El caso de Emilio Lozoya y los exfuncionarios de alto nivel que señala en su famosa denuncia de hechos, parece más una exhibición pública que un intento de castigar a quienes cometieron delitos, así los aseguraron César Gutiérrez, abogado especialista en derecho penal, y Ernesto González Cancino, experto en estrategias anticorrupción, en su participación en la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota.
Las palabras de ambos especialistas se dan luego que se filtrara, primero, un video donde exmiembros del Senado de la República ligados al PAN reciben dinero de un funcionario de Pemex; y luego, la denuncio de hechos donde Lozoya señala a 17 exfuncionarios entre ellos a Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
“Es interesante que las filtraciones se dan a petición del presidente (Andrés Manuel López Obrador), esto no significa que éstas hayan venido desde la autoridad, pero si da mucho que pensar [...] las filtraciones tienen una finalidad político electoral más que claro, la intención es debilitar a la oposición”, dije César Gutiérrez.
Para el abogado, el plan de Morena es demostrar que la oposición es corrupta, con miras a las elecciones del 2021, para que el partido de López Obrador se venda de forma muy maquiavélica como el menos peor: “no somos la mejor opción, pero ellos son peores, corruptos y malos”.
“Están buscando que el tema tenga más espectáculo público que resolución institucional [...] pareciera que interesa más es que haya una discusión pública más allá de las sanciones”, aseguró González Cancino.
El también director general del despacho de Controllia mencionó que es válido que casos como el de Lozoya se discutan en la arena pública y en la institucional, pero esta última es la que debe de prevalecer, porque, si no es así, solo era “pan y circo”.
“¿Qué es lo que más le conviene al país, que se sepa o que se castigue a quien cometió algo ilícito?, yo creo que las dos cosas, aunque es más bueno que se castigue, pero privilegiar que se sepa, poniendo en riesgo o dejando de lado la sanción, es un mal mensaje”.
César coincide con Ernesto en este sentido, para el partido en el poder le es de más utilidad exhibir a la oposición como corrupta que hacerlo de forma judicial con sentencias condenatorias.
El abogado insistió en que, con las filtraciones, se está jugando en el límite de lo legal e ilegal, pues éstas -el video y la denuncia de hechos- no forman parte de la denuncia del caso Lozoya, sino que forman parte de otro expediente.
“(Lozoya y la FGR) tienen horas y horas de video, vamos a seguir viendo filtraciones, tienen grabados a todo mundo y esto, cada vez que se vayan acercando las elecciones, va a ser más fuerte, veremos videos más comprometedores”, señaló Gutiérrez.
A diferencia de lo que se señalan en varios medios, Lozoya no tiene porque presentar pruebas, basta un indicio para que un juez libre una orden de aprehensión y vincule a proceso a cualquiera de los personajes que Lozoya menciona, según el abogado.
“Lo que Lozoya necesita para vincular a proceso a cualquiera de las personas mencionadas, son indicios. Después de esos indicios se hará una investigación prolongada, donde podrán ofrecer datos de prueba. Hasta que el juez las considere legales, serán medios de pruebas que se tendrán que desahogar en otra audiencia de juicio, en el que podrán demostrar si son culpables o inocentes de los delitos que se les imputa”, declaró Gutiérrez.
Sobre la prescripción de los delitos que Lozoya y todos los personajes que ha señalado presuntamente cometieron, ambos expertos ven en “delincuencia organizada” las palabras claves.
“Puede configurarse el delito de delincuencia organizada o lavado de dinero, el tema que tantas habilidades tendrá la Fiscalía para integrar una carpeta con pruebas y clasificar los delitos que puedan no ser prescritos [...] en la denuncia de Lozoya hay dos épocas, antes de la campaña y después de la campaña, ahí parece que rompe el límite de la prescripción en algunos delitos, los más viejo al parecer ya pasaron, los más nuevos no”, explicó González Cancino.
Por su parte, César Gutiérrez señaló: “Si son delitos de carácter electoral, ya prescribieron [...] el caso de Lozoya no ha prescrito [...] la palabra clave es delincuencia organizada, la pena mínima es de 10 años, entonces la prescripción sería luego de 15 años, pero cuando es delincuencia organizada se maneja de manera distinta”.
El plan de Lozoya, precisó Gutiérrez, es presentarse como la víctima de todo el engranaje de corrupción, venderse como quien obedecía a sus superiores -Peña y Videgaray, a la vez que era extorsionado por los legisladores panistas que le pedían cada vez más dinero para aprobar la reforma energética.
