TOLUCA.- El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, presuntamente ofreció 5 millones de pesos al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca, Breyman Labastida Martínez, para que decretara el sobreseimiento del juicio de amparo que buscaba dejar si efecto los nombramientos, con lo cual ya no hubo forma legal para impedir entraran en funciones.
En conferencia de prensa, Óscar Valdés Ramírez, quien promovió un amparo contra el gobernador Eruviel Ávila Villegas, recordó que las designaciones hechas por el exmandatario incumplieron los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley del Notariado, como la emisión de una convocatoria, entre otros aspectos.
Desde su punto de vista, la entrega de notarías obedece a un pago de favores, ya que además la mayoría de los nuevos notarios reprobó el examen. Incluso, cuatro de ellos carecen de cédula profesional, lo que debió tomarse en cuenta como un impedimento para ejercer.
Al advertir un presunto soborno, informó que interpondrá un recurso de revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se investigue el origen de los 5 millones de pesos, “queremos saber si ése dinero salió del gobierno del Estado o lo dieron cada uno de los notarios que están en el juicio. Estaríamos hablando de medio millón de pesos por notario”.
“Aunque tampoco somos inocentes, sí los está protegiendo el Estado es porque la lana se las dio el Estado…esto nos enerva porque nos damos cuenta de un acto más de corrupción del gobierno estatal”, señaló.
La sentencia de sobreseimiento fue declarada el pasado 28 de diciembre y fue impugnada por el abogado Óscar Valdés, quien insistió en que la lucha no es por las patentes de notarios sino por la legalidad del procedimiento.
Desde un principio, Valdés Ramírez presentó varios recursos por presuntas violaciones constitucionales en la designación de notarios hechas por Eruviel Ávila Villegas.
Ayer, se publicó en la Gaceta de Gobierno los anuncios de inicio de funciones de seis de los diez notarios nombrados por el entonces gobernador del estado de México.
De tal forma, que quienes comenzaron funciones son: Ricardo Giovanni Arrendo Lino, a quien se le nombró como titular de la notaría 188 de Huixquilucan; Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona Méndez, a quien la designaron como titular de la notaría 184 de Metepec; Gustavo Fernández Sauri, a quien nombraron como titular de la notaría 184 con sede en Huixquilucan; Omar Martínez Vargas, quien está al frente de la notaría 58 con sede en Tultitlán, Además de la hija de Francisco Gárate Chapa, ex representante de Acción Nacional ante el INE, Lorena Gárate Mejía, a quien nombraron titular de la notaría 189 con sede en Tlalnepantla y al ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Agundis Arias.