El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional de Perú, ya emitió hace un año una orden internacional de captura contra Toledo, que de momento continúa residiendo en California (Estados Unidos) sin que su detención se efectúe.
A Alejandro Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, sin que ninguno de ellos haya prescrito todavía, según recordó el juez en su resolución.
El juez argumentó en su dictamen que los delitos imputados cumplen con el requisito de doble incriminación, al estar contemplados tanto en el código penal de Perú como en el de Estados Unidos. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de beneficiarla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta su frontera con Bolivia y Brasil.
Los pagos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias de empresas "offshore", ubicadas en paraísos fiscales, como Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co., propiedad del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo. Esos fondos fueron supuestamente traspasados a la empresa Ecoteva, fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, para pagar las hipotecas de las casas del expresidente en Lima y en el balneario norteño de Punta Sal, además de otra casa y una oficina en Lima por valor cercano a los 5 millones de dólares, en negociaciones en las que supuestamente el exmandatario intervino.
(Imagen tomada de La República)
La defensa del ex gobernante, no sólo interpuso un pedido de aplicación de la resolución del Consejo Ejecutivo, sino que también planteó una recusación y finalmente la declinatoria de competencia del caso, con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho –quien dictó su prisión preventiva– no esté a cargo del proceso.
Todo ello retrasó la resolución de diversos requerimientos que venía realizando la fiscalía a fin de poder, entre otras cosas, enviar hacia Estados Unidos el cuadernillo con el pedido de extradición de Toledo.
Por su parte el ministro de Vivienda peruano, Carlos Bruce hizo declaraciones sobre el caso.
Odebrecht debe tener licencia para seguir operando en el Perú", explicó Carlos Bruce, pese a los casos de corrupción que la involucran.
Esta medida no sería para beneficiar a los dueños según indicó el ministro de Vivienda, sino para proteger a los trabajadores y proveedores que dependen de dichas corporaciones. Explicó que el país continúa con obras paralizadas debido a este caso y por ello es necesario que sigan trabajando.
Toledo es una de las figuras de la primera plana política de Perú más afectadas por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, por los sobornos pagados en el país entre 2005 y 2014. Este período abarca a los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht, entre otros políticos como algunos gobernadores regionales.
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