Con al menos 351 muertos en casi tres meses, según cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega, iniciadas el pasado 18 de abril en rechazo a una reforma de la seguridad social pero rápidamente transformadas en un movimiento que exige la renuncia del mandatario, no solo no han remitido sino que han ido ganando en intensidad.
Asesinan a dos estudiantes en iglesia de Nicaragua
Este fin de semana, el Gobierno ha lanzado la denominada "Operación Limpieza" para tratar de deshacer los núcleos de resistencia más importantes y los bloqueos de carreteras, que se han saldado con al menos cinco muertos, según denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). "Hay dos muertos en Diriá, dos en Masaya y uno en Catarina", dijo a Efe el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.
Doce países de América Latina exigieron este lunes al régimen de Daniel Ortega, por medio de un comunicado conjunto, que cese los "actos de violencia" contra la población de Nicaragua, mientras la ONU calificó como inaceptable el uso de la fuerza letal por parte del gobierno.
Los autoconvocados
El movimiento ciudadano "Autoconvocados" de Nicaragua, que pide la renuncia de Ortega por acusaciones de abuso y corrupción en su contra tras once años en el poder, ha denunciado que los grupos que mantienen barricadas en cuatro ciudades del Pacífico, han sufrido ataques armados por parte de las denominadas "fuerzas combinadas" del Gobierno.
Los ataques se registran en las ciudades de Diriá, Diriomo, Masaya y Niquinohomo, en el sureste de Nicaragua, donde fuerzas civiles mantienen bloqueados con barricadas los accesos viales a esos lugares en protesta contra el Gobierno de Ortega, según informaron líderes de esos movimientos y de la sociedad civil.
Los "Autoconvocados" han compartido fotografías y vídeos en las redes sociales donde se observa a las "fuerzas combinadas", integradas por policías, antidisturbios, parapoliciales y paramilitares, disparar contra civiles opositores a fin de que abandonen las barricadas.
Según los "Autoconvocados", el Gobierno ejecuta la denominada "Operación Limpieza" para remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de esas "fuerzas combinadas", que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.
"Cacería" casa por casa
En el municipio de Diriá, departamento de Granada, las "fuerzas combinadas" del Gobierno sacaron por la fuerza de sus casas a Almer Morales y Allan Morales (padre e hijo) y fueron ejecutados, afirmó Leiva. En el barrio Camilo Ortega, de la ciudad de Masaya, ese organismo humanitario también reportó otras dos víctimas, que aún no han sido identificadas, y otro más en el vecino municipio de Catarina. Leiva dijo que además registran "múltiples" heridos, entre ellos dos de gravedad: una niña en Catarina que recibió un disparo en el abdomen, y un niño de 13 años de Masaya.
Asimismo, denunció que la policía y los parapolicías tomaron por la fuerza el centro hospitalario departamental Masaya y niegan la atención a las víctimas. Además, informaron que mantienen sitiado Masaya por lo que no existe un "canal humanitario de evacuación" para trasladar a los heridos a Managua, que está a 28 kilómetro de distancia. "No hay forma de entrar a la ciudad y aquí se trata de salvar la vida, porque estamos bajo fuego", clamó. Leiva también denunció que las "fuerzas combinadas", tras "neutralizar" por las fuerzas de las armas a los manifestantes de las barricadas, realizan un plan de "cacería" casa por casa en busca de opositores para su detención.
Este fin de semana se produjo un gran incremento de la tensión tras la muerte de dos estudiantes en un ataque armado contra una iglesia de Managua donde los jóvenes se habían refugiado junto a periodistas y sacerdotes para escapar de la represión de policías y paramilitares.
"Desgraciadamente dos jóvenes, hoy por la mañana, perdieron la vida; otros dos fueron heridos", dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes al hacer un resumen del ataque lanzado por un grupo de policías y paramilitares contra universitarios que estaban refugiados en la casa parroquial de la iglesia de la Divina Misericordia de Managua.
"Para nosotros [como Iglesia católica] es lamentable y hemos dicho en muchas ocasiones: ni un muerto más", agregó Brenes, también arzobispo de Managua.
Los dos jóvenes, que se encontraban encerrados desde el día anterior en la iglesia junto a una decena de estudiantes, tres periodistas, médicos y sacerdotes, murieron tras recibir certeros disparos en la cabeza, según los religiosos. Los otros estudiantes lograron salir en vehículos, camionetas y un autobús hasta la Catedral Metropolitana, escoltados por obispos y la Cruz Roja nicaragüense, por la mediación del Episcopado.
El Gobierno ha acusado de ejercer terrorismo, crear inseguridad y actuar con violencia a "quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho" el orden jurídico y constitucional por medio de los bloqueos de vías, donde se ha producido "violencia, tortura y secuestro".
El Ejecutivo indicó en un comunicado el pasado 9 de julio "que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República", tiene "el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses". Eso incluye el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional, aseguran las autoridades.
12 países exigen alto a la violencia
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron, de esa forma, su "preocupación" ante la situación que atraviesa el país centroamericano. Asimismo, denunciaron la "violación de los derechos humanos" por parte del régimen sandinista.
En un comunicado conjunto publicado este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, los gobiernos de estos 12 países latinoamericanos denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" que se está produciendo en Nicaragua.
Anunciaron así su "más firme" condena a los hechos de violencia en el país que, como señalaron, "han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos".
En esta línea exigieron el cese de la violencia hacia la sociedad nicaragüense, el desmantelamiento de los grupos paramilitares e instaron a reactivar el diálogo nacional.
Los países transmitieron su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y mostraron su interés en que siga trabajando para hallar soluciones al conflicto.