Los ingresos que se obtendrán por la reducción de 50% del gasto asignado a servicios generales y de operación, como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener recursos que sirvan para atender la emergencia sanitaria por el covid-19, representarán recursos insuficientes, coincidieron expertos económicos consultados por La Silla Rota.
La decisión de recortar el gasto público en 50 por ciento lo único que va a lograr es profundizar la caída de la actividad económica y es exactamente lo contrario de lo que han venido recomendando todos los organismos internacionales como la Cepal, la OCDE, el FMI y la ONU, consideró el maestro en Economía, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Pablo Álvarez Icaza.
El coordinador del Laboratorio de Análisis y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, consideró que el recorte, que equivale a 26 mil 346 millones de pesos, será insuficiente para enfrentar la crisis. Explicó que al ser un recorte sobre servicios generales y operación, relacionado con la utilización de celulares, automóviles e incluso comedores, sí se puede hacer.
Explicó que el gobierno lo que busca es usar ese dinero, junto con lo del ahorro de los fideicomisos, de 740 mil 542 mil millones de pesos, para compensar la caída que viene en el pago de los impuestos Sobre la Renta, del Valor Agregado, de las cuotas del IMSS y hasta de la caída del petróleo.
“De ahí viene el ajuste pero aun así no se logra cubrir la merma de estos tres impuestos”, pronosticó.
Dijo que por eso se avecina una negociación con las grandes empresas, a las que pertenecen en su mayoría los 346 mil empleados despedidos desde marzo pasado. Antes de dar apoyos, el gobierno verá cuáles empresas están al corriente en sus impuestos, cuáles no han despedido a sus empleados, les han pagado sus sueldos y con base en ello decidiría apoyarlas, cuando entre la fase 3, que podría declararse la próxima semana
“Aquí viene la ingeniería financiera del SAT, viene la declaración anual trimestral de las empresas en marzo, una vez que se tenga bien a bien la situación financiera de la empresa vendrá el apoyo para las mismas. Hay muchas empresas que deben impuestos, que deben 50 mil millones si lo comparamos así estas 15 empresas deben el doble del ajuste en gasto –que salió de 26 mil millones- y empresas quieren que se pospongan impuestos y que se difieran pero no dicen que se señalen si fiscalmente están bien”, agregó el profesor del Centro de Relaciones Internacionales.
Señaló que hay empresas como Grupo Prisma o Grupo Radio Centro que deben impuestos y buscan aprovechar la situación actual para presionar al gobierno y ser apoyadas o no pagar impuestos ni tener consecuencias por despedir gente.
LEGALIDAD CUESTIONADA
El egresado del CIDE, Pablo Álvarez Icaza afirmó que la medida es ilegal pues la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones para anunciar una determinación así y pasa por encima de las facultades de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, con la cual hay que acordar cualquier tipo de cambio en el presupuesto cuando los ingresos fiscales disminuyen en más de 3%, según lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los dos últimos párrafos del artículo 21 de la ley mencionada indican que en el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad.
“La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal”.
El especialista en política económica afirma que lo que todo mundo está recomendando son medidas expansivas y se está haciendo lo contrario. Las medidas expansivas son incrementar el gasto o reducir impuestos, reducir las tasas de interés más drásticamente, -México lo ha hecho de una manera muy tibia- y dar líneas de crédito y liquidez para que las empresas sigan teniendo recursos sobre todo para pagar capital de trabajo. Todo ello fue recomendado por los gremios de economistas y los organismos internacionales, dijo.
“El presidente no le hace caso a Alicia Bárcenas (titular de la Cepal) ni a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda”. La Cepal tiene registro de que un país como Bahamas va a dar apoyos fiscales por 0.2% de su PIB y el que ha dado más apoyos en la región es Chile, con 4.5 % de su PIB. México no ha reportado todavía medidas de apoyo fiscal y si lo ha hecho son tan escasas que no pintan en términos del PIB, indicó.
En su opinión, la reducción en los gastos de operación tendrá un efecto indirecto en el empleo porque si se reduce la contratación de proveedores evidentemente va a repercutir en la cadena productiva; son empresas que tienen trabajadores o son personas que van a dejar de dar servicios”.
LO QUE VIENE
Martínez consideró por su parte que la medida del recorte de servicios generales y de operación sí tiene legalidad y lo que no es legal es el recorte de los aguinaldos.
El director del Lacen adelantó que lo que el gobierno analizará en la fase tres es que con el espectro que se tiene de las empresas que hasta el 20 de marzo -cuando se declaró la declaratoria de emergencia- estén sanas, se establecerá, con base en el artículo 39-III del Código Fiscal de la Federación otorgar subsidios o estímulos a las que lo requieran.
“Pero no se rescatará a las empresas que, desde antes del covid-19 sean morosas o que tengan problemas financieros internos. No es un rescate, que es lo que quiere el Consejo Coordinador Empresarial”, dijo.
“El órgano empresarial pide apoyo difiriendo el pago del IMSS e ISR, pero el patrón ya descontó la cuota y ya pagamos para que haga su reporte a Hacienda el ISR. ¿No le pierden?”, ironizó. “A los millones de asalariados ya le declaramos al patrón la cuota del IMSS y el ISR cada quincena en tanto que el patrón dice ‘apóyame para que no te pague’, entonces ¿vamos a subsidiar a Grupo Radio Centro, Grupo Prisma u otros? Por eso vemos esta bronca que tenemos entre el Consejo Coordinador y el presidente”, concluyó.