Los contratos que han hecho los gobiernos con las farmacéuticas llaman la atención por la excesiva falta de transparencia, lo mucho que han invertido y arriesgado los Estados contra la poca información y garantías que tienen las empresas que producen la ansiada vacuna contra la covid-19.
El precio de cada dosis, un calendario de entrega y el dinero que han recibido por producir vacunas, son secretos de las farmacéuticas muy bien guardados bajo pesadas cláusulas en los contratos.
Este oscuro proceso favorece que las empresas no rindan cuentas y, a últimas fechas, también han retrasado la producción de vacunas y, por ende, la entrega de los preparados, como en el caso de Pfizer y AstraZeneca.
Las compañías, según demuestran los contratos revelados de vacunas, obtuvieron prácticamente un cheque en blanco: plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal.
De acuerdo a datos y documentos obtenidos por The New York Times, estos son algunos de los secretos que se han conocido de los acuerdos entre gobierno y farmacéuticas en la búsqueda de la vacuna contra la covid-19.
EMPRESAS, SIN RIESGOS PARA PRODUCIR VACUNAS
El diario de EU destaca que el desarrollo de vacunas es una acción arriesgada y por ello las farmacéuticas no suelen invertir en su fabricación hasta que están seguras de estas son eficaces y que tendrán la aprobación de los gobiernos, lo cual hace que los plazos se extiendan cuando se trata de este tipo de curas.
Ante la pandemia de coronavirus y la crisis económica generada en todo el mundo, gobiernos europeos y de Estados Unidos, así como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), entre otras organizaciones sin fines de lucro, tuvieron que asumir los riesgos en la inversión y acelerar el proceso de generar vacunas contra el virus.
La Unión Americana hizo el compromiso de entregar cerca de 1,600 millones de dólares sólo para impulsar la vacuna de la empresa Novavax, con sede en Maryland, de acuerdo a documentos normativos
La organización CEPI invirtió otros 400 millones de dólares en subvenciones y préstamos sin intereses para la generación de vacunas contra la covid.
Moderna, empresa de Massachusetts, usó tecnología desarrollada por el gobierno para hacer la base de su vacuna, más una inversión de mil millones de dólares. Ahora ha recibido un pago de mil 500 millones de dólares por parte de EU para recibir dosis, a pesar de que esta firma reconoció que su preparado fue pagado totalmente por el gobierno estadounidense.
Cabe señalar que la inversión de los Estados fue para que las compañías arrancaran la fabricación y pudieran realizar pruebas clínicas.
FARMACÉUTICAS SE QUEDARÁN CON LAS PATENTES
Para las farmacéuticas, la covid-19 apunta a ser el negocio perfecto, pues los gobiernos pagan por el desarrollo, pero las empresas se quedarán con la patentes.
Esto le da libertad a las firmas de decidir cómo y dónde fabricar la vacuna, así como el costo de las dosis. El contrato de CureVac precisa que la empresa “tendrá derecho a explotar de manera exclusiva” los derechos de propiedad.
Las quejas han venido por parte de una coalición de países que lideran países como la India y Sudáfrica, que quieren que la patente quede libre para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. El planteamiento ha sido apoyado por la Organización Mundial de la Salud, pero la empresas dicen que las patentes y las ganancias que obtendrán son el sustento de la innovación.
¿CUÁNTO CUESTA LA VACUNA?
La opacidad del precio de una dosis de vacuna genera especulación y que los países no sepan si están pagando lo justo por cada preparado.
Las empresas consideran el precio de la vacuna como un secreto comercial y algunas han incluido cláusulas en los contratos que permiten suspender entregas si los países revelan el costo de las dosis.
Algunas filtraciones prevén que la Comisión Europea pagó 2.19 dólares por cada dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, pero Sudáfrica pagó más del doble, pues desembolsó 5.25 dólares por cada vacuna.
Esta confidencialidad deja a los países a ciegas al momento de comprar vacunas, ya que un negociador no sabe cuánto está pagando otro país por los mismos preparados.
RESTRINGEN DONACIÓN O VENTA DE VACUNAS
Si un país decidiera hacer caso a peticiones humanitarias de donar o revender vacunas a países pobres, ya que los contratos también restringen esta posibilidad para que no se afecten las ventas de las farmacéuticas.
En el caso del contrato de CureVac, los países europeos tienen prohibido revender, exportar o donar dosis, incluso al mecanismo humanitario COVAX, sin que antes la empresa dé su autorización.
Un portavoz de la Comisión Europea (CE) señala que esta cláusula busca garantizar que la vacuna esté protegida legalmente en todos los lugares a los que llegue.
Sin embargo, la opción humanitaria cada vez se ve más lejos, ya que ahora la propia CE busca bloquear la exportación de vacunas para que no les retrasen las entregas de los preparados.
LAS EMPRESAS DECIDEN LOS TIEMPOS DE ENTREGA
Los contratos de firmas como CureVac y AstraZeneca tienen cláusulas para no sujetarse a plazos forzosos de entregas de vacunas y se refieren a estos como estimaciones.
Así se ha hecho claro en la disputa actual de la Unión Europea y AstraZeneca, pues la empresa dice que no podrá entregar la cantidad pactada en el primer trimestre de 2021, ya que sólo se comprometió a hacer su mejor esfuerzo por cumplir con ese número, sin embargo, los países europeos exigen que se revele el contrato de compra-venta para saber quién tiene la razón.
EMPRESAS, PROTEGIDAS CONTRA RESPONSABILIDAD SI VACUNAS FALLAN
Los países también están atados de manos en contra de las empresas, incluso si las vacunas fallan en su propósito de inmunizar a la población contra la covid-19 o si producen efectos secundarios, este es el caso de Estados Unidos.
El gobierno amparó a las farmacéuticas con la Ley de Preparación Pública ante Emergencias, la cual se creó en 2005 con el objetivo de acelerar el acceso a medicamentos en época de emergencia sanitaria.
Esta protección impedirá que los ciudadanos puedan demandar a las compañías, aunque incurran en negligencias o imprudencias, la única denuncia que procedería es en casos de “abuso intencional” comprobado.
Así como en EU, las empresas buscan acceso en otros países y regiones a esta clase de beneficios.
(Luis Ramos)