El senador y extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), German Martínez, va en contra de la “Ley Bonilla” hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de la ley que amplía el gobierno Jaime Bonilla de dos a cinco años en Baja California.
Martínez mandó un escrito al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para que se declare como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos la “Ley Bonilla”.
“(La Ley Bonilla) no solo vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Es un atropello a la soberanía y a la dignidad cívica de los bajacalifornianos”
En el documento, del cual La Silla Rota tiene una copia, el legislador explica en 12 hojas las razones por las cuales debe tirarse dicha reforma.
German Martínez refiere que continuar con la “Ley Bonilla” significa un experimento político y un ensayo electoral que no puede tolerarse.
Entre los argumentos del senador se encuentra que, al momento de que el congreso bajacaliforniano avalara dicha reforma, desconoce la convocatoria a gobernador, misma que refiere que el lapso de gobierno es de dos años, por lo que estaría a su vez desconociendo la propia candidatura de Jaime Bonilla.
Sin mencionar que Bonilla, al registrarse como candidato, acepta los términos del gobierno de Baja California, en este sentido, que su administración dure solo dos años.
Validar la “Ley Bonilla”, explica el legislador, “constituiría un artero atropello al estado de derecho toda vez que ese juego de contrapesos que garantiza la división de poderes se estaría desconociendo”, en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que determinó el ciclo de dos años.
Para Martínez, los legisladores que aprobaron dicha ley de ampliación de mandato están atentando contra el mandato que el pueblo les confirió, pues la ciudadanía votó por un gobierno de dos años y no de cinco.
“La ampliación de mandato de dos a cinco años, no solo atenta contra el pacto democrático y la división de poderes, sino que constituye un obstáculo formal y material para la democracia mexicana ya que desnaturaliza la intención del voto de la ciudadanía e impide que esta tenga la oportunidad de ejercerlos”.
German Martínez también cuestiona la legitimidad de la consulta popular realizada el pasado 13 de octubre, donde se aborda la pertinencia de extender el mandato de Bonilla.
Al respecto, el morenista refiere que solo participaron el 1.9% de los ciudadanos en la encuesta, siendo el 84.25% el que votó por un mandato de cinco años, esto -refiere Martínez- significa que poco más de uno porciento de la población de Baja California apoya la ampliación del mandato.
“La consulta realizada en Baja California no solamente es ilegal y violatoria de los derechos humanos por versar sobre materias que no pueden ser objeto de consultas populares, sino que también lo es por cuestionarse como una auténtica contravención a las estipulaciones del Pacto Federal”.
German Martínez refiere que “La Ley Bonilla” también viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Carta Democrática Interamericana.
La carta del senador a la SCJN se da luego de que la “Ley Bonilla” fuera publicada en el Diario Oficial del Estado de Baja California.
Este documento se suma a las acciones de inconstitucionalidad que miembros de diferentes partidos de oposición presentaron ante la SCJN por dicha ampliación de mandato.
Ahora, en manos de la Corte y de su presidente Arturo Zaldívar, está la última palabra de seguir o parar la “Ley Bonilla”.
