Diputados federales analizaron, mediante parlamento abierto, tres iniciativas a fin de que los usuarios de telefonía celular en modo prepago deban registrar sus datos personales durante la compra de estos chips como una forma de contrarrestar la extorsión en los índices delictivos. Sin embargo, terceros interesados consideraron que, aunque tienen disposición, deberán buscar la forma de resolver el manejo de los datos personales sin limitar el derecho a la conectividad.
Estadísticas oficiales del Sistema de Investigación Nacional indicaron que en los últimos años el secuestro quedó rebasado por la extorsión ya que en el uso de tarjetas prepago para este delito se carece del nombre del titular o propietario a quién investigar, por lo que solo se cuenta con un número aislado. "Hay casos donde han utilizado hasta 5 o 6 chip de telefonía intercalándolos en diversas llamadas" explicó Ignacio Hernández de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. "El problema lo tenemos en las telefonías de prepago, los chips que se pueden comprar en tiendas de conveniencia por 60 pesos donde no se solicita un registro ni identificación".
Según los datos proporcionados en octubre se registraron un promedio de 6 mil extorsiones telefónicas (200 promedio por día); y aunque los números reportados por las víctimas son investigados, las autoridades no pueden avanzar principalmente porque desconocen quién es el propietario de esa línea. En cifras, tan sólo en 2019 -apuntaron- el monto total de las extorsiones fue de un promedio de 12 mil mdp. ES por eso que las tres iniciativas buscan la regulación de los chips prepago a través de las empresas telefónicas que brindan estos servicios.
"La extorsión es uno de los delitos con mayor estancamiento, en lugar de tener una reducción", explicó David Pérez del CNI.
"Tenemos 150 mil números extorsivos, creemos que el apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los proveedores de telefonía y diputados podemos lograr todo para conocer a mayor profundidad el modus operandi, quién es el responsable, dónde se encuentra, cómo se realizó la llamada, qué tipo de mecanismos e inclusive las cuentas bancarias que tenemos de los extorsionadores", enlistó.
Precisó que en 2018 la extorsión aumentó como delito en 14 entidades federativas principalmente de la zona centro, "más de 6 millones de extorsiones se cometieron el año pasado", expuso. En junio, durante la pandemia, vía el número 089, se disparó de denuncias a 10 mil 298 aunque la cifra se redujo en octubre a 9 mil 764. "El 23% de los extorsionadores amenazan con daño físico, el 10% con materia de obtención de datos, casi el 10% secuestro virtual, casi 5% utilizan la excusa de apoyo durante una situación de emergencia y el 4.5% por derecho de pago", expuso.
Aunque solidario en cuanto a la finalidad, el IFT dejó en claro que no acompañaría esta propuesta por vulnerar artículos constitucionales relacionados con el derecho a la tecnología. "Coincidimos con la necesidad apremiante de encontrar una solución a esta problemática delictiva... Pero en lo que toca a nosotros sólo podemos advertir y dejar sobre la mesa las consecuencias de un mecanismo que pudiera no resultar del todo idónea", dijo Rafael Eslava, titular de la unidad de Concesiones y Servicios del instituto. “Y eso significa garantizar la prestación de los mismos, la constitución nos otorga en el artículo sexto el derecho al libre acceso a la información oportuna... Y señala que es función del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información". Consideró además que la medida, tal como pretende impulsarse, podría vulnerar el acceso a la información, así como el uso de banda ancha e internet.
Según sus datos, el 85% de las líneas han sido efectivas en términos de prepago, principalmente enfocado a población de menores recursos. Y recordó que en el año 2009 fracasó el intento de crear este registro porque los usuarios no facilitaron sus datos; el cambio ahora sería que el recaudador de esta información sea la empresa de telefonía (en su papel de concesionaria, igual que en los servicios de telefonía por renta) pero la base de datos quedaría en manos del IFT.
De ahí que el comisionado Sostenes Díaz afirmó que en caso de que las iniciativas sean avaladas ante el pleno de la cámara, su implementación "se tendría que establecer mediante disposiciones administrativas quiénes pueden acceder a esta información, establecer obligaciones estrictas en cuanto a protección de esta información a través de las leyes de transparencia y al marco legal aplicable, para tener la seguridad cibernética requerida y que no cualquiera pueda ingresar a esta base de datos".
Expertos en el tema plantearon que un registro obligatorio podría traer como efecto negativo la restricción de accesibilidad para los consumidores, así como el surgimiento de mercados ilegales además de limitar las telecomunicaciones en zonas aisladas o rurales.
Víctor Pérez, legislador panista de la comisión de Comunicaciones y Transportes explicó que revisaran el tema para encontrar un punto medio en beneficio de la sociedad.
Tenemos que hacer algo definitivamente en el marco del respeto de los ciudadanos y proteger el tema de los derechos humanos y la presunción de inocencia... Cada bancada tomará su decisión... Si queremos arreglar la extorsión y el secuestro, tenemos que entrarle al toro y todos somos responsables de esta solución... Ya vimos en el presupuesto de egresos cuántos recortes y cómo se está redireccionado el presupuesto, calculemos eso también
(MJP)