A una semana de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuta la crisis de Nicaragua, el presidente de ese país, Daniel Ortega, expulsó a una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que esta semana presentó un informe que responsabiliza al gobierno de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de las manifestaciones que exigen el fin del régimen y la brutal represión desatada desde el Estado, que ha dejado más de 320 muertos y más de 2,000 heridos.
Está previsto que el próximo 5 de septiembre el Consejo Permanente analice lo ocurrido en Nicaragua durante los últimos cuatro meses, a partir de las denuncias de violaciones de derechos humanos documentadas por la misión de la ONU desplegada en el país, lo que es un duro golpe para el gobierno, que está en plena campaña internacional para desmentir las acusaciones de atrocidades cometidas contra los manifestantes, que de forma pacífica exigen la renuncia del presidente Ortega.
Fuentes diplomáticas confirmaron que la noche del pasado jueves el gobierno de Ortega envió una carta a la misión del Alto Comisionado en Managua informándoles de la expulsión.
Les han retirado la invitación y les han dicho que su misión se ha terminado. La excusa es que como estaban para acompañar a la comisión de verificación sobre los tranques y ya no hay tranques, que su finalidad ha terminado. Es una expulsión encubierta”, dijo una fuente diplomática consultada por El País.
Esta misión arribó a Nicaragua el 26 de junio para acompañar a la llamada Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, como se conoce a la mesa de negociaciones mediada por la Iglesia que pretende encontrar una salida a la crisis. La misión desplegó a sus técnicos para monitorear la situación de derechos humanos en el país.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recoge testimonios de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales, violaciones a los detenidos usando incluso rifles, quemaduras con pistolas de electricidad o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tubos e intentos de estrangulación.
También denunció el uso de grupos irregulares armados para reprimir las manifestaciones. "Estos elementos armados están bien equipados con vehículos, equipo militar y armas, incluso con armas de alto calibre como los rifles de francotirador AK-47 y Dragunov”, recoge el texto.
La represión y la represalia contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado", dijo en un comunicado el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein.
La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", agregó. La ONU recomendó al régimen de Ortega la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad “para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas” de la crisis.
Por su parte, el presidente Ortega rechazó este miércoles el informe y acusó a la Oficina del Alto Comisionado de ser “un instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte”.
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