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Tumban inhabilitación y multa a Laboratorios Pisa y Dimesa

Las farmacéuticas estaban impedidas a hacer contratos con instituciones del sector pública por dos años y medio

Escrito en NACIÓN el

El Tribunal Federal de Justicia de Administrativa suspendió la inhabilitación que había impuesto la Secretaría de la Función Pública a Laboratorios Pisa y a su filial Dimesa, los cuales le impedían hacer contratos con instituciones del sector pública por dos años y medio, además, frena el pago de las multas que se le habían impuesto por 2 millones 340 mil 190 pesos.

El pasado 13 de noviembre, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana concedió la suspensión de la inhabilitación en el juicio contencioso que promovió Pisa, con el número de expediente 20912/20-17-13-6.

De esta manera queda sin efecto la inhabilitación por 30 meses que había interpuesto la Función Pública a esta empresa, lo que le permitirá participar nuevamente en licitaciones del Sector Salud e incluso en la compra consolidada para 2021 que realiza el gobierno a través de la UNOPS.

La decisión del TFJA en favor de Laboratorios Pisa entra en vigor en cuanto se publique este hecho en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, todavía puede impugnar la suspensión del Tribunal, ya que las circulares en las que se notifica a las instituciones del sector público todavía no se publican en el DOF. 

La sentencia de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana también deja sin efecto la multa por 2 millones 340 mil 190 pesos que la dependencia federal le había interpuesto.

El pasado 21 de octubre, la Secretaría de la Función Pública sancionó a las empresas Laboratorios Pisa y a su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) por haber falseado información al Instituto Mexicano del Seguro Social para la contratación del servicio de anestesia.

En esa ocasión, Laboratorios Pisa y Dimesa recibieron una sanción de 1 millón 170 mil 95 pesos cada una y a partir de esa fecha no podían obtener nuevos contratos de instituciones del Sector Salud durante dos años y medio, de acuerdo con la sanción interpuesta.

Esta sanción fue resultado de la investigación que hizo la Función Pública por un proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

La denuncia de este hecho la hizo otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el Seguro Social.

De acuerdo con la dependencia, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo que representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

(MJP)