El 64% de las personas dueñas de empresas y negocios considera inviable una reducción inmediata de 48 a 40 horas de jornada laboral sin afectar su operación, indica el estudio presentado este lunes por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Entre los resultados más resaltables se encontró que en el país 7 de cada 10 empresarios está en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, advirtió en conferencia de prensa que, de los 1,200 de encuestados a nivel nacional, el 67.2 % se posicionó en contra de esta reducción, mientras que solo el 13.1% afirmó estar de acuerdo y 19.7% dijo no estar seguro.
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Sin embargo, esta misma investigación registró que el 56.7% de los empresarios no apoya esta medida aunque se aplique de forma gradual, frente al 24.4% que respondió positivamente y el 18.9 % que declaró no contar con información suficiente para decidir.
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Además, el sector empresarial encuestado insistió que si esta reforma es aprobada se deben ofrecer apoyos vinculados con la disminución de los impuestos (66.72 %), la deducción de los gastos de nómina (54.3%) y el apoyo financiero o subsidios para cubrir nuevos costos laborales (46.7%).
Reducción de jornada laboral
Contexto: La reducción de la jornada laboral en México de 48 horas a 40 es una reforma necesaria para que los trabajadores consigan una mayor productividad en el trabajo, pero que “tal vez pueda haber efectos en los costos o sobre la manera de operar de los empresarios”, reconoció, para La Silla Rota, Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Gutiérrez remarca que la situación de jornada laboral es algo muy arraigado dentro del mercado laboral mexicano y, ante estos cambios, en las empresas “siempre hay cierta complicación inicial a la hora de hacer ajustes importantes a la manera en la que se contrata y a la manera en la que se lleva el día a día de la fuerza laboral de las empresas”.
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En este sentido, el doctor en Derecho y experto en política laboral, Manuel Fuentes, consultado por este medio, establece que las empresas se enfrentarán a dos retos constantes: la reducción de la jornada y mantener los salarios de sus empleados.
El Frente Nacional por las 40 Horas, en entrevista con LSR, precisa que se deben separar a las grandes empresas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya que el empresario de las primeras “no quiere perder sus privilegios”, mientras que las Pymes tienen dificultades para poder seguir dentro del ecosistema económico mexicano.
Los mayores problemas
“El segmento que más afecta a la generación del empleo formal es el pago de impuestos, como ISR (de la renta), que va del 25 al 30%, así como el costo que implica la seguridad social en conjunto representan el 20% (...) En promedio, el impacto que tiene un negocio familiar es entre el 45 al 50% de la generación de sus recursos”, sentenció De la Torre.
A esto se suma que tres de las principales preocupaciones de los negocios son el aumento de los costos operativos (71.4%), la dificultad para cubrir turnos o mantener el nivel del servicio (58.85%) y la disminución de productividad (29.81%).
Los costos de la informalidad
Estas preocupaciones son la muestra del costo de la formalidad en México, un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 55% de la economía laboral es informal y representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB).
A ese contexto de informalidad se suma que “el 50% de los empresarios desconoce el marco regulatorio” que debe acatar para llevar formalmente su negocio, informaron ambas cámaras.
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Para prevenir que la reducción de la jornada laboral aumente la informalidad, De la Torre y Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra, hicieron un llamado para que esta iniciativa del Gobierno mexicano integre tres ejes clave.
El primero basado en la gradualidad hacia el 2030, criterio que debe considerar su aplicación en función del sector, tamaño y ubicación de las empresas; incentivos a la formalidad con esquemas de apoyo financiero, fiscal y tecnológico.
Y, por último, la creación de un Observatorio de Transición Laboral para evaluar y ajustar la implementación con base en la legalidad, técnica y transparencia.
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Ambas cámaras consideraron que la reducción de la jornada “es un avance”, pero advirtieron que debe aplicarse de manera uniforme de lo contrario “se podría comprometer la estabilidad de los negocios”.
esr