él me compró unas pastillas y me dijo: “Te las tomas cada cuatro horas”. Así lo hice, pero no me di cuenta de que me dio pastillas para dormir.
La madre narró frente a mi camarógrafo “Dos días después de que se fueron a Acapulco, mi hija me llamó y me dijo que había sangrado. Yo pensé que era su primera regla y le dije que no se preocupara, que era normal”. La menor aseguró que lo único que recordaba es que un día despertó con él y no tenía ropa interior.
Aún no acababa el noticiero estelar de Grupo Imagen cuando la mesa de redacción recibió un comunicado de la jurisdicción de la delegación Gustavo A. Madero donde Juan Bustos presentaba su renuncia para atender de manera legal la acusación. Esta fue aceptada de manera inmediata por el entonces titular, Víctor Hugo Lobo: “El gobierno delegacional considera que serán las autoridades judiciales quienes deberán valorar las acusaciones en contra del señor Juan Bustos, en aras de emitir un juicio sobre este caso en particular”.
Luego de la nota televisiva—que incluyó los testimonios de la menor y de la madre—, de una entrevista con el agresor y de la publicación de la grabación que hizo una prima materna de la víctima con el celular, donde Bustos reconoce haber abusado de la menor, el entonces diputado local fue requerido para declarar por el subprocurador de averiguaciones previas centrales de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal. La denuncia en un medio nacional obligó al exdiputado a renunciar al cargo de director ejecutivo de fomento corporativo en la delegación Gustavo A. Madero.
Ante el ministerio público, Bustos Pascual declaró: “María Guadalupe está despechada porque amo a otra mujer y me casaré con ella. Todo es un invento. Además, esta denuncia fue hecha a más de un año de que supuestamente ocurrieron los hechos”.
Sin embargo, la Fiscalía tenía en su poder la grabación de ocho minutos donde él aceptaba el abuso sexual a la menor. La grabación se integró a la averiguación previa y fue analizada por peritos expertos, quienes determinaron que sí se trataba de la voz del exasambleísta, quien ocupó los micrófonos de los medios de comunicación para dejar en claro que él mantenía a la madre de la menor que lo había denunciado, quien estaba “ardida” y “despechada” porque ya no estaban juntos.
El show comenzó. Los diputados de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) urgieron al gobierno capitalino a publicar las reformas necesarias para endurecer las sanciones a los funcionarios públicos que abusaran de un menor de edad. “Que caiga todo el peso de la ley a cualquier persona que abuse de un menor, pero empezando por un servidor público”, expresó entonces la diputada Lía Limón, con quién me reuní en un café del Centro Histórico. Ella promovió las reformas aprobadas en el pleno legislativo a finales de 2010, donde se establece que los funcionarios públicos que abusen de un menor de edad sean suspendidos e inhabilitados definitivamente para evitar que estos agresores vuelvan a ocupar cargos públicos.
Pero eso fue y sigue siendo letra muerta.
“Se considera que los servidores públicos por el sólo hecho de ser los representantes de la autoridad a cualquier nivel y desempeñar un trabajo que debe ser útil a la sociedad, no deben aprovechar el cargo, empleo o comisión que les ha sido conferido para cometer abuso sexual en contra de menores de edad”, cita el dictamen aprobado.
Los meses pasaron, los abogados cobraron. El desgaste para la víctima—que sentía un amor filial por el agresor— fue provocado, entre otras cosas, por la visita a los psicólogos. El gasto que se deriva de sostener una denuncia legal y las declaraciones fue soportado por la denunciante.
La conclusión de esta historia es lo de siempre: ni los peritajes, ni la grabación, ni la declaración de la víctima fueron suficientes para dictar sentencia contra el agresor. Y duele saberlo, a pesar de las pruebas contundentes muchas personas culpan a veces a los afectados, incluso las autoridades, por eso los agresores pasean con sus manos sucias, amparados en el poder político.