Xalapa, Veracruz.- No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero si por acuerdos políticos sacan de la cárcel a Arturo Bermúdez quedará en los gobiernos que afuera nos mande a ejecutar al resto de las familias”, advierte Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos por policías en 2016, en Tierra Blanca, Veracruz.
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El vocero de las cinco familias originarias de Playa Vicente, lamenta que un juez de control federal haya rechazado imputar al exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, por haber contratado a cuatro de sus escoltas que reprobaron los exámenes de control y confianza y privaron la existencia de sus hijos.
En octubre de 2016, el hermano de Bernardo, José Benítez Herrera -otra víctima indirecta- presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Bermúdez Zurita, quien tres meses atrás había renunciado a su cargo para hacer frente a acusaciones por delitos de corrupción que hoy lo tienen en prisión.
Benítez argumentó que el exsecretario apodado “Capitán Tormenta” habría violado el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al dar de alta a cuatro elementos que no contaban con los estándares de acreditación; delito en Contra del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se purga hasta con seis años de prisión.
Se trata de Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, y Luis Rey Landache Colorado, quienes actualmente están presos en el penal federal de Gómez Palacio, Durango -junto a otros cuatro expolicías-. Los cuatro fueron contratados en 2013 por Bermúdez Zurita, y permanecieron en estatus de No Acreditados hasta 2016, según consta en el oficio SSPO/055/2016.
Entre las pruebas que las familias de Playa Vicente aportaron en su denuncia, expusieron que los hoy detenidos presentaban órdenes de captura desde el año 1999, y no obstante continuaron laborando dentro de la SSP.
Estas pruebas fueron ofrecidas ante un juez federal por la Subprocuraduría de Delitos Federales, entre los datos destacan credenciales de los agentes firmadas por el propio Arturo Bermúdez, además de avisos de personal suscritos por los dos coacusados.
De acuerdo con un medio de proyección nacional la misma PGR presentó entre la documentación, algunos que terminaron por deslindar a los exfuncionarios y la acusación contra Bermúdez fue desechada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xalapa.
Ante esta decisión, Bernardo Benítez advierte: “No creas que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir con el nuevo gobierno presentando pruebas para que al final se logre hacer justicia, no solo de las cinco familias de Tierra Blanca si no por todas las demás que sufrieron la misma desgracia de nuestros hijos”.
En tanto, el abogado de las cinco familias, Celestino Espinoza Rivera, refirió en entrevista que ya analizan qué acciones tomarán al respecto. Si bien, reconoció que esto no afecta el proceso judicial contra 21 personas detenidas hasta el momento por el caso Tierra Blanca, sí aleja la justicia para las víctimas indirectas sobre castigar al personaje superior de la cadena de mando, Arturo Bermúdez.
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Si a Bermúdez no lo investigan es por miedo o colusión
“Bermúdez ha dado muchas pistas par dar con Duarte y el resto de bandidos que teníamos anteriormente y no podemos descartar que haya habido un acuerdo. No es algo novedoso en nuestro país, las autoridades tienen miedo o están coloudidas”, apuntaló Benítez Herrera.
El padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los cinco jóvenes privados de su libertad, recordó que desde el principio de su caso autoridades estatales y federales “hicieron fuchi” cuando ellos pedían que se investigara a Arturo Bermúdez.
“José -mi hermano- siempre estuvo insistiendo con Sara Irene Herrerías Guerra -subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la PGR- y la verdad es que veían que no le ponían mucho interés”, agregó Bernardo Benitez.
A lo anterior, el abogado Espinoza Rivera, señaló que en octubre de 2016 insistieron durante dos horas en PGR para que su denuncia contra Bermúdez fuera aceptada. “Ellos decían que era un funcionario estatal y que no les correspondía”.
“Me resulta ilógica la decisión del Juez. PGR presentó credenciales como datos de prueba en una etapa inicial donde el juez no revisa las carpetas. En el nuevo sistema penal se habla de datos de prueba en esta etapa y por eso es muy fácil que vinculen a proceso, lo único que deben de hacer los funcionarios de fiscalía es narrar cómo es que acreditan los elementos del delito. Es algo muy sencillo, tan fácil como ha sido vincular a proceso a los funcionarios duartistas por delitos de corrupción”.
El jurista advirtió que con la decisión del juez federal, se cerró una puerta para documentar el primer caso en el país por el delito en Contra del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Me imagino porque en todo el país habrá miles de policías sin aprobar exámenes de control y confianza, en una situación similar”.
bl