Familiares víctimas de desaparición celebran -sin caer en triunfalismos- seis nuevas suspensiones que el Poder Judicial les otorgó en San Luis Potosí contra la eliminación del fideicomiso 10252 que permitía que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les provea de modestos recursos financieros para su sostén y búsqueda de sus familiares desaparecidos. Con este nuevo logro, serían en total siete las suspensiones obtenidas en el último mes. Paradójicamente, el Banco del Bienestar respondió mediante oficio el 22 de enero que ellos no ejecutaron ninguna acción para la eliminación de dicho fideicomiso y afirma que no ha recibido el dinero que tenía éste.
Ricardo Preciado, quien litigó estos casos en el despacho Suárez Altamirano en SLP, explicó en entrevista con La Silla Rota que el juzgado cuarto de distrito en esa entidad les otorgó estas seis suspensiones por lo que la CEAV deberá seguir entregando a las víctimas los recursos económicos que en promedio ascienden a 250 por día para viáticos y mil 500 para hospedaje durante los días que emprenden una búsqueda de sus desaparecidos. El dinero les era transferido vía electrónica a sus cuentas bancarias; por lo que ahora esperan este nuevo depósito. El abogado precisó que mientras el gobierno federal no resuelva de manera clara las nuevas formas en las que estos recursos serán entregados, los depósitos deberán seguirse llevando con normalidad.
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"El 4 de febrero tenemos fijada la fecha para que se resuelva la suspensión definitiva", adelantó, "es producto de un segundo amparo, aunque tenemos otros en evolución en Veracruz, Guanajuato, Coahuila. Un promedio de 11 amparos más y estamos a la expectativa de si los juzgadores también les otorgarán una suspensión.
Agregó que tres amparos podrían ser sobreseídos, cual no es una buena noticia. "Es que hay cada cosa que nos piden los juzgados”, lamentó. “Algunas son absurdas, por ejemplo contestan "aclárame si cuando te refieres al Congreso te refieres a la Cámara de Diputados, al Senado o ambas", relata. “La ley dice que el Congreso son ambas cámaras y no una sola, más bien nos parece que son estrategias de los mismos juzgadores para ganar tiempo, trabas para el proceso jurídico y para las personas porque finalmente este tipo de cuestiones las revictimiza”.
Otra dificultad que han tenido es que algunas de las víctimas radican en pueblos alejados de la capital, que es donde se ubican los juzgados federales. “Para ellos enviarles un documento a un lugar donde no hay internet o no tienen dónde imprimir, es complicado. Aunado a eso está la imposibilidad material de que las víctimas puedan trasladarse hasta el juzgado para cumplir algún requisito, máxime bajo el contexto de la pandemia", dijo.
Refirió que hay además una suspensión provisional que les han negado pese a que el tribunal colegiado registró una votación dividida. Sin embargo, Preciado insistirá en la siguiente audiencia agendada para febrero, insistir con el juzgador sobre por qué se les debe otorgar la suspensión.
LA RESPUESTA DEL BANCO DEL BIENESTAR
El 18 de enero este portal informó que la asociación "Voz y dignidad por los nuestros" a la que pertenecen un promedio de 300 familias de personas desaparecidas en varias entidades del país, lograron una suspensión provisional contra la eliminación de fideicomiso de protección a víctimas que el Congreso aprobó en octubre y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre.
En aquella ocasión Guadalupe Mendiola explicó que no habían recibido los recursos económicos por parte de CEAV para seguir buscando a sus familiares, pero sí una notificación de la comisión para que ellos "les prestaran" el dinero de los gastos que realizaron y los comprobaran de manera fiscal con el fin de reembolsárselos.
El litigante explicó que pese a que ya se notificó al CEAV de esta suspensión lograda el 23 de diciembre 2020, el Banco del Bienestar respondió mediante oficio el 22 de enero que el fideicomiso 10252 de la Tesorería de la Federación no había desaparecido porque ellos no habían recibido los recursos del mismo. "Básicamente responde que no han realizado ningún acto tendiente la desaparición de ese fideicomiso. Y el subsecretario Encinas tuiteó uno que establece que las prerrogativas relacionadas con alimentación vivienda y canasta básica continuarán otorgándose durante todo este año", explicó.
En esencia el tuit de Encinas confirma que las víctimas recibirán durante enero el pago de ayudas económicas para alimentación y vivienda; y precisa que será así "en tanto se elaboran nuevas reglas de operación para el uso dispersión de estos recursos en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que se cuente con estos nuevos lineamientos se harán del conocimiento público".
??Reporte CEAV
Elabora @CEAVmex nuevas reglas de operación para entregar apoyos a personas víctimas
?? https://t.co/ws0WUbYSck pic.twitter.com/iNzn8hWG6v— CEAV (@CEAVmex) January 15, 2021
También confirma que en el gasto de traslados y gastos funerarios, la mecánica será de reembolso contra facturación. Al respecto Preciado destacó que "las víctimas no deberían de estar haciendo una labor que corresponde al Estado. Además, el problema es que estas reglas no son claras porque no se dice cuánto tiempo tardarán, hay ambigüedad: por eso nos están concediendo las suspensiones, porque argumentamos que como gobierno no puedes quitar todo y después darte un margen de 180 días, seis meses, para decirle a las víctimas cómo le vas a hacer para seguir entregando los recursos. No es así, eso está mal”.
Y adelantó “la autoridad tenía que garantizar esos recursos porque son derechos reconocidos por el Estado porque ellos son víctimas. Y cuando se dé a conocer de manera formal ese mecanismo, evaluaremos si es mejor o peor que el que se tenía. Pero eso ya lo estamos manejando como fondo del asunto. Muchos de esos recursos las víctimas los utilizan para rentas y canastas básicas, si no hubiéramos procedido legalmente ¿Entonces las víctimas deberían de tener la búsqueda de sus familiares por 6 meses?", cuestionó.
Cabe mencionar que hace un año Bansefi se transformó en el Banco del Bienestar mediante la iniciativa del Ejecutivo envió al Congreso y que este aprobó. "Y el banco del bienestar continúa negando la existencia del acto a pesar de que el acuerdo del 6 de noviembre del 2020 los obligaba a que a partir del 22 de diciembre tenían que haber regresado a la hacienda pública los dineros de los fideicomisos", dijo Preciado. “Tenemos que entender que estas personas son víctimas del Estado por la desaparición de sus familiares, es un avance, pero no hay nada concluyente hasta que se resuelva el fondo del asunto que es la persistencia de los recursos que se habían establecido para ellos. Mientras eso no pasa estas 7 personas beneficiadas por la suspensión deberán seguir recibiendo las prerrogativas que tenían".
(djh)