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Tráfico de influencias, el nuevo delito imputado a Juan Collado

Junto al abogado, los ilícitos también fueron imputados a un exalto mando de la Fiscalía General de la República

Escrito en NACIÓN el

Tráfico de influencias, además de delitos contra la administración de la justicia son los nuevos ilícitos que se le imputaron a Juan Collado, así como a Alberto Manuel Alcántara, quien hasta 2019 fungía como coordinador general de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El abogado se encuentra detenido desde julio del año pasado y es centro de una investigación por lavado de dinero y gestiones indebidas sobre el descongelamiento de 76.5 millones de euros de una cuenta de Collado en Andorra, publica Grupo Reforma

El pasado 26 de agosto la defensa de Juan Collado Mocelo logró postergar la audiencia en la que la FGR imputaría al abogado por un nuevo delito, entonces trascendió que se trataba de defraudación fiscal equiparada por un monto de 36 millones de pesos.

En adición a los ahora imputados, el litigante enfrenta cargos por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR pidió al juez de control el pasado 5 de febrero que se declare penalmente responsable a Collado porque puso "en peligro el sano desarrollo de la economía nacional".

El abogado "se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la (pena) mínima", ya que era un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder.

GOBIERNO DE EPN LE LIBERA MILLONES

En enero de este año La Silla Rpta publicó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exoneraron al abogado Juan Collado de lavado de dinero, esto a pesar de ser perseguido por el Principado de Andorra que lo investigaba por lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido entre 2006 y 2015.

Puedes leer: ¿Quién es Juan Collado, el abogado que se codea con los poderosos?

En marzo de 2017, la extinta PGR a cargo de Raúl Cervantes cerró una carpeta de investigación y decretó el no ejercicio de la acción penal al estimar que no había delito contra Collado.  

Nueves meses después, Mauricio Moreno Balbuena, entonces director de Procesos Legales de la UIF, también informó que no tenía elementos para acusar a Collado Mocelo por delitos financieros.

Con esos antecedentes, a finales del 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó liberar 83.1 millones de dólares congelados en Andorra, era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.


(djh)