Hidalgo (La Silla Rota).- Cuatro notarios de Hidalgo –inmersos en el juicio de amparo 1078/2016 por presunto conflicto de intereses en la asignación de patentes, el cual fue sobreseído– interpusieron recursos de revisión adhesiva para que se preserve la resolución, y el caso no llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que el juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Pedro Gerardo Álvarez del Castillo, suspendió el proceso, el abogado Julio Gálvez Bautista –quien promovió el amparo–, solicitó revisión e insistió en que la convocatoria “nunca se publicó en tiempo y forma, sino después de la fecha, incluso la modificaron unas horas antes de la transición del Ejecutivo”.
El litigante hizo referencia a seis documentos que fueron posiblemente alterados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre de ese año, día en que el exmandatario José Francisco Olvera Ruiz cedió la gubernatura a Omar Fayad Meneses, así como la convocatoria con la que inició el proceso, creada, con base en un peritaje particular que presentó la parte acusadora, el 16 de agosto, a las 5:42:54 pm. Sin embargo, expuso, esa convocatoria corresponde a la publicación 28, alcance 4, tomo CXLIX, del 4 de julio de 2016. Es decir, la fecha de elaboración es 43 días después de cuando, presuntamente, fue publicada.
El recurso de revisión de Gálvez Bautista fue admitido y radicado en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito el 23 de noviembre, con el número de expediente 538/2017.
Asimismo, el 6 de diciembre la secretaría de acuerdos aceptó los recursos signados por Ernesto Vieyra Alamilla y Valentín Echavarría Almanza, exmagistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), así como de Adrián Vargas González –en representación de Juliana Ramírez Álvarez, hermana del exalcalde priísta de Actopan Leonardo Ramírez– y Daniel Fernando Rangel Moctezuma, titular de la notaría pública 13, del distrito judicial de Tula, como terceros involucrados (expedientes 11329, 11355, 11357 y 11376).
Ellos solicitan que se respete la resolución del juez de Veracruz, quien argumentó que cuando Gálvez Bautista ingresó solicitud para participar en el proceso de selección de notarios –misma que, aseguró, no fue contestada–, “consintió” la convocatoria al proceso y, por lo tanto, desde ese momento comenzó a correr su plazo para interponer la demanda.
Los terceros involucrados exponen en sus escritos que el asunto está “altamente politizado”, y responsabilizan de ello al quejoso por sus publicaciones en la red social Facebook, así como entrevistas ofrecidas a “diarios de circulación estatal” y por ser director de un semanario en el que columnistas han abordado el caso.
Añaden que “ha puesto en entredicho la honorabilidad del Poder Judicial”, y se pronuncian a favor de lo que consideraron una “atinada” resolución del juez Álvarez del Castillo.
Julio Gálvez, por su parte, refiere que "ninguno de los terceros interesados" (se otorgaron 28 permisos de fedatario (titulares y adjuntos) en el último año del anterior gobierno) "cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 24 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, en especial con el regulado por la fracción X de la mencionada norma, ya que de los expedientes personales que fueron ofrecidos por las autoridades responsables se desprende que a ninguno les fue notificada la contestación a su solicitud para presentar un examen de oposición para obtener la patente".
En el juicio sobreseído promovió un incidente de falsedad por un documento que presentó la Coordinación Jurídica del Poder Ejecutivo, a cargo en 2016 de Mario Souverville González, quien también obtuvo una notaría, en el cual lo cita para presentar la evaluación teórico-práctica, pero, dice el notificador en un escrito anexo hecho a mano, éste se negó a recibirlo. El oficio del gobierno, folio DAGN/8006/2016, y es firmado por el director del Archivo General de Notarías, Enrique Pérez Ramírez, con fecha del 12 de agosto.
Los antecedentes
El 16 de marzo, el Congreso de Hidalgo aprobó la renuncia de Enrique Ernesto Vieyra Alamilla al cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. No obstante, desde el 17 de agosto de 2016, siete meses antes, obtuvo la patente de notaría 15 en el distrito de Tula, en Tepeji, la cual fue publicada por el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) nueve días después.
Catorce días antes del cambio de poderes en Hidalgo, Valentín Echavarría Almanza, secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, recibió la patente de notario público número 9 en Tizayuca.
Aunado a ello, obtuvo una pensión por jubilación de 38 mil 821 pesos mensuales en el Tribunal Superior de Justicia del estado, autorizada por el expresidente Juan Manuel Menes Llaguno, que a su vez se hizo acreedor de la titularidad de la notaría 7, en el mismo distrito judicial, confirmó a La Silla Rota el órgano judicial en respuesta a la solicitud de información 00250917.
El TSJH, además, dio a conocer que al momento de separación del cargo como magistrado presidente, el 8 de noviembre de 2016, Menes Llaguno recibió 128 mil 838 pesos como parte proporcional de aguinaldo.