El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí tiene competencia para solicitar a la Fiscalía General de la República copias del expediente sobre las donaciones que David León hizo a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La defensa de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó a La Silla Rota en octubre que la investigación que existe en su contra es ilegal y está viciada de origen, porque el video que se aportó como supuesta prueba de delitos electorales se obtuvo de manera ilícita, a través de la intervención de comunicaciones sin autorización judicial.
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— La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2021
El abogado Pablo Hernández-Romo Valencia habló por primera vez sobre este tema. Señaló que la presunta prueba que se presentó es nula en materia penal y administrativa, así como en cualquier rama del derecho, además de que es violatoria del debido proceso.
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En exclusiva, sostuvo que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que el INE continúe la indagatoria respecto a Pío López Obrador, va en contra de sus derechos fundamentales y de la Constitución, porque la obtención del video es producto de un delito.
El 6 de agosto pasado, los integrantes del TEPJF decidieron por mayoría de votos que el hermano del presidente de México siga bajo investigación, luego de que en agosto de 2020 se difundió un video grabado el 16 de junio de 2015, donde se observa a Pío recibir dinero en efectivo de manos de David León Romero, exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Ante esto, el presidente López Obrador indicó que se trataba de aportaciones ciudadanas a su movimiento realizadas en 2015 y posteriormente ha insistido en que los hechos sean investigados con total apego a la ley por las instancias correspondientes.
INE DEBE CONTINUAR
El 6 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó por 6 votos a favor la propuesta del magistrado José Luis Vargas para revocar los procedimientos sancionadores del INE contra Pío López Obrador; y confirmó que la Unidad de Fiscalización del Instituto debe continuar la investigación contra él por recibir dinero en 2015, según videos difundidos por el periodista Carlos Loret.
Según este video difundido en 2020 se aprecia a Pío, hermano del titular del Ejecutivo, recibir dinero en efectivo del exfuncionario federal David León, para las campañas electorales de 2015 en Chiapas. En su proyecto el magistrado Vargas calificó estos hechos como "presuntos".
Por esta razón planteó que el plazo para investigar esta queja prescribió en 2018, acorde a la normatividad de 2015. Y que, si las quejas fueron presentadas en 2020, ya no tenían razón de ser en cuanto a temporalidad.
En sus participaciones el resto de los magistrados rechazaron la propuesta.
El magistrado Felipe Fuentes afirmó que por certeza jurídica se debe superar el criterio de prescripción. Mientras que la magistrada Janine Otálora planteó que es necesario favorecer la facultad investigadora del INE y declarar infundados los agravios que planteó Pío López Obrador.
"La investigación del INE tiene sustento en un conjunto de pruebas más amplio de aquellas que López Obrador considera de carácter ilícito", señaló la magistrada decana.
El magistrado Felipe de la Mata también consideró que los argumentos de prescripción pueden ser cuestionados desde la perspectiva de corroborar, mediante la investigación, si el dinero que recibió el hermano del presidente fue en 2015 o incluso en años posteriores.
"Por eso no puede alegarse que la prescripción concluyó en 2018... Lo procedente es privilegiar la procedencia de la investigación a fin de que el INE determine lo conducente", dijo.
En mayo, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónresolvió desechar una de las dos impugnaciones que presentó Pío López Obrador contra los acuerdos del INE del 2 y 3 de septiembre de 2020, y el 21 de octubre en materia de fiscalización.