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Yeidckol Polevnsky y los personajes en torno a la “Ley Bonilla”

Inconstitucional, un agravio a la democracia y una ruptura al pacto federal, así califican a la "Ley Bonilla", sin embargo, hay quienes la defienden

Escrito en NACIÓN el

La reforma constitucional que aprobó el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla ha provocado diversas reacciones, la mayoría de ellas negativas, calificándola de inconstitucional, un agravio a la democracia y una ruptura al pacto federal, sin embargo, hay quienes la defienden.

Una protagonista de esta discusión ha sido Yeidckol Polevnsky, la dirigente nacional de Morena, partido del gobernador bajacaliforniano y base de los legisladores que aprobaron dicha ley.

Polevnsky ha defendido la llamada “Ley Bonilla” y, entre varios de los argumentos que ha utilizado para definirla, destaca las palabras que dio en una entrevista radiofónica y que compartió en redes sociales.   

“Hay que analizar bien el tema desde todos los puntos de vista...pero es una locura hacer una elección cada dos años”

Varias fueron las críticas contra la polémica líder nacional de Morena, sin embargo, una de las más duras vino dentro de Morena.

La diputada federal Tatiana Cluothier, fiel a su estilo, respondió en Twitter las aseveraciones de Polevnsky.

“Esa elección en una sola ocasión, no siempre; la democracia, el bien mayor y los poderes deben estar por en encima de salidas falsas. Se votó por dos años”.

Dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) también se han presentado posturas diferentes.

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, defendió la ley en un artículo publicado en Excélsior, asegurando que la ley está al margen de la legalidad y muy lejos de la inconstitucional.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, sostuvo que la reforma es inconstitucional, sin embargo, señaló que la secretaría que comanda no intervendrá, pues no le corresponde.

En el mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ilegal la “Ley Bonilla”, tomando distancia de la misma, pues llamó a que “la autoridad competente resuelva”.  

Benjamín Gómez Macías, diputado local del PRI y presidente del Congreso de Baja California, aseguró que funcionarios federales cercanos a Bonilla de presionarlo para para modificar el periodo de la gubernatura, queriéndolo sobornar con un millón de dólares.

El priista señaló particularmente Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali. Esto antes de que sucediera la votación y aprobación de la reforma constitucional, el 31 de mayo.  

Incluso, dijo que Amador Rodríguez Lozano, Jesús Ruiz Uribe y Marco Antonio Bolaños Cacho, operadores políticos de Bonilla, citó a diputados de las diferentes fuerzas políticas para ofrecerle un millón de dólares a cada uno de ellos por darle luz verde a la aplicación de mandato.

Los dichos de Gómez Macías derivaron en la denuncia penal presentada por el excandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, ente la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de cohecho y “los que resulten”.  

Por su fuera poco, el presidente de la Coparmex, Gustavo Hoyos, acusó a López Obrador de haber pactado con Bonilla la ampliación del mandato en un exclusivo palco del estadio Petco Park, en San Diego, Estados Unidos.


La oposición ha sido la más dura al señalar las irregularidades de la “Ley Bonilla”. Damián Zepeda, senador del PAN, acusó a los legisladores panistas en Baja California de ser controlados por el gobernador morenista.

Al respecto, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, adelantó que cesarán de su bancada a nueve diputados que votaron a favor de dicha prolongación de mandato.

El PAN, así como el PRI, a través de su presidenta nacional Claudia Ruiz Massieu, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la inconstitucional de la “Ley Bonilla”.

Entre las críticas más duras están las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien planteó que el Senado de la República puede desaparecer los poderes en el estado.

Detalló que, en caso de proceder, Bonilla quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de gobernador. Luego, la cámara alta debería nombrar un gobernador provisional, a partir de una terna enviada por el presidente, para convocar a nuevas elecciones.

Sobre la reforma constitucional, Porfirio la calificó como una ruptura con la Federación.

"Es gravísima, es una ruptura con la Federación, es algo insólito, esas cosas ocurrían en el siglo XIX, cuando los estados se iban por su lado, es una ruptura del pacto constitucional, una cosa insólita. Lo importante es echarla abajo, están violando la Constitución".