La frase “la corrupción mata” es expresión de la indignación social y evidencia de que en México es posible vulnerar de tal forma al Estado de derecho, que algunas autoridades sin escrúpulos ofrecen su poder al crimen organizado, incluso, a costa de la seguridad y la vida de sus gobernados. Los mexicanos necesitamos que esta realidad cambie cuanto antes y lo hacemos saber por todos los medios posibles, por ejemplo, ejerciendo el acceso a información sobre casos en los que se sospecha lo anterior.
El nombre José Luis Abarca puede resultar familiar. Es el nombre de un expresidente municipal de Iguala, Guerrero, con posibles nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, supuesto responsable de permitir el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa por este grupo y apresado por el secuestro, tortura y asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder campesino, y dos de sus colaboradores. Es un símbolo del vínculo entre autoridades, corrupción y violencia. El 30 de mayo pasado, el INAI contribuyó al esclarecimiento de este caso, instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) pronunciarse sobre documentos relacionados con este crimen.
Arturo Hernández Cardona era líder de Unidad Popular, un movimiento campesino opuesto al gobierno de José Luis Abarca. Un excolaborador de Hernández, sobreviviente al secuestro, declaró como testigo de las investigaciones de la fiscalía guerrerense que esto pudo ser la causa del asesinato de Hernández Cardona y dos personas más el 1º de junio de 2013. Según su testimonio, José Luis Abarca amenazó y disparó personalmente a Hernández. De acuerdo con la prensa, la PGR atrajo el caso en julio del 2014, pero el presidente municipal continuó en su cargo hasta octubre de ese mismo año. Fue detenido un mes después, en el contexto de la indignación ciudadana por el caso de Ayotzinapa, bajo los cargos de delincuencia organizada y el secuestro de Hernández Cardona y sus compañeros.
Preguntas que no tienen respuesta
¿Cómo fue posible que un presidente municipal tuviera vínculos con el crimen organizado y se mantuviera en el puesto, sin ser investigado por las autoridades estatales? Estas preguntas aún no tienen respuesta. La muerte de Arturo Hernández Cardona y la desaparición de los 43 normalistas fueron perpetradas por agentes del Estado, en asociación con el crimen organizado u otros agentes privados. En México, estos casos no son aislados, forman parte de la misma lista que Atenco, San Fernando, Tlatlaya y Nochixtlán. Sus características cumplen los parámetros del derecho internacional para ser clasificados como violaciones graves a derechos humanos y formar parte de la evidencia incluida en los informes Atrocidades Innegables y Corrupción que mata de Open Society Foundations, para afirmar que los asesinatos, desapariciones y torturas en el país son fenómenos generalizados y sistemáticos, y que la corrupción y la impunidad los facilitan.
Constituir o fortalecer instituciones anticorrupción efectivas
De acuerdo con Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la corrupción es causa de o agrava las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, es crucial constituir o fortalecer instituciones anticorrupción efectivas. En México, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción. Urge hacerlos funcionar para que sean la primera defensa de los mexicanos ante las prácticas que debilitan al Estado y propician violaciones graves a los derechos humanos. Es la forma para que las condiciones que hicieron posible el secuestro, tortura y muerte de Arturo Hernández Cardona y muchos otros mexicanos dejen de existir. El INAI forma parte del SNA, por lo tanto, continuará velando por los derechos que tutela y pendiente del momento en que pueda ejercer sus atribuciones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción. Por ahora el contexto electoral parece haber detenido al legislativo federal de solventar un pendiente fundamental para el buen funcionamiento del SNA, como lo es el nombramiento del fiscal anticorrupción, pero el primero de julio se acerca y, por tanto, esperamos el momento para que el SNA funcione por completo.