El Programa Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud presentó irregularidades por 3 millones 892 mil 645 pesos en 2019, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación 11 estados no comprobaron en qué utilizaron el dinero que se les otorgó.
De acuerdo con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se encontraron 15 irregularidades por las que se emitieron recomendaciones, sobre el uso de los recursos y la planeación de la entrega de insumos y equipo.
En materia económica, la Auditoría señaló que 10 estados no comprobaron la aplicación de 3 millones 318 mil 400 pesos que les fueron ministrados por el gobierno para el programa U009, los cuales les fueron entregados a través del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE).
Puebla encabeza la lista ya que no comprobó en que utilizó un millón 231 mil 600 pesos; le sigue el Estado de México con un monto de 949 mil 300; mientras que el tercer sitio lo ocupa Veracruz, con 777 mil 300 pesos.
En el listado sigue Chihuahua con 159 mil 900 pesos; Chiapas con 97 mil 900; Nayarit con 69 mil 300; Colima con 15 mil 600; Oaxaca con 8 mil 900; Coahuila con 8 mil 200, y Durango, que sólo no pudo comprobar 400 pesos.
La Auditoría señaló que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades entregó en tiempo y forma 138 millones 508 mil 800 pesos, hasta octubre de 2020 se comprobó el gasto de 126 millones 673 mil pesos y se reintegraron 8 millones 517 mil 400 pesos.
Por separado, la ASF encontró anomalías en los recursos ejercidos por los Servicios de Salud del Gobierno de Morelos para el programa de prevención, por un monto de 574 mil 245 pesos.
Señaló que Morelos no proporcionó los contratos de honorarios para sustentar los pagos de cuatro prestadores de servicios por 525 mil 300 pesos y de siete prestadores de servicios por honorarios, tres no presentaron sus informes de actividades por 48 mil 900 pesos, mientras que cuatro carecen de la firma del servidor público que verifica los servicios.
(MJP)