El teléfono sonó en las instalaciones de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la agente ministerial Diana Elizabeth Guerrero Ruiz respondió la llamada.
Eran las 23:15 horas del 26 de octubre del 2014, exactamente un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, comenzaba a forjarse la “verdad histórica”.
La voz de un hombre de alrededor de los 45 años de edad aseguraba del otro lado de la bocina que los 43 jóvenes desaparecidos ya estaban muertos y sus restos los habían tirado en el basurero de Cocula, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de dicho municipio guerrerense y a 34 kilómetros de Iguala, donde iniciaron los hechos.
Sin dar más detalles, ni ofreciendo su identidad debido al temor a represalias, el informante colgó el teléfono de manera inmediata. Junto con Diana Elizabeth, dos elementos de la SEIDO fueron testigos de la llamada, Aurelia Urzúa Domínguez y Luis Manuel López Mendieta.
Otro agente de la SEIDO, Francisco Cuauhtémoc Mauriño Cubas, ya en las primeras horas del 27 de octubre y tras conocer la llamada anónima, ordenó que se acudiera al basurero de Cocula con personal ministerial, peritos, así como con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del EAAF llegaron a las 10:00 horas al basurero de Cocula, trabajando en la zona hasta las 17:40 horas, quedándose el lugar resguardado por alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del capitán Fernando López Valenzuela.
Durante octubre se hicieron varias detenciones de presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, las realizadas el 27 de octubre, unas horas después de la llamada anónima fueron fundamentales para armar la “verdad histórica”.
A las 4:00 horas de aquel 27 de octubre, Benito Vázquez y Salvador Reza fueron detenidos en cumplimiento de una orden de presentación. Durante su traslado a las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México, Reza Jacobo, entre lágrimas, aseguró que no tenía nada que ver en el caso Ayotzinapa, que él solo era un halcón de “Guerreros Unidos”.
Salvador Reza detalló, además, la versión de la llamada anónima: los estudiantes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, sin embargo, dio un nuevo aporte a la investigación: las cenizas habrían sido tiradas en bolsas al río Cocula.
El detenido refiere a varios miembros de “Guerreros Unidos” que sí participaron directamente en la desaparición de los estudiantes, entre ellos Agustín García Reyes, “El Cheje”, quien casualmente fue detenido 10 horas después de la captura de Reza Jacobo, a las 14:00 horas.
En el Acuerdo de Retención, “El Cheje” es acusado de participar en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, quemar sus restos en el basurero de Cocula y tirar las cenizas en el río San Juan, no en el río Cocula como lo había detallado Reza Jacobo, sin que dichas acusaciones en el expediente tengan sustento.
A las 3:00 horas del 28 de octubre, Agustín García Reyes presentó su declaración ante el ministerio público, donde confirmó la versión de la llamada anónima y de Salvador Reza, confesando su participación.
Al día siguiente, el 29 de octubre, García Reyes acudió junto con el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, al basurero de Cocula, así como al río San juan, donde especificó los lugares donde supuestamente sucedió el asesinado, quema y desaparición de los normalistas.
Ese mismo día, elementos de la Semar encontraron en el fondo del río una bolsa con restos humanos, los cuales –tras indagatorias en la Universidad de Innsbruck en Austria– eran de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, confirmando así el destino de los 42 normalistas restantes, según la PGR.
Sin embargo, tras esa llamada anónima y cuatro días, varias irregularidades sucedieron en el caso Ayotzinapa, misma que desmorona las bases de la “verdad histórica”.
Cuando la SEIDO recibió la llamada anónima, las autoridades le hicieron caso de forma particular al informante desconocido, esto pese a que anteriormente habían recibido denuncias anónimas sobre la desaparición de los normalistas, sin que estas tuvieran efecto en la investigación.
Además, la orden de presentación por la cual detuvieron a Benito Vázquez y Salvador Reza, piezas claves en los primeros pasos para darle forma a la “verdad histórica”, nunca fue integrada al expediente.
El 28 de octubre es pieza clave en las irregularidades del caso. Aquel día, uno antes de que se encontraran los restos de Alexander Mora, Tomás Zerón acudió con Agustín García Reyes al basurero de Cocula y al río San Juan. Hechos que tampoco estuvieron registrados en el expediente.
Esto se dio a conocer a través del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en abril del 2016, por lo cual, Tomás Zerón dio una conferencia de prensa para aclarar los señalamientos.
El titular de la AIC llegó con “El Cheje” a Cocula a las 15:00 horas, este último condujo a Zerón de Lucio por el basurero hasta el río. Estuvieron en ahí una hora, a las 16:00 horas abandonaron el lugar bajo el argumento de que los peritos convocados no llevaban consigo todo el equipo adecuado, debido a la urgencia del llamado, por lo que solo hicieron reconocimiento de la zona para comenzar los trabajos al día siguiente.
Sin embargo, los trabajos en el lugar habían comenzado desde las 10:30 horas y continuaron hasta las 17:50 horas, quedando posteriormente resguardados por elementos de la Marina.
Tomás Zerón defendió la trasparencia de sus actos asegurando que miembros de la prensa fueron invitados al lugar, así como representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Al respecto, la ONU aceptó haber estado en el lugar, pero rechazó haber llegado hasta el río San Juan, por lo que desconoció las diligencias que ahí se realizaron.
El jefe de la AIC también presumió que miembros de la EAAF estuvieron presentes, pero estos reviraron a Zerón de Lucio, señalando que fueron limitados en su participación, que los trataron de forma violenta e incluso cuestionaron su temprana presencia en la zona.
Sin mencionar que no hay constancia en el expediente sobre las cuatro bolsas de plástico encontradas por las autoridades en la zona y referidas por Tomás Zerón de ser parte de las ocho bolsas que los victimarios, dicen, utilizaron para deshacerse de las cenizas de los estudiantes.
El 29 de octubre, el día del hallazgo, el Equipo Argentino negó haber estado presente en el momento en que la bolsa con los restos humanos fue sacada del río San Juan por buzos de la Marina.
Esta serie de señalamientos provocaron que Zerón de Lucio fuera acusado de sembrar evidencia en el río San Juan.
Más allá de lo evidenciado en Cocula, el director de la AIC fue señalado de más irregularidades. Por ejemplo, que no estaba en sus facultades haber encabezado las indagatorias en el basurero y en el río San Juan, pues debió haber actuado bajo la conducción del Ministerio Público.
E incluso, tampoco poseía la competencia para llevar a Agustín García Reyes al lugar de los hechos, pues la AIC careció de documentos para hacerlo el día 28 de octubre, pero sí lo hizo para el 29 de octubre.
Sin detallar que los derechos de “El Cheje” fueron violados al no estar en compañía de su abogado defensor en el recorrido en Cocula, también el día 28 de octubre, siendo más de importancia porque se encontraba confesando un crimen.
Es decir, la AIC se comportó de acuerdo a la ley durante su visita al basurero y al río el 29 de octubre, pero el 28 –día que en un principio se aseguró no se estuvo en Cocula con García Reyes– carecieron de toda legalidad.
Zerón de Lucio dejó además su selló en Agustín García Reyes: la tortura.
Cuando García Reyes fue detenido, el médico que lo revisó le registró únicamente una equimosis en hipocondrio izquierdo. Sin embargo, la madrugada del 28 de octubre, al día siguiente de su captura y a unas horas de su primera visita al basurero de Cocula y el río San Juan, “El Cheje” tenía 30 lesiones.
Posteriormente, en su declaración de las 3:00 horas del mismo 28 de octubre, Agustín García Reyes aseguró que fue torturado, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo golpearon y le dieron toques.
El informe médico del 29 de octubre es exactamente igual al de su declaración, a tal grado que está redactado con las mismas palabras y hasta puntuación. Para el 31 de octubre, “El Cheje” presenta siete nuevas lesiones, entre ellas eritemas en ambas muñecas.
Durante noviembre y diciembre, en sus evaluaciones médicas, García Reyes va presentando nuevas lesiones. Las autoridades argumentan que estas se presentaron por actos de sometimiento, inmovilización y traslado de personas con forcejeo y resistencia, pero no de tortura.
Lo relatado en estos párrafos forma parte del segundo informe del GIEI, así como en los expedientes del caso Ayotzinapa de la extinta PGR.