El uso de cannabis multiplicó la violencia y elevó su consumo en 43 por ciento en sólo cinco años, por lo que es urgente su regulación, desde el uso hasta la producción y venta, advirtieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
El mayor reto para la regulación es lograr un equilibrio entre el modelo de salud pública y los intereses derivados con su comercialización, afirmaron.
La Comisión de Salud del Senado de la República, que preside Miguel Ángel Navarro Quintero, realizó el Foro “Hacia una política de regulación de la cannabis”, en el que se busca escuchar las voces de los diferentes actores involucrados en el proceso.
Sánchez Cordero enfatizó que “México necesita urgentemente reformar su manera abordar el uso y consumo de cannabis. La política prohibicionista que se ha seguido en los últimos años, sin duda ha incrementado la violencia en nuestro país y ha traído la criminalización de un sector de la población”.
Dijo que esta estrategia ha fallado en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores.
Por esa razón mencionó que el tema de la cannabis debe de analizarse desde la óptica de salud pública y que se establezca el derecho a la autodeterminación.
Destacó que “el mayor reto al que se enfrenta el modelo de regulación es equilibrar el modelo de salud pública, con los intereses derivados con su comercialización”.
La titular de Segob explicó que por un lado se deben regular los intereses del mercado que buscan incentivar el uso de la cannabis y por el otro se tienen que minimizar los riesgos del consumo.
Señaló que la regulación que se emita no puede limitarse a modificar la Ley General de Salud, sino que tiene que regular toda la cadena del proceso, que va desde la producción hasta la venta de esa sustancia.
En su participación Alcocer Varela presentó el panorama de salud en el que se da el actual debate para la regulación de esta sustancia.
Señaló que la experimentación con marihuana en la población de 12 a 65 años aumentó 43%, ya que en 2011 la usaban 4.7 millones de personas y en 2016 la cifra subió a 7.3 millones.
El secretario de Salud dijo que uno de cada cuatro individuos que usan cannabinoides presentan trastorno de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, personalidad antisocial y los casos mortales por consumo de marihuana están relacionados con accidentes automovilísticos.
Sin embargo, recordó que esta sustancia tiene efectos benéficos para tratamientos médicos. Destacó su uso analgésico, antiepiléptico, disminuye la presión intraocular y ayuda a reducir el apetito y la sensación de náuseas.
En medio del proceso para la regulación, Alcocer Varela señaló que “el mayor reto es poder equilibrar este enfoque de salud pública con los intereses comerciales”.
Resaltó que se necesita regular el contenido de cannabinoide, la ruta de administración, la interacción con otras drogas y medicamentos, así como el uso concomitante de alcohol y benzodiacepinas.
Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que “en México, hoy la cannabis es una realidad, hoy su consumo es una realidad, hoy el tráfico permanente es una circunstancia incesante. Es una realidad el mercado negro, hoy la producción es una realidad. Como legisladores no podemos cerrar los ojos”.
Aseguró que ante esta situación, la regulación de la cannabis que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión será cumplida.
“Como Comisión de Salud de este Senado de la República debemos continuar siempre nuestra labor en el plano de la dignidad humana y de la disciplina, pero no autoritaria”, destacó y añadió: “Ha llegado el momento de atender la regulación de la cannabis, de manera integral, sin doble discurso”.
En su participación en el foro, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, alertó que el actual modelo prohibicionista en materia de cannabis ha tenido más costos que beneficios.
De acuerdo con datos de la PGR, de las personas entre 18 y 29 años indiciadas en alguna investigación por delitos contra la salud, 35% fue por posesión, 31% por consumo y 7% por tráfico, producción o suministro de cannabis. “Estos datos revelan un fracaso contundente de la política prohibicionista”, afirmó.
Monreal señaló que la despenalización implica regular la producción, distribución y consumo, como se hace con otras mercancías y resaltó que “se trata de arrebatarle a las bandas del crimen organizado”.
Resaltó también que la experiencia de otros países como Holanda muestra que impulsar una regulación que dé mayor accesibilidad a la marihuana no genera un aumento en el consumo de la población.
El senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que el proceso de regulación de la cannabis es un reto para el Congreso, por eso es importante escuchar diversas posturas.
Indicó que la regulación implica que se haga un ejercicio de parlamento abierto, en el que se escuchen los diferentes actores que están involucrados, como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda.
AJ