Después de que se diera a conocer que un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación es investigado por corrupción y lavado de dinero, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para combatir la corrupción, así como evitar el dispendio de los recursos públicos e identificar los mecanismos y controles que contribuyan a abatir la corrupción que pudiera presentarse entre el sector público y privado, que merme los recursos públicos.
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Ayer martes se dio a conocer que Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Segob, es investigado por corrupción y lavado de dinero, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que dirige Santiago Nieto.
El exfuncionario es el primero de la Cuarta Transformación que es investigado por corrupción y lavado de dinero, y fue designado en el cargo de titular de las Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación por Raquel Buenrostro Sánchez, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como dio a conocer LA SILLA ROTA el pasado 6 de agosto, entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero de este año, Buenrostro Sánchez designó a 21 titulares de Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias del gobierno federal y a 59 encargados de áreas de administración de órganos desconcentrados. Asimismo, intervino en la designación de 230 trabajadores de esas áreas, ya que los propuso para algún puesto específico.
En los oficios firmados por la oficial mayor, de los cuales este medio tiene una copia, se observa que Flores Athié fue designado como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segob el 1 de diciembre de 2018, es decir, el primer día de la actual administración.
“El día de hoy se firmó el Convenio de Colaboración entre la Oficialía Mayor de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública. En la firma estuvieron, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Mtra. Raquel Buenrostro, y por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Dra. Irma Eréndira Sandoval, indicó el comunicado de prensa.
El convenio busca intercambiar información de manera automatizada que permita identificar rápidamente cualquier potencial riesgo que afecte las metas del gobierno, en los ámbitos como servidores públicos y su declaración patrimonial, a fin de identificar posibles conflictos de interés; ingresos y propiedades que correspondan a su nivel salarial; verificar automáticamente datos del servidor público que se registra como responsable de una solicitud de compra o de una compra en la Oficialía Mayor, con la información de nivel de responsabilidad, institución a la que se encuentra adscrito, nivel salarial, entre otros, del registro de servidores públicos en la Secretaría de la Función Pública.
Respecto a empresas, evitar riesgos administrativos y financieros en la suscripción de contratos y haya incumplimientos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios en cualquier institución pública, ya sea porque hayan entregado algo distinto a lo establecido en el contrato o no hayan entregado nada; se proporcione información falsa o de mala fe.
MJP