Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) reventaron la sesión en la que se discutían en lo particular reformas de la Ley de Administración Pública, que abarcan la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la regulación de los llamados superdelegados que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propone en las entidades y municipios y la Ciudad de México y sus alcaldías para el manejo de programas sociales.
En lo general, aprobaron el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), a fin de crear una nueva arquitectura de gobierno con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones.
305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones. Aprueban, en lo general, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal #LOAPF, a fin de crear una nueva arquitectura de gobierno. https://t.co/ujR9F0rnl1
Los panistas, que en la discusión fueron los más críticos con el dictamen presentado por la comisión de Gobernación y Población, llamaron dictador a López Obrador, y sacaron una manta donde lo comparaban con el ex presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez.
Los legisladores de Morena protestaron, como lo hicieron cada que subía un panista a tribuna, y ante el desorden el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ordenó cerrar la sesión.
Pero el propio Muñoz Ledo regresó a su lugar a las 18:38 horas e informó que en reunión con los coordinadores de las bancadas parlamentarias, se acordó retomar la sesión y citó a los diputados para retomarla a partir de las 19 horas.
DICTAMEN CUESTIONADO
El dictamen ya había sido prácticamente aprobado en lo general, por la mayoría de Morena y faltaba la discusión de lo particular y las 159 reservas presentadas.
Desde el inicio los panistas habían cuestionado el dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación y Población, presidida por la morenista Rocío Barrera, quien dijo que la reforma "se trata de un diseño que funda una nueva realidad jurídico-política al establecer una organización administrativa más eficiente, orientada al cumplimiento de los objetivos que el gobierno entrante ha definido como prioritarios, destacando los temas sociales, de control de gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático".
Los panistas, pero no solo ellos, cuestionaron las facultades que se le quieren dar a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y dijeron que la figura de superdelegados, que en el dictamen aparece como “delegaciones de programas para el desarrollo” vulneraba el federalismo, y abría la puerta para que quienes ocuparan dichos cargos se convirtieran en vicegobernadores y apuntalaran sus aspiraciones electorales.
La intervención de Adriana Dávila fue de las que más encendió los ánimos de los legisladores morenistas. Calificó la propuesta de López Obrador de autoritaria y dijo que la aprobación, que veía inminente con la mayoría de Morena, era un regalo para López Obrador, que hoy cumple años.
“Hoy es el cumpleaños, su bancada sumisa quiere darle este regalo, una nueva ley de la administración pública federal. Nada de malo tendría si no fuera tan grave”, dijo la legisladora en tribuna.
En materia de seguridad cuestionó el dictamen y criticó que no distinguiera entre inteligencia civil de la policial.
También hubo quejas por soslayar la opinión de algunas comisiones. El panista Ricardo Villarreal García aseguró que la comisión que él preside, la de federalismo, fue ignorada.
“Los superdelegados todopoderosos son instancias que parecerían intermedias entre el gobierno estatal y federal y vulneran el federalismo. No fueron electos por nadie”.
Pero el dictamen fue defendido por otros legisladores, como Reginaldo Sánchez, del partido del Trabajo, quien dijo que la Secretaría de Seguridad tiene el propósito de abatir a la delincuencia, y que las reformas buscan que haya más trabajo y menos balas para combatir a la delincuencia.
Respecto a los superdelegados, aseguró que coordinarán programas de desarrollo y no sustituirán a autoridades de entidades, y que no manejarán recursos presupuestales de manera directa.
AJ