Nicaragua está sumida en una crisis política y social. El pueblo salió a las calles en protesta a los recortes de los programas de la seguridad social.
Al menos 63 muertos y 15 desaparecidos dejó la represión contra las manifestaciones que se registraron en Nicaragua en protesta por las reformas al sistema de seguridad social, informó hoy la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
En rueda de prensa para hablar sobre los efectos de los disturbios que se vivieron en Nicaragua entre 18 y el 23 de abril, el dirigente de la CPDH, Marcos Carmona, señaló que tras cotejar informes con sus delegaciones en todo el país se tienen registrados 63 muertos.
El asesinato de una de las 34 personas, el periodista Ángel Gahona, fue captado en video y transmitido a todo el mundo, al igual que ocurrió hace 40 años, cuando se grabó el asesinato del corresponsal de la ABC Bill Stewart a manos de un oficial de la Guardia Nacional somocista.
Este jueves, grupos de defensores de derechos humanos denunciaron ante la fiscalía al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de al menos 34 personas durante la ola de protestas contra las reformas al sistema de salud.
Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) presentó la denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas.
“La censura mediática y la violenta represión por parte del gobierno convirtieron una protesta cívica en una rebelión popular inmensa. Incluso después de que el gobierno anulara las polémicas reducciones a las pensiones, la agitación social siguió intensificándose. Eso se debe a que las protestas no solo responden a una política particular, sino que también buscan combatir el autoritarismo”, comentó, Mateo Jarquín Chamorro, historiados nicaragüense y candidato a doctorado de la Universidad de Harvard.
En una columna publicada en el diario The New York Times, el especialista de la realidad nicaragüense advierte que pese a las protestas, todavía es incierto si esta crisis es de carácter terminal para el régimen de Daniel Ortega, quien puso en la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo, en un intento por perpetuarse en el poder.
Ortega, de ideas revolucionarias y que cultivó el apoyo de trabajadores, movimientos sociales progresistas e intelectuales, ahora se apoya en alianzas tácitas con la élite empresarial y el liderazgo conservador de las Iglesias católica y evangelista, que, hasta los recientes disturbios, habían apoyado y legitimado al régimen en nombre de la paz social y la estabilidad económica.
“Nicaragua ha sido de los países más estables de la región y ha evitado la violencia pandillera y el narcoterrorismo que han agobiado a otros países centroamericanos. El precio, sin embargo, ha sido demasiado alto. Ortega ha estado sembrando las semillas de este conflicto desde su regreso al poder en 2007. Durante los últimos once años, ha cooptado todos los poderes del gobierno, apropiándose de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad.
“Nada de esto es nuevo para nosotros. Durante el siglo XX, tres Somoza violaron sistemáticamente los derechos humanos y aprovecharon su control estatal para enriquecerse junto con sus allegados. A pesar de los abusos, la élite tradicional de Nicaragua (uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio) aceptó la construcción de la dictadura porque prometía estabilidad y porque implementó políticas económicas favorables a sus intereses. A cambio, los Somoza pidieron que no se les cuestionara su poder. El lema, para ponerlo de manera sencilla, podría haber sido: “Háganse ricos, pero no se metan a la política”.
Mateo Jarquín Chamorro recordó que la dictadura somocista, apoyada por Estados Unidos, trajo cuatro décadas de relativa paz a un país marcado por una larga historia de revoluciones y guerras civiles.
Sin embargo, —lamentó— la estabilidad se pagó con el cierre de todos los canales políticos para propiciar un cambio. Cuando los nicaragüenses decidieron que ya estaban hartos, no encontraron otra alternativa que el derrocamiento violento de la dictadura.
Y trajo a la memoria: Frente a un pueblo insurrecto, Anastasio Somoza Debayle —último de su clan en el poder— se rehusó a renunciar e intentó aferrarse al poder con fuerza bruta. En las vísperas de su derrocamiento en julio de 1979, aproximadamente 40,000 nicaragüenses murieron. Ortega, figura clave del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tumbó a Somoza, sabe muy bien cómo termina este cuento.
AJ