Hace unas semanas Juan Manuel Jiménez, reportero de ADN 40, recibió en el rostro el puñetazo que le dio “El Chupas” durante la cobertura de una marcha feminista. En 2014, el fotógrafo Marco Ugarte cubría una protesta social cuando fue arrastrado en el piso por manifestantes, para luego ser golpeado y hospitalizado por severas lesiones en el rostro. En 2013 la fotógrafa Quetzalli González fue perseguida por un granadero que golpeó su hombro con un tolete. Estos son algunos ejemplos de agresiones que se han vuelto comunes durante el trabajo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos; pero no deberían serlo. Paradójicamente (y pese a su gravedad), estos ejemplos son incomparables con las historias de periodistas que son asesinados a quemarropa por quienes quizá pudieron sentirse amenazados por su labor.
El presidente López Obrador lo dijo en su primer informe de gobierno: “se está brindando protección a 337 periodistas amenazados”. ¿Son muchos? ¿Pocos? Los números podrían leerse al revés: preferible tener 337 periodistas y dos colectivos dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (adscrito a la Secretaría de Gobernación), que no tener ninguno. No obstante, este panorama padece el mismo mal que muchos programas gubernamentales: los recursos humanos y financieros asignados son pocos. Pero, además, cabe mencionar que 65 periodistas no fueron admitidos en este programa por considerar los operadores del mismo, que no cumplían con todos los requisitos.
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Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, visitó México en junio para oficialmente presentar los resultados de la evaluación que la ONU hizo del Mecanismo, a petición del gobierno federal. Su principal conclusión fue que el Estado debe “atender la crisis de violencia y persecución de periodistas para garantizar y proteger el pleno ejercicio de la libertad de expresión” pues calificó como alarmante, la situación en que estos se encuentran.
Artículo 19, organización no gubernamental conformada por periodistas, pone números al adjetivo alarmante. “En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas”. Y señala con base a un conteo propio, que desde el inicio del actual gobierno se han registrado 277 agresiones que incluye a siete periodistas asesinados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) documenta 11 asesinatos de periodistas en lo que va del año, dato similar al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Rodrigo Santiago, director del programa de agravios contra periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vaticina. “Si sigue en incremento el número de agresiones a periodistas, para el fin de sexenio el Mecanismo acogerá a un promedio de tres mil personas, incluidos defensores de derechos humanos. La ONU hizo la misma estimación, pero esto no debe ser así”, advierte.
UN MECANISMO REBASADO
Después de más de 10 años de agresiones a periodistas y 52 recomendaciones dirigidas a México, autoridades internacionales invitaron al gobierno a tomar cartas en el asunto. Fue así que se le solicitó intervenir para “brindar protección física, poner fin a amenazas, ataques y muerte, adoptar medidas para combatir la violencia e intimidación… y además prevenir, sancionar estas acciones y evitar la estigmatización”, cita el informe de la ONU.
Su argumento es único e irrebatible: el Estado debe proteger todos los derechos humanos y no hacerlo, significa evadir su responsabilidad. En consecuencia, en 2012 el gobierno estableció este programa en coordinación con autoridades federales y estatales. Siete años después la pregunta es válida ¿Ha sido suficiente? Santiago afirma que no, porque el aumento de agresiones está directamente relacionado con el aumento de violencia en el país; y eso significaría en lo inmediato que el número de personas que llegará al Mecanismo crecerá, lo que afectaría la parte operativa y financiera del mismo. Aunque, de hecho, ésta ya sucede desde hace dos años.
“Entre 2017 y 2018 detectamos que el Mecanismo no podía funcionar con el presupuesto que se le dio, pues se terminó a mitad de año. Intervenimos y solicitamos a la secretaría de Hacienda y a Gobernación que se dotará de recursos suficientes esa área y fue posible solucionarlo. Pero esto continuará si no se le asignan recursos pues mensualmente opera con entre 22 y 24 millones de pesos y un promedio de 36 empleados. Y pues, hay que decirlo, no ha crecido el número de personal desde 2012 a la fecha”. Y señala que cada uno de esos 36 funcionarios debe atender en promedio 155 casos de beneficiarios. De ahí que concluya que el Mecanismo necesita urgentemente ser fortalecido.
La ONU también se refiere al tema y precisa que el dinero asignado para este año fue de 207.6 mdp, es decir, menos de lo ejercido en los últimos dos años. Y que por esa razón en abril fue necesario solicitar una ampliación de 150 mdp. Pese a esta debilidad el organismo internacional destaca que “teniendo en cuenta que la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es una especialidad de la que no existe un amplio conocimiento, cada avance debe ser entendido como una conquista paulatina que no puede darse por garantizada”.
NÚMEROS QUE ACUSA
“La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de derecho”, cita las Naciones Unidas. “Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen interés en cambios al status quo. En la medida en que afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades”.
¿Qué hay detrás de estos números? La información recabada arroja tres datos graves. Uno, sobre los agresores. Por estadística el organismo detectó que -entre 2012 y 2019-, los probables agresores de la prensa mexicana se catalogan en tres grupos. Servidores públicos (39%), particulares (33.6%) y un tercero denominado como no identificados (27.4%). Es de llamar la atención que la diferencia entre estas cifras, no es grande.
“Lamentablemente muchos de las quejas que recibimos están relacionadas con servidores públicos, me parece que, efectivamente, falta mucha capacitación a nivel municipal, estatal y federal para que las fuerzas de seguridad (policía, ejército, marina, policía federal) tengan un trato respetuoso hacia los periodistas o que no se sientan intimidados”, considera el funcionario de la CNDH.
“Si el trato de ellos a la prensa es irrespetuoso, no hay un ambiente propicio para la libertad de expresión; así que se requiere mucha capacitación en derechos humanos y más sanciones efectivas a quien actúe así”, plantea.
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Dos, la geografía de las agresiones. Artículo 19 arroja los datos relacionados con este sexenio. “Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos”, señala.
Y va más allá al precisar los diferentes tipos de agresiones documentados. “Actos de intimidación, 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Amenazas, 24.49%, es decir 61, y de los cuales en 45 casos fueron de muerte. En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística”.
Y tres, las consecuencias de la agresión. Artículo 19 acusa “en un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, sino también el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato”.
Otro dato relevante es que la organización relacionó el número de estas agresiones con el tipo de fuente que cubre el periodista afectado. Y encontró que los temas de mayor riesgo son las coberturas de corrupción y política, seguidas de seguridad y justicia, derechos humanos, así como tierra y territorio.
¿EL MECANISMO ES SUFICIENTE?
“El mecanismo no es la solución absoluta al problema de la violencia”, considera Santiago. “Surgió como una medida extraordinaria para hacer frente a una situación extraordinaria, pero como tal no resolverá los problemas de violencia contra la prensa. Puede inhibir algunas agresiones contra los integrantes del mecanismo, pero este no puede ser responsable de todos”, sentencia.
El reporte de la ONU indica que la principal medida de protección implementada en beneficio de periodistas es el llamado botón de pánico y en menor medida el uso de escoltas, patrullajes y manuales de auto protección. Esto dado que, complementa Artículo 19, parte de las agresiones denunciadas por periodistas son “toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, aparición de vehículos sospechosos fuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas de cierta manera”.
En el caso de mujeres periodistas, abunda, parte de las agresiones buscan afectar su credibilidad ya sea con amenazas y/o campañas de desprestigio de tipo sexual. Artículo 19 agrega otro dato poco estudiado, como es el uso de internet en estos casos, y refiere “el espacio digital se ha convertido en un complemento… el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública”.
La evaluación de las Naciones Unidas también identificó que una de las principales carencias del Mecanismo es “la central de monitoreo, operada por una empresa contratada para tal fin y sólo atiende situaciones reportadas a través del botón de asistencia, lo que genera preocupación: si bien la mayoría de las personas beneficiarias cuenta con esta medida, más de la mitad de ellas no la utiliza; el personal de la empresa contratada no tiene el mismo grado de preparación para reaccionar a emergencias, ni el mismo conocimiento de los casos, que las y los funcionarios del Mecanismo y tampoco disponen de la misma capacidad de incidencia con las autoridades que puedan ser relevantes para actuar de manera inmediata”.
Con estos datos la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye. “Mientras procuradurías y fiscalías no hagan un trabajo eficiente, no investiguen correctamente aplicando protocolos relacionados con la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos; y no hagan investigaciones serias y exhaustivas, y se sancione a los responsables, difícilmente los agresores tendrán límites pues saben que tienen muy pocas posibilidades de ser castigados”.
MJP