La bancada de Morena en el Senado propondrá una reforma constitucional para quitar bienes a los funcionarios que hayan incurrido en hechos de corrupción, en busca de combatir de la impunidad que es patente en México.
Los senadores morenistas plantean una modificación al artículo 22 de la Constitución, de modo que el Estado pueda proceder a la extinción de dominio cuando se cometan delitos por actos de corrupción.
Esta sanción también podrá ser aplicada, de avalarse la iniciativa, en casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.
El proyecto que llegará este martes a la Cámara alta prevé quitar bienes, de igual forma, a sus prestanombres o testaferros.
“La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito”, se detalla en la iniciativa.
Otra precisión de la propuesta tiene que ver con separar el procedimiento penal que sigue contra el acusado y el procedimiento de extinción de dominio.
“Será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se sigue la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto de extinción”, se agrega en el texto.
De tal manera, el Estado podría recuperar los bienes sin que esto se relacione con la condena impuesta al político corrupto en cuestión.
La extinción de dominio será aplicable a los bienes que hayan sido usados como instrumento, medio o apoyo para cometer un acto de corrupción.
lrc